El teletrabajo no ha venido para quedarse

La ley que reguló por primera vez este modelo para proteger a los trabajadores se ha convertido en un freno para su implantación porque las empresas consideran que les exige demasiadas cargas

Un edificio de oficinas en Madrid, el 4 de noviembre.
Un edificio de oficinas en Madrid, el 4 de noviembre.Olmo Calvo

Antes de la pandemia, se veía el teletrabajo como el modelo laboral del futuro. En los meses más duros del coronavirus, y especialmente durante el confinamiento domiciliario, las empresas tiraron de esta modalidad como única vía para mantener su actividad, lo que inundó las redes sociales de imágenes de oficinas improvisadas en casa. Y ahora, una vez que se recupera una cierta normalidad laboral, muchos trabajadores retornan a la presencialidad. Los motivos son múltiples y varían en función de cada caso. Sin embargo, las fuentes consultadas convergen en una misma idea: la ley de septiembre de 2020 que se aprobó para la regulación del teletrabajo resta flexibilidad a las compañías e impone unas cargas que no todas las firmas están dispuestas a asumir. El resultado es que al empleo a distancia se le escapa el tren, pierde fuelle tras meses de furor y sigue siendo ese futuro que no llega.

“Al inicio del confinamiento la gente estaba encantada, pero luego vieron que no era tan bonito”, dice María Rivero, que lleva teletrabajando como traductora de italiano desde Ciudad Rodrigo (Salamanca) nueve años, y hace cinco creó el blog sobreviviratrabajarencasa.com. En él explica cómo abordar la fusión entre domicilio y oficina. “El teletrabajo no favorece la conciliación, todo lo contrario. He perdido clientes porque no podía ocuparme de mis hijas [tiene dos] y de los encargos”, reconoce.

Antes de la covid, el uso del teletrabajo era poco frecuente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 31,3% de los trabajadores ejercía su labor en algún momento en remoto antes de la pandemia. No obstante, según matiza la Encuesta de Población Activa (EPA) del organismo público, tan solo el 4,8% de los ocupados lo hacía más de la mitad de los días, muy por debajo de países como Países Bajos (14%), Finlandia (13,3%) y Luxemburgo (11%).

La falta de implantación de esta relación laboral generó un vacío legal que se resolvía mediante el establecimiento de un acuerdo entre la empresa y los empleados, ya fuese de forma colectiva o individual. Más allá de este remiendo, no existía una hoja de ruta común ni unos requisitos mínimos.

En el contexto de emergencia sanitaria el uso del teletrabajo se disparó. Durante los Estados de alarma, el INE cifra la plantilla que utilizó en algún momento el trabajo en remoto en el 46,7%. Y en el primer semestre de este año, tenían previsto hacerlo un 35,3%, según el Instituto. Es decir, se quedó solo cuatro puntos por encima del dato prepandemia. Y falta por ver el impacto que tendrá la vuelta a una casi normalidad tras las vacaciones. Según los expertos consultados, se prevé que supere el dato previo a la covid, aunque por debajo del pico durante el confinamiento. Eso sí, el INE recoge el porcentaje de la plantilla que usa el trabajo en remoto en algún momento, pero no los que lo hacen a partir de un tiempo determinado de su jornada, como dice la ley del teletrabajo. Es decir, marcará un dato por encima del que realmente se le aplicará la norma.

30% de la jornada laboral

En concreto, la ley del teletrabajo, que reconoce que en la actualidad “más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible”, establece que este es el que se presta durante al menos un 30% de la jornada en un período de referencia de tres meses. Además, obliga a las partes a que haya un acuerdo por escrito, que debe ser voluntario y reversible. Y la compañía tiene que hacer frente obligatoriamente a los gastos derivados de prestar sus servicios a distancia. “El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”, se recoge en la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de septiembre de 2020, con la que se buscaba proteger a los trabajadores.

