El Gobierno reforzará el SEPE con 926 trabajadores públicos adicionales

El Consejo de Ministros aprueba este martes la convocatoria de una oferta de empleo extraordinaria para el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) de 926 plazas para paliar la falta de efectivos que sigue complicando el buen funcionamiento del organismo encargado de la tramitación del cobro de las prestaciones por desempleo. La convocatoria, inédita para esta entidad, viene avalada por el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos CC OO, UGT y CIG, aunque la oferta de empleo ha sido rechazada por CSIF, por considerarla insuficiente “dado que los nuevos efectivos suponen destinar apenas una persona por cada oficina de atención al público”, según ha criticado la organización en un comunicado.

Fuentes del Ministerio de Hacienda ―que desde el mes de julio asume también las competencias de Función Pública―, señalan que con las 926 nuevas plazas se aumentará en un 10% la plantilla actual del SEPE, compuesta por 8.854 trabajadores entre funcionarios, personal laboral y otros, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Del total de plazas, 192 irán destinadas al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, y las 734 restantes, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la convocatoria, esta no sustituirá las plazas en liza por medio de la Oferta de Empleo Ordinaria, sino que se sumará a ellas, pero por otra vía. Llevar a cabo esta oferta supondrá una inversión para el Gobierno de 21,1 millones de euros.

En el balance realizado por Hacienda a lo largo de 2021, se han incorporado 373 empleados al SEPE procedentes de la Oferta de Empleo Público, además de 250 interinos. Por lo tanto, en el conjunto del año, sumando el aumento extraordinario que se anunciará este martes el refuerzo alcanzará los 1.549 efectivos. Estas cifras, sin embargo, se quedan muy lejos de las que CSIF estima necesarias para el buen funcionamiento de un organismo que se encarga del seguimiento, evaluación y control de los diferentes servicios, programas y prestaciones por desempleo.

“CSIF solicitó una oferta extraordinaria que permitiera recuperar 3.500 plazas, que suponen el déficit estructural en el organismo, en un plazo de dos años”, recuerdan desde el sindicato. “Hay que tener en cuenta que desde diciembre de 2009 la plantilla se ha reducido en 3.674 personas, según datos del propio organismo. Además, se ha prescindido de los 1.500 interinos contratados como refuerzo como consecuencia del covid. A estas cifras también debemos añadir el número de jubilaciones y otras bajas vegetativas que en 2020 se elevaron a 430 y que en el presente ejercicio se situarán en una cifra muy similar”, añade.

Reformas estructurales

El trabajo del SEPE ha resultado fundamental en la gestión de los ERTE a lo largo de la pandemia, y durante sus momentos más complicados llegó a acumular una carga de trabajo que bloqueó su actividad y provocó retrasos en el cobro de las prestaciones. Además, en el mes de marzo fue víctima de un ciberataque que afectó tanto a la página web del organismo como a su sede electrónica y condicionó el funcionamiento de los ordenadores del Ministerio de Trabajo.

Para tratar de que su funcionamiento no se resienta, desde el Ministerio de Trabajo, del que depende el SEPE, señalan que “el incremento de plantilla permitirá dar respuestas estructurales para que el SEPE pueda ejercer sus funciones como pilar básico del estado del bienestar”. Desde Hacienda enmarcan este último llamamiento como una medida para dotar al organismo de “recursos humanos suficientes y adecuados para hacer frente a los retos planteados en el marco de las reformas estructurales de nuestro país”.

A comienzos del mes de diciembre el Gobierno acordó la transformación del SEPE en la Agencia Española del Empleo que tendrá por objeto ofrecer un catálogo de servicios centrados en perfiles individualizados y una tutorización individual de los ciudadanos que recurran a estos servicios. Esta reforma se enmarca dentro del anteproyecto de la Ley de Empleo y que trae consigo también la creación de la Oficina de Análisis del Empleo con la que se pretende ofrecer asesoramiento sobre las políticas de empleo tanto a los desempleados como “a la sociedad en su conjunto”, según indicaron desde el Ministerio de Trabajo.