Las cabinas telefónicas desaparecerán completamente en 2022 tras más de un siglo de existencia

El Gobierno elimina la obligación de mantenerlas como servicio público

Cabina telefónica en Barcelona.
Cabina telefónica en Barcelona.Carles Ribas

Tenían fecha de caducidad, pero recibieron varios indultos, más por razones nostálgicas que económicas o de servicio público. El Gobierno ha decidido por fin excluir a las cabinas y a las guías telefónicas del servicio universal de telecomunicaciones que obliga ahora al Estado a mantener esta prestación en todo el territorio nacional. Así consta en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Menos del 20% de la población ha usado alguna vez estos casi viejos objetos de museo (y prácticamente ningún usuario de entre los menores de 30 años) que tienen más de un siglo de historia. La popularización del teléfono móvil desde los años 90 arrumbó a las cabinas definitivamente del mobiliario urbano, víctimas del abandono y del vandalismo, pero aun así los sucesivos gobiernos decidieron concederles una prórroga. La última medida de gracia se tomó el 1 de enero de 2019. Pero en cuanto entre en vigor esta ley —previsiblemente en el segundo semestre de 2022—, dejarán de existir tras ser eliminadas del servicio universal porque ninguna compañía va a querer hacerse cargo de ellas.

En España sobreviven alrededor de 15.000 cabinas. El actual servicio universal garantiza que tiene que haber al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes en cada localidad de 1.000 o más habitantes y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado con base a los criterios de oferta mínima. Pero ya en 5.000 municipios no hay ninguna cabina.

Como nadie quiere hacerse cargo de este negocio ruinoso, el Gobierno ha obligado a Telefónica a costear el servicio y su mantenimiento (2 millones de euros al año), aunque luego le compensan parcialmente ese coste. Según cifras de Telefónica, la media de llamadas por cabina es de 1,15 al día, y casi todas se concentran en unos pocos terminales, es decir, que la mayor parte de ellas están siempre inactivas. Sin contar con que el vandalismo y los robos se ceban con las que tienen más usuarios. También desaparece la obligación de editar año a año una guía telefónica que ya nadie consultaba y que ni siquiera estaba actualizada con los números móviles.

No obstante, la LGT incorpora la banda ancha como parte del servicio universal. Aunque la ley tiene que desarrollarse en distintas normativas para determinar por ejemplo la velocidad de conexión, el servicio deberá permitir cumplir una serie de funciones como usar motores de búsqueda o buscar empleo y deberá ser ofrecida por todos los operadores.

Más derechos para los usuarios

La nueva ley transpone la directiva europea de comunicaciones electrónicas de 2018 y entre sus novedades se encuentra una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.

Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería serán regulados. No obstante, esta regulación solo se aplicará a aquellos inscritos en el registro de operadores, con lo que aplicaciones como WhatsApp (que no están registradas) quedarían exentas de las obligaciones de operador. El texto posibilita crear el mencionado sistema de alertas y permitirá al 112 usar la ubicación de los teléfonos móviles para determinar mejor la geolocalización de las llamadas.

Entre otras disposiciones destinadas al usuario, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duración a 24 meses y se regulan por primera vez los paquetes de servicios, a la vez que amplía derechos en el ámbito de la portabilidad móvil. Así, se permitirá conservar el saldo de un móvil de prepago si se cambia de operador, y se regula la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a los contratos.

En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, el proyecto establece una duración mínima de 20 años de las concesiones de espectro, lo que busca dar certezas a las compañías para desplegar sus inversiones. También se ha habilitado un mercado secundario del espectro radioeléctrico, así como un esquema de autorización general para acelerar el despliegue en áreas pequeñas con dispositivos de potencia limitada.

Sobre la firma

Ramón Muñoz

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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