“El teletrabajo en pandemia fue de las primeras medidas que se tomaron. Lo que hizo la ley fue buscar una solución para el futuro, adaptarse a los nuevos tiempos, al siglo XXI. De hecho, la ley recoge que los que ya estaban teletrabajando en pandemia pudiesen seguir haciéndolo sin el acuerdo de trabajo. La ley es para los nuevos acuerdos y los antiguos, pero con un período de adaptación”, explican fuentes del Ministerio de Trabajo. “No tiene escasa flexibilidad, al revés, el 30% permite las jornadas semipresenciales. No haberlo definido hubiese supuesto una indeterminación entre las fronteras del trabajo a distancia y presencial, de enorme inseguridad jurídica, como tenía la norma del PP. El 30% fue un acuerdo con empresarios y representantes de los trabajadores”, añaden.

Sin embargo, la norma no termina de convencer a todos: los requisitos del tiempo mínimo y el coste adicional que recoge conforman la gatera por la que se escapa el teletrabajo. “Las empresas lo que nos preguntan es por cómo pueden saltarse la norma para librarse de esas obligaciones”, explica la abogada Ana Gómez, socia del área laboral del bufete Ceca Magán. “Delimitar el teletrabajo con un porcentaje es lo más inflexible del mundo”, añade José Luis Risco, socio responsable de Recursos Humanos de EY. Y va más allá sobre el diseño de la ley, que no responde a la realidad actual. “Ha sido concebida para un período como el del confinamiento, no para ahora”, destaca.

La intimidad entra en la ecuación

No es el único que piensa así. “No se ha hecho un esfuerzo de imaginación con esta ley”, argumenta Eva Rimbau, profesora agregada de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. “No tiene sentido que el teletrabajo del futuro próximo sea como el que hemos tenido durante la pandemia”, indica. En esas estrategias para bordear la aplicación de la ley, hay algunas empresas, especialmente las de menor tamaño, que se agarran al mantenimiento de los acuerdos que alcanzaron con su plantilla dentro del marco de la pandemia para evitar dar el salto. “El teletrabajo puede suponer un cierto ahorro, pero en las compañías más pequeñas es mucho más difícil mantener los gastos de dos formas de trabajo para un solo empleado”, sostiene Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

En el artículo 7 de la sección segunda de la ley se estipula que dentro del contenido mínimo obligatorio del acuerdo entre empresa y empleado se ha de definir el lugar de trabajo elegido por la persona trabajadora, y este deberá superar una evaluación de riesgos. Así, la introducción del domicilio en la ecuación provoca una nueva complicación para su control, esta vez en la autoridad laboral. “La Constitución recoge la inviolabilidad del domicilio [artículo 18], por lo que nosotros no podemos presentarnos en casa de nadie y entrar aunque no nos dejen, como sí pasaría en una empresa”, reconoce Eva Olivares, presidenta del Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS). “Se dan casos en los que hay una persona que está en ERTE, pero teletrabaja. Y para poder demostrarlo es más complicado”, se suma Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS).

La excepcionalidad del sector público

El salto obligado al teletrabajo por la irrupción del virus no fue un desafío exclusivo del sector privado. La Administración pública se sumó al carro, no obstante, hoy ya no queda prácticamente nadie en él. “Se hizo todo de una manera anárquica, sin protocolo, sin reparar en temas de seguridad como se vio con el ataque informático al SEPE [un virus de tipo ransomware paralizó el trabajo en 710 oficinas presenciales y 52 telemáticas del organismo que gestiona las prestaciones a principios de marzo de este año]”, recuerda Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de CC OO en la Administración General del Estado.

La regulación de los trabajadores públicos no se contempla en la ley de teletrabajo, depende del criterio del Ministerio de Función Pública. Y en octubre les pidió que regresasen a sus puestos físicos y limitó el trabajo a distancia en un máximo del 20% de la jornada. “Se precipitó la vuelta de los funcionarios porque el teletrabajo está creando un malestar en una parte de la ciudadanía que denuncia que cuando quiere hacer alguna gestión no consigue que alguien lo atienda”, justifica Gándara.

De esta forma, tras más de año y medio de vértigo de teletrabajo en el sector privado y público, ahora se queda casi como una moda pasajera. Las semanas en las que cosechó mayor interés en las búsquedas de Google fueron las del 15 al 21 de marzo —cuando entró en vigor el Estado de alarma— y en la del 20 al 26 de septiembre —con la aprobación de la ley—. Desde entonces la curva ha caído, al igual que su uso. Una modalidad laboral eficaz que no termina de convencer. Al menos no con las condiciones actuales.

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