Europa toma medidas para amortiguar el golpe de la energía: de los cheques franceses a las ayudas para gasolina en Portugal

La crisis energética se ha ido colando en el debate europeo poco a poco, a medida que el zarpazo del gas se extendía por el bloque comunitario. En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni siquiera mencionó el problema en su discurso sobre el Estado de la Unión. Mes y medio después, tras la presión de una especie de ‘entente energética’ liderada por España, se encuentra entre las preocupaciones existenciales de la UE, y obliga a los líderes europeos a trasnochar para alcanzar acuerdos, como ocurrió la semana pasada en el Consejo Europeo.

Los precios mayoristas de la electricidad han crecido en la UE un 200% de media en el último año, y la enorme dependencia de las importaciones del gas (el 90% viene de fuera de la Unión, sobre todo de Rusia) eleva su exposición a la volatilidad y a los caprichos del mercado. Pero de momento no hay soluciones comunitarias sobre la mesa para contrarrestar el pico energético a corto plazo, solo el compromiso de “explorar” la creación de reservas estratégicas y las compras conjuntas, y de estudiar el funcionamiento del mercado energético, el del gas y el del comercio de derechos de emisiones de CO₂. Al contrario, el Ejecutivo comunitario ha dado prioridad a las medidas nacionales que permiten actuar sobre las personas y empresas vulnerables a través de ayudas, subsidios o exenciones fiscales, sin necesidad de cambiar una coma del actual marco legislativo. El fantasma de los chalecos amarillos y otros movimientos similares de protesta está ahí, y a nadie se le escapa que unos altos precios de la energía son el mejor combustible posible para los movimientos extremistas.

Hasta la fecha, 19 de los 27 Estados miembros han comunicado a la Comisión la aplicación o la intención de aplicar algún tipo de iniciativa para hacer frente a la crisis de la electricidad: desde las tarifas sociales a los bonos energéticos, pasando por mecanismos para evitar la desconexión de la red o incluso ayudas monetarias directas para paliar la subida de la gasolina. España es uno de los pocos países que ha actuado en todos los frentes para contener la subida del mercado eléctrico. Estas son las medidas que se están tomando en algunos de los principales países del Viejo Continente:

Francia: cheques contra el miedo a los chalecos amarillos

La presión por el aumento del coste de la luz es menos apremiante que en otros países, dado que la subida generalizada se produce una sola vez: a comienzos de año. Los tiempos, sin embargo, no acompañan: las elecciones presidenciales aparecen a la vuelta de la esquina —solo quedan seis meses para la cita con las urnas— y la precampaña ya está lanzada. De ahí que la cuestión de la electricidad, unida al 12% que se encareció ya el gas el 1 de octubre y al alza constante de la gasolina se hayan convertido en un tema político candente en un país en el que sus peores protestas recientes, las de los chalecos amarillos, nacieron precisamente por el precio del carburante.

Tras la subida de octubre, el Gobierno del liberal Emmanuel Macron bloqueó el precio del gas primero hasta abril de 2022 y después hasta finales de ese año. Ese “escudo tarifario” también afectará a la electricidad, que solo se encarecerá un 4% en febrero. Además, seis millones de hogares con ingresos bajos deberían recibir a finales de año un “cheque energético” de 100 euros. Y todos aquellos franceses que cobren menos de 2.000 euros netos —unos 38 millones— recibirán también una “indemnización inflación” única de otros 100 euros para compensar el aumento del carburante.

Portugal: 10 céntimos por litro, bajada de impuestos y ayudas para el transporte

El 10 de noviembre entrará en vigor la medida más directa adoptada por el Ejecutivo del socialista António Costa para tratar de mitigar el alza de los combustibles: el Estado devolverá 10 céntimos por litro de carburante comprado hasta el 31 de marzo de 2022. Habrá un tope de 50 litros al mes por persona así que, en la práctica, el máximo que se podrá reembolsar a cada consumidor será cinco euros mensuales, y el coste para el erario rondará los 133 millones.

