Iberia negocia con Globalia romper el acuerdo para adquirir Air Europa
El grupo IAG reconoce ante el supervisor bursátil que “se encuentran en una fase avanzada” para rescindir el contrato. Las partes buscan fórmulas distintas para mantener el proceso de fusión
El matrimonio entre Iberia y Air Europa para crear una de las mayores aerolíneas europeas y con más alcance en América Latina está a punto de romperse. IAG, matriz de Iberia, ha registrado este miércoles un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil, en el que confirma que está en una “fase avanzada las negociaciones” con Globalia “para rescindir el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual la filial de IAG, Iberia, había acordado adquirir la totalidad de las acciones de Air Europa”.
Además, el tiempo se ha echado encima. Bruselas había hecho llegar que la decisión sobre la adquisición estaba próxima. Las constantes vitales que llegaban de la capital comunitaria, además, no eran precisamente favorables por no cumplirse las contraprestaciones que exige, entre ellas la cesión de rutas colusorias. Ello motivó se precipitaran las negociaciones entre Iberia y Globalia y que, de esa manera, pudieran adelantarse a la decisión de Bruselas y anunciar su disposición a negociar un plan alternativo distinto.
Tras realizar la ruptura, las partes intensificaron durante todo el día las negociaciones con el objetivo de, una vez cerrada la rescisión del acuerdo, encontrar una fórmula para seguir adelante con el proceso. Así lo reconoció este miércoles el consejero delegado de IAG, el español Luis Gallego, en un foro organizado por la consultora Capa. Gallego señaló, además, que la operación solo continuaría si “sale la ecuación” entre las exigencias de Bruselas de deshacerse de rutas para garantizar la libre competencia, “las condiciones del Gobierno” en torno a la devolución del préstamo de 475 millones con el que ha rescatado a la compañía y las negociaciones que mantenían IAG y Globalia.
Como esa ecuación no parece que vaya a resolverse en los términos que quería el primer ejecutivo de IAG. “Si los números de la operación no salen nos tendremos que ir; pero no estamos cerrados a ninguna alternativa”, dijo entonces. El primer paso para buscar esa alternativa ha sido elevar de 40 a 75 millones de euros la indemnización que figura en el contrato firmado por ambas partes ahora hace justo dos años en caso de romperse la operación.
Superado ese escollo, tienen que ajustarse otros pormenores del resto de actores implicados. Además de IAG y Globalia, figuran el Estado, a través del Fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que concedió un crédito de 475 millones, y el ICO, que otorgó 140 millones y por el que se involucran también algunas entidades financieras (Santander, Sabadell, CaixaBank, CajaMar y Bankinter, entre otros). Si alcanzan un acuerdo para cerrar el plan inicial, podrán avanzar a la solución alternativa que permita buscar un equilibrio y encontrar la vía para seguir el proceso, que sería distinto al que ahora existe.
Entre otras opciones, se tiene que determinar la estructura de la operación y el reparto accionarial, ya que existe la posibilidad de capitalizar la deuda que Globalia y, en concreto, si el Estado entra en el capital. Todas estas circunstancias deben volver a pasar por el análisis de Bruselas, cuyas autoridades tendrán que decidir si permite un nuevo periodo para que Iberia y Air Europa presenten un plan B, en el que el Gobierno tiene que mostrar su apoyo, entre o no en el accionariado.
Precisamente, el Ministerio de Transportes ha asegurado que va a analizar las distintas opciones que se abren. Según Europa Press, fuentes del departamento sostienen que “Air Europa es una compañía estratégica para España por su importancia para el sector de la aviación y del turístico”. En ese sentido, quieren enviar “un mensaje de tranquilidad” a los empleados, los clientes y proveedores de Air Europa especialmente en estos momentos de incertidumbre. “En este entorno tan difícil para el sector del transporte aéreo, el Gobierno va a seguir trabajando para reforzar la solvencia empresarial, protegiendo la adecuada competencia en beneficio de los viajeros y velando en todo momento por el buen uso de los recursos públicos”, aseguran.
Air Europa ha sido víctima de la crisis desatada por la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas por los Gobiernos para tratar de contener la transmisión del virus, que ha sido como cicuta para el sector turístico. Las compañías aéreas han sufrido enormes pérdidas durante los meses de la Gran Reclusión y su situación financiera se ha deteriorado. Por eso, hace meses que crecían las dudas en torno a la operación de compra de Air Europa por parte de Iberia. Luis Gallego, el presidente del grupo de aerolíneas al que pertenecen British Airways, Iberia, Vueling o Aer Lingus, admitió hace unas semanas que se sentía “más pesimista” sobre el buen fin de la operación, aún pendiente del análisis de la Comisión Europea, que debe pronunciarse antes del 4 de enero, y de las conversaciones que mantienen con el Gobierno español y con Globalia, dueña de la aerolínea.
Como consecuencia del golpe financiero de la covid, Air Europa, propiedad de la familia Hidalgo, se vio obligada a pedir un rescate al Gobierno por 475 millones. La ayuda pública apenas sirvió para cubrir los números rojos del primer año de confinamiento y contribuyó a elevar las dudas sobre la operación.
El romance entre ambos grupos empresariales ha pasado por varios altibajos desde que se firmó en noviembre de 2019. Entonces se alcanzó un acuerdo de compraventa por 1.000 millones. A los pocos meses, la pandemia dejó los aviones en los hangares y las compañías se vieron obligadas a renegociar. Como consecuencia, el precio se redujo a 500 millones con la asunción por parte de Iberia de 600 de deuda de Air Europa. Adicionalmente, la aerolínea de la familia Hidalgo entró en una crisis galopante que la llevó a pedir un rescate al grupo estatal SEPI por 475 millones y un crédito ICO de 140. Se acumularon las deudas, que ahora se acercan a los 900 millones.
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