La Airef reclama evaluar el programa de avales a empresas por la covid de 140.000 millones de euros
La institución reclama un plan de ajuste a medio plazo al Gobierno con independencia de la reforma de las reglas fiscales comunitarias
La Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) encara su segundo plan de revisión de gasto con la vista fijada en el programa de avales que puso en marcha el Gobiero para proteger a las empresas del parón de actividad que supuso la pandemia. La entidad presidida por Cristina Herrero reclama poder evaluar durante la primera fase de ese plan, que comprenderá el periodo de entre 2022 y 2026, la eficacia de una partida que suma 140.000 millones de euros. Para ello, no obstante, necesita que el Gobierno aclare el alcance del examen. En caso de realizar esa evaluación, se trataría de la política pública con mayor cantidad de fondos públicos analizada hasta ahora. La institución ha insistido también en que el Gobierno debe trazar un plan de ajuste a medio plazo y trabajar de inmediato en la reforma del marco fiscal con independencia de la senda de déficit y deuda que pueda fijar Bruselas a partir de 2023.
El Gobierno se comprometió ante la Comisión Europea a reforzar la Airef para mejorar la calidad del gasto público. Y a pesar de que Herrero considera que hay “margen de mejora” para cumplir con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de ese “impulso europeo” nace la división de Evaluación que ha presentado este miércoles. La nueva unidad irrumpe a tiempo para culminar el plan de revisión de gasto (el llamado Spending Review) para el periodo de entre 2018 y 2021 y empezar el nuevo programa de 2022. Cuando se termine con el primer paquete, que arrastra cierto retraso, se habrán examinado políticas que afectan a un volumen de recursos públicos que suman 104.000 millones de euros, y que van desde los procedimientos de concesión de subvenciones hasta los beneficios fiscales o el gasto farmacéutico.
El meollo está ahora en las políticas a evaluar en el segundo programa, puesto que pueden suponer un salto inmediato considerable. De entrada, se pasaría a analizar un paquete de 140.000 millones de euros, una cifra superior a todo lo examindo hasta ahora. La Airef entiende que dentro de sus atribuciones debe estar la evaluación del funcionamiento de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a empresas aprobado por el Gobierno para apoyar a los sectores productivos afectados por la pandemia. Herrero ha explicado que así lo recoge el plan de recuperación enviado a Bruselas y la nota de prensa de los acuerdos del Consejo de Ministros, que da tres meses a la institución para realizar el plan de acción. Herrero ha recordado que se trata, además, de una recomendación del Consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) y que es una práctica seguida por “otros países, tanto dentro de la UE, como Francia, Italia e Irlanda, como fuera, como Reino Unido y Suiza”.
Falta de diálogo con el Gobierno
Sin embargo, la presidenta de la Airef ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno para decidir de forma conjunta las políticas a evaluar en esa primera fase, lo cual explicaría que la entidad aún no tenga claro si podrá poner la lupa en el programa de avales. Herrero lo ha atribuido a la necesidad del Gobierno de centrarse en el cumplimiento de los hitos del plan entregado a Bruselas. “Quiero pensar que todo mejorará”, ha apuntado. La Airef necesita, además, cerrar un acuerdo con Hacienda para poder llevar a cabo la primera evaluación del ingreso mínimo vital, que en esta ocasión se centrará en el diseño, los resultados y la ejecución de la prestación, pero que de forma progresiva irá analizando todos sus ángulos. En este caso, las garantías que impone la legislación sobre protección de datos está retrasando los trabajos.
La presidenta de la Airef también ha abogado por una reforma de las reglas fiscales comunitarias que permita acompasar la consolidación fiscal que debe afrontar España (y otros socios) y el crecimiento económico. Herrero ha tachado de “impensable” la posibilidad de reducir la deuda pública desde el 118,7% del PIB de 2021 hasta el 60% que fijan los trarados al ritmo marcado por el vadécum que recoge las normas fiscales europeas. Sin embargo, más allá de si deben cambiarse los actuales umbrales que recogen los tratados (el 60% de la deuda y el 3% de déficit), Herrero ha abogado por poner la atención en el “ritmo de ajuste”, adaptándolo a las circunstancias de cada país, en línea con lo que está defendiendo en Bruselas la vicepresidneta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
Aun así, la presidenta de la Airef ha calificado de “simplista” la actitud de “fiarlo todo” a lo que vaya a decidir Bruselas sobre la reactivación o no de las reglas fiscales (ahora suspendidas de facto) o sobre su reforma. Al respecto, Herrero ha insistido en “fijar una senda de consolidación fiscal” a medio plazo. Además, ha instado al Gobierno a trabajar en la “reforma del marco fiscal nacional”, sin esperar tampoco a las indicaciones que pueda dar Bruselas para los próximos años.
Además de la evaluación del gasto nacional, la Airef ha presentado también los proyectos de revisión encargados por varias comunidades. En total, nueve, aunque la entidad está en conversaciones con otros gobiernos autónomos para desarrollar programas de análisis. La institución ha examinado políticas educativas (Castilla y León, Aragón), sanitarias (Extremadura, Comunidad Valenciana) o infraestructuras (Cataluña). La institución, con 65 trabajadores, ha pedido poder ampliar el equipo en áreas como las de análisis macroeconómico y presupuestario.
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