La subvención del consumo de combustibles se suma a la reducción del impuesto sobre productos petrolíferos y energéticos acordada el 15 de octubre. Esta disminución, de carácter extraordinario, es de dos céntimos por litro de gasolina sin plomo y de un céntimo por litro de gasóleo. Además, el Gobierno ha congelado el impuesto sobre el carbono hasta marzo de 2022. La batería de ayudas contempla también compensaciones para las empresas de transporte de pasajeros (autobuses y taxis) y ayudas fiscales para el sector del transporte de mercancías por el aumento del precio de los combustibles, aunque la decisión política de más calado fue una propuesta de ley del Gobierno para fijar márgenes máximos en su comercialización.

Portugal ya había bajado el IVA de la electricidad justo antes de la actual crisis de precios: del 23% al 13% sobre los primeros 100 kilovatios hora consumidos en un mes para el 86% de los hogares, los que tienen contratada la potencia más baja. En marzo se amplió el perfil de los beneficiarios con la incorporación de familias numerosas, en una medida fiscal que tiene carácter permanente. Pero la escalada de precios en los últimos meses ha forzado nuevas medidas: se han recortado significativamente las tarifas de acceso a las redes para 2022, uno de los elementos que influyen en la factura final. Una reducción que, se espera, se traducirá en una caída media del 35% en la factura final de los consumidores.

Italia: 2.000 millones en desgravaciones para gas y luz

Italia aprobó un decreto a finales de septiembre gracias al cual las facturas de la luz y el gas se reducirán. La medida incluye una bajada del IVA en el gas natural, que hasta ahora era del 10% y el 22%, en función del consumo, para que pase al 5%. Además, se eliminarán los costes de gestión, independientes del consumo. Los presupuestos de 2022, recién presentados por el primer ministro, Mario Draghi, prevén 2.000 millones en desgravaciones para contener los precios del gas y la luz.

Para la electricidad, el Ejecutivo contempló también la congelación de los aumentos de las tarifas a todas las personas que tenían ya el bono social eléctrico (un descuento en la factura para familias en condiciones de precariedad económica o física, similar al esquema español). Los beneficiarios son tres millones de núcleos familiares, que incluyen aquellos con una renta inferior a 8.265 euros, quienes tengan al menos cuatro hijos con una renta por debajo de 20.000 euros, perceptores de la renta ciudadana o enfermos graves. La misma medida se aplica a otros 2,5 millones de personas que se benefician del bono social de gas. De este modo, durante octubre, noviembre y diciembre se eliminarán los gastos de gestión de las facturas de cerca de seis millones de empresas pequeñas y muy pequeñas, y de cerca de 29 millones de usuarios domésticos.

Alemania: recorte en el recargo para renovables y ayudas para familias

En Berlín también cunde la preocupación por el aumento de los precios de la energía ante la llegada del invierno, pero las medidas son más modestas a la espera de la conformación de un nuevo Ejecutivo. No solo es el gas natural, que lleva subiendo significativamente desde principios del año: también es la electricidad y la gasolina. Pero el país germano se beneficia del hecho de que muchos contratos de suministro de gas se firman a largo plazo, por lo que el alza todavía no se ha repercutido a los clientes finales y el problema no abre informativos como en España.

Pese a ello, hay algunas medidas con las que el Gobierno confía en ayudar a suavizar el futuro golpe para industria y hogares. A partir de enero se reducirá en un 43% el recargo con el que los alemanes subvencionan en su recibo la expansión de las renovables. El Ejecutivo espera que los proveedores de energía trasladen esa reducción a sus clientes. Asimismo, aumentarán los beneficiarios de la ayuda a la vivienda destinada a familias con dificultades para pagar el alquiler o los gastos de la casa: se calcula que habrá 640.000 más.

En Alemania existe también un bono de movilidad con el que se subvencionan los trayectos largos de los trabajadores con menos recursos, y que se verá ampliado en 2022. Disposiciones sociales que por ahora son las únicas en marcha para tratar de contener el impacto de la subida de la luz y el gas. El ministro de Economía, Peter Altmaier, dijo hace unos días que el nuevo Gobierno, probablemente una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, “tendrá que considerar otras medidas a corto plazo”. El Ejecutivo de Angela Merkel, por ejemplo, se ha mostrado contrario a intervenir en los mercados energéticos.

