El Gobierno pide a los funcionarios que vuelvan a la oficina y plantea que solo teletrabajen un día a la semana

La vuelta a la normalidad laboral está cada vez más cerca en la Administración Pública, aunque los tiempos en los que el Gobierno tiene previsto que los trabajadores públicos que aún operan a distancia regresen a su puesto físico de trabajo despierta recelos entre los sindicatos. Por un lado, porque consideran que todavía es demasiado pronto para recuperar la actividad presencial al completo, y por otro, porque aseguran que la propuesta que les ha trasladado el Ministerio de Función Pública para su regulación rompe con el acuerdo alcanzado con el anterior responsable de la cartera, Miquel Iceta. En ese pacto se establecía una fórmula que permitía (en la mayoría de los casos) combinar el presencialismo con hasta tres días de trabajo a distancia. Ahora, según denuncian, la nueva propuesta solo contempla uno.

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Desde el ministerio de Función Pública señalan que se está trabajando en una “resolución que permita avanzar en la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos a través de una mayor presencialidad de los empleados públicos, siempre respetando las normas de seguridad sanitaria”, y argumentan para su ejecución el buen avance de la vacunación, “con más del 70% de la población con pauta completa”. La fecha para ese retorno completo sería el 1 de octubre, en apenas dos semanas. Aun así, según recoge el borrador de criterios generales de reincorporación de los funcionarios, para acceder a los servicios de atención al público será necesario continuar con el sistema de cita previa “al menos hasta el 31 de diciembre de 2021″.

Desde UGT critican que se potencie esta vuelta al puesto de trabajo ―salvo en el caso de colectivos vulnerables, inmunodeficientes o sometidos a tratamientos oncológicos y supuestos de cuarentena obligatoria―, y, sin embargo, “se mantenga en régimen telemático otros aspectos relacionados con la garantía de derechos de las y los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) como cursos y actividades formativas, pruebas selectivas, reuniones, viajes o diálogo social”.

Fuentes de Función Pública aseguran que estas dos circunstancias ―el retorno al presencialismo y el diseño de una fórmula que en el futuro lo compatibilice con el empleo a distancia― son dos materias distintas, y dos negociaciones diferentes. También dicen que “cada departamento tendrá margen para organizarse de acuerdo con sus particularidades, el tipo de servicios prestados y la propia evolución de la epidemia”, y niegan que a los trabajadores públicos se les vaya a permitir tan solo un día de teletrabajo. “Esas negociaciones aún están en marcha”, indican. Al mismo tiempo, reconocen la valía del acuerdo alcanzado el pasado mes de abril entre el Gobierno y los principales sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y CIG) en el que se permitía a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria hasta tres días a la semana.

Cambio de criterio

CSIF, por su parte, no considera que la resolución de regreso reúna “los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial”, y mantiene la propuesta de un modelo híbrido definido por un 40% de presencia física, y un 60% para el trabajo telemático. “En opinión de CSIF la Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado y elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de Teletrabajo en la AGE que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria”, asegura el sindicato en un comunicado.

Desde UGT manifiestan su “desconcierto” ante la actitud de la Administración, puesto que “cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio”.