El Gobierno calcula que el fondo de los nuevos ERTE acumulará hasta 23.000 millones en seis años

Los convenios, la negociación colectiva y su estructura, la subcontratación o la reducción de los contratos temporales fueron los grandes escollos del pacto sobre la reforma laboral. Pero si en algo tiene depositadas el Gobierno sus esperanzas para cambiar la perversa dinámica por la que cuando llega una crisis económica a España el empleo suele caer mucho más que el PIB es en los nuevos ERTE, llamados ahora Mecanismo RED. “Contribuirá a mejorar la relación entre variaciones de PIB y empleo”, explica en uno de los informes sobre la reforma que había reclamado la Comisión Europea para conocer su impacto presupuestario. En ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ministerio de Economía detalla cómo se financiará y calcula que en el fondo que los acompaña se acumularán entre 15.000 y 23.000 millones durante seis años. También apuntan cuánto puede ser la prestación media que perciban los afectados por estos ajustes temporales de empleo: 1.281 euros netos.

Para rellenar este fondo, la previsión del Gobierno es utilizar “en la fase expansiva del ciclo” dinero “correspondiente a un porcentaje del superávit entre su principal ingreso —la cuota de desempleo— y su principal gasto —las prestaciones y los subsidios por desempleo—, siempre sujeto a disponibilidades financieras”. Ese porcentaje es, concretamente, del 50%. No obstante, al plantear acceso a formación para los afectados se abre la puerta a dinero procedente de recursos europeos que no están recogidos en esta simulación econométrica. Además, añade el documento, en los primeros años “podrá dotarse también con préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [el fondo de recuperación de la UE]”, algo que ya se anticipaba en el plan de recuperación remitido a Bruselas el año pasado. El uso de préstamos comunitarios sería algo coyuntural y tampoco está incluido en los cálculos de Economía.

El razonamiento de Economía para confiar en que RED suponga un antes y un después en el mercado laboral se basa en que su existencia permitiría reducir la caída del empleo cuando llegan las crisis cíclicas de la economía, pero también contribuiría a reducir el paro estructural. ¿Cómo? Primero, las empresas despedirán menos al tener un mecanismo de ajuste provisional más sencillo y barato que el existente hasta 2020. Segundo, la relación laboral se mantiene y, por tanto, se reduce tanto el coste de salida del puesto de trabajo como la entrada en él. Esta circunstancia limita lo que los economistas llaman histéresis (prolongación de las heridas laborales de una recesión mucho más allá de su final) tan propios de España en los últimos 45 años.

Si hay alguna diferencia entre la crisis del coronavirus y las inmediatamente anteriores que ha sufrido España (la del petróleo y reconversión industrial en los ochenta, la posterior a los Juegos Olímpicos o la Gran Recesión y sus consecuencias financieras), está en la velocidad a la que se ha recuperado el empleo. Ya hay más afiliados a la Seguridad Social que antes de marzo de 2020 y el Gobierno y la mayoría de los economistas tienen muy claro cuál es la explicación: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que en lo peor de la pandemia llegaron a amparar a cerca de 3,5 millones de trabajadores. “En caso de considerar a los trabajadores en ERTE como desempleados, la tasa de paro máxima habría sido del 26,6% en el segundo trimestre de 2020. Y si, por el contrario, no se hubieran activado los ERTE, se estima que el paro habría alcanzado el 32,8% ese mismo trimestre”, expone el informe de cerca de una veintena de páginas remitido a Bruselas.

Esos números son la base que lleva al Gobierno a explicar a la Comisión que “las políticas de apoyo a las rentas salariales han permitido contener la caída de ingresos públicos, frente a lo ocurrido en crisis anteriores como la Gran Recesión”. Los economistas que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, llegan incluso a cifrar en un aumento menor del gasto provocado en esta última recesión de 11.115 millones (algo más que una nómina mensual de pensiones).

Partiendo de este éxito evidente, el Gobierno aprovechó la reforma laboral para tratar de invertir esa dinámica de ajuste perversa cuando llegan las malas épocas: cambiar los despidos y finalizaciones de contratos temporales por ajustes provisionales en horas o días. De ahí nace el Mecanismo RED, que son una reforma de los ERTE (existentes en España desde 1980), cuyos reglamentos va a empezar a negociar el Ejecutivo con los agentes sociales en estos días, y que, además, justifica ante Bruselas con una catarata de cifras y escenarios macroeconómicos. Los funcionarios de la Comisión no tienen por qué dar los números por buenos, como explicaba un alto cargo del Ejecutivo de Úrsula von der Leyen hablando de pensiones: “Los Estados miembros suelen ser optimistas con su números”. Si bien, en este ejercicio Economía solo toma una fuente de financiación y con la mitad de su potencial.

Lo primero que hace Economía para saber lo que pueden costar estos nuevos ERTE es partir de lo sucedido en el pasado: tasa de cobertura a parados entre 2018 y 2019, prestación media entre 2015 y 2019 y duración media de los ciclos económicos, siete años. A estos últimos les asignan seis años de crecimiento y uno de crisis. De ahí que piensen que durante ese sexenio expansivo sobrará dinero del seguro de desempleo; la mitad de este excedente se llevaría a un fondo en el que se llegarán acumular hasta 23.000 millones en el mejor de los escenarios y 15.000 millones en el peor. En la crisis posterior se echaría mano de él y se reduciría mucho el remanente, hasta una cantidad entre los 2.800 millones y los 10.000. El siguiente ejercicio se estabilizaría el gasto, aunque tampoco habría ingresos.

Esta reducción se produciría como consecuencia de la caída estructural propia de la economía española y para atender a este tipo de crisis hay una modalidad contemplada en este Mecanismo RED. También la hay para las crisis sectoriales, como las que están viviendo las agencias de viaje, sector que puede ser el que inaugure esta herramienta. En este caso, el gasto anual previsto para afrontar las reconversiones es de algo más de 300 millones, cantidad en la que están previstas las prestaciones (esa media de 1.281 euros), las cotizaciones correspondientes al SEPE y la formación prevista.

De cumplirse estos cálculos, se puede concluir que ante la llegada de una crisis como la del coronavirus en uno de los años en que el fondo estuviera repleto, España tendría suficientes recursos para afrontarla sin aprietos fiscales.