Países Bajos: menos impuestos para pasar el trance

Aunque lejos de las cifras españolas, el mercado eléctrico holandés ha pulverizado ya los 100 euros por megavatio hora (MWh) y la subida puede suponer hasta 50 euros más al mes en los recibos. Ante esta tesitura, el Gobierno en funciones, de centroderecha, decidió en octubre compensar el aumento con una reducción de impuestos para todo 2022, una medida que supondrá unos 400 euros anuales de ahorro para los hogares. También se destinarán 500 millones para aliviar los gastos en energía de las pymes y 150 millones para mejorar el aislamiento de las casas. En total, las medidas aprobadas suman 3.200 millones y la bajada impositiva empezará a contar el 1 de enero del año que viene.

Entre el 8% y el 10% de los hogares holandeses tienen firmados contratos de suministro que expiran en los tres próximos meses y que, por tanto, van a verse a afectados por la subida. Y otro 44% dispone de un contrato flexible expuesto —dos veces al año— a las fluctuaciones del precio de la luz y el gas. El resto abonan una tarifa fija mensual fijada de antemano sobre una estimación del consumo y que se mantiene entre uno y tres años. Unas 142.000 familias han tenido que bajar ya el termostato y toman duchas más cortas para poder pagar la energía, según un estudio de la Organización para la Investigación Científica Aplicada (TNO en sus siglas neerlandesas). Las medidas gubernamentales han sido criticadas por el partido ecologista GroenLinks (Izquierda Verde) por no haberse hecho un reparto más equitativo. En su opinión, los hogares con una pensión baja o que precisan de subsidios podrían haber recibido un apoyo adicional para evitar la pobreza energética.

Reino Unido: la limitación de precios contiene momentáneamente la sacudida

En 2019 el Gobierno conservador, entonces liderado por Theresa May, impuso el llamado energy price cap (límite en el precio de la energía) para evitar que las excesivas fluctuaciones de un mercado liberalizado desde la década de los noventa golpearan con especial dureza a los consumidores. La oficina reguladora (Ofgem, en sus siglas en inglés) revisa dos veces al año el precio máximo que puede llegar a pagar un hogar de consumo medio. En realidad, lo que establece es la cantidad máxima que se puede llegar a pagar por unidad energética, pero muchas viviendas no disponen siquiera de contadores de gas o electricidad, y las empresas les trasladan una estimación mensual.

La última revisión, calculada en agosto pero vigente desde el 1 de octubre, sitúa la tarifa anual máxima en 1.515 euros. Con este sistema, muchos de los pequeños operadores que no tienen producción de energía propia ni capacidad de almacenaje, y ofrecieron contratos excesivamente temerarios a sus clientes, han tenido que cerrar el negocio. Sus cuentas, por ley, deben ser asumidas por operadores más potentes, obligados a suscribir también las condiciones ventajosas que firmó el consumidor. En esta situación de enorme tensión, son muchas las voces que reclaman revisiones más frecuentes del precio máximo de la energía, y los expertos anticipan ya que la próxima, en abril, elevará las facturas de los hogares al menos en un 30%.

Respecto a las industrias de alto consumo energético, a las que el elevado precio del gas ha puesto en situación de alto riesgo, la necesidad de ayudarlas o no con dinero público ha supuesto en las últimas semanas un serio enfrentamiento en el seno del Gobierno de Boris Johnson. Kwasi Kwarteng, el ministro de Industria, ha defendido la necesidad de rescatar a sectores clave como el del acero, la química o la cerámica. El ministro de Economía, Rishi Sunak, puso serios reparos a la idea de destinar, como durante la crisis financiera anterior, dinero de los contribuyentes al rescate de empresas en dificultades. El entorno de Johnson acabó inclinándose del lado de Kwarteng, y forzando al Tesoro británico a idear una solución. Con dos problemas añadidos: no se quiere trasladar aún la imagen de que el mismo Gobierno que prepara la COP26, la cumbre climática de Glasgow, se dedica a dar ayudas a empresas glotonas de energía. Y no se quiere asumir, en ningún caso, ayudas a largo plazo. El planteamiento se centra, más bien, en préstamos a corto plazo o algún tipo de aval financiero.