La Policía Nacional detiene a 11 personas por explotar a jornaleros en Valladolid

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba a ciudadanos marroquíes como jornaleros en Valladolid, según ha explicado el cuerpo este martes. En total han sido 11 detenciones dentro de la denominada Operación Alhucema, que comenzó en 2019 y que ya realizó otros cinco arrestos en noviembre del año pasado.

Los 11 detenidos pertenecían, según la Policía, a una trama que ofrecía packs de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales, tras un pago que oscilaba entre los 250 y los 8.000 euros, según explica la Policía Nacional en un comunicado. Entre los arrestados hay también beneficiarios de la trama que recibieron prestaciones que no les correspondían.

La organización facilitaba que el trabajador extranjero comenzara a desarrollar su labor de forma irregular con documentos falsos y la organización empezaba a “extorsionarle”, de modo que le obligaban a dar a los responsables de la misma “gran parte del dinero” que ganaban trabajando.

Emilio Álvarez Villazán, subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Gibert Ortega, jefe provincial de Policía, y José Nieto Barroso, jefe de la Brigada provincial de Extranjería, han explicado en rueda de prensa este martes los detalles de la operación. El trabajo continuó tras las primeras detenciones con sigilo aunque de forma constante, según han asegurado. “Utilizaban medios, como la falsificación documental, para atraer a gente, favorecer la inmigración y mantener a estas personas en España una vez finalizado su periodo legal”, ha explicado Nieto. A lo que añadió: “Estaban perfectamente estructurados, por ello se le imputa como organización criminal”.

El grupo operaba mediante dos sociedades mercantiles de las que eran socios. A través de estas cumplían, por un lado, con sus obligaciones, respetando la legalidad, aunque no lo hacían en todos los casos. A los detenidos se les atribuyen los delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en 2019. En una primera fase se detuvieron a cinco personas y continuaron las pesquisas, ya que los agentes constataron que el grupo criminal operaba a través de esas sociedades de las que eran socios los principales investigados. Una labor que ahora ha terminado con nuevos arrestos y no se descarta que pueda haber más en el futuro dentro de esta operación.

La trama hacía contratos a una parte de los empleados y les daban de alta en la Seguridad Social, por lo que aparentaba respetar la legalidad vigente. Sin embargo, otros no corrían con la misma suerte: “Les empleaban en situación irregular facilitándoles la documentación de una tercera persona y les imponían condiciones laborales precarias y abusivas”, asegura la Policía en el comunicado.

Además, la empresa ofrecía otros servicios —contratos ficticios de trabajo y de alquiler de viviendas, entre otros— para que obtuvieran una prestación por desempleo o regularizar su situación administrativa. Algunos de los afectados (principalmente marroquíes) residían fuera de España y esperaban conseguir de esta forma el visado para entrar en el país a cambio de un pago de entre 250 euros y 8.000 euros.

La operación la ha realizado la Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

Núcleo de la trama

Entre los detenidos figuran tanto los individuos que formaban “el núcleo” de la organización, entre ellos el titular o titulares de una gestoría que se creó ad hoc en la capital vallisoletana para tramitar la documentación irregular. Aunque también se ha detenido a “beneficiarios”, es decir, los trabajadores que eran explotados en las labores agrícolas, ya que a su vez en algunos casos obtenían documentación e incluso prestaciones económicas que no les correspondían.

La investigación comenzó gracias a la declaración de un testigo protegido que había comenzado a trabajar en el campo y, al acabar su periodo de estancia legal, pidió ayuda para tratar de seguir en España. En ese punto la organización se puso en contacto con la persona, y le reclamaba dinero para facilitarle documentos y regularizar su situación en España.