La desaparición del impuesto de plusvalía agujerea las arcas de las ciudades con más actividad inmobiliaria

El recorte de los ingresos previstos llega a los 500 millones en Madrid y obliga a los alcaldes a rehacer sus cuentas para 2022

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un pleno municipal.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un pleno municipal.Quique Garcia (EFE)
Santiago / Madrid -

La desaparición del impuesto de plusvalía mientras el Gobierno no diseñe una alternativa golpea especialmente las arcas de los ayuntamientos con mayor actividad inmobiliaria. Las seis ciudades de España con más compraventa de vivienda —Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga, según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— urgen una solución tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula este tributo. El recorte de ingresos irrumpe en plena elaboración de las cuentas para 2022 y obliga a rehacer números. El tijeretazo en Madrid alcanza el 10% del presupuesto.

Madrid

El impuesto de plusvalía supone para las arcas de la capital de España una media anual de 500 millones de euros, el 10% del presupuesto. La cantidad equivale a las inversiones del plan de obras de la ciudad de 2019 a 2027. Es el segundo tributo recaudatorio de Madrid, tras el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), con unos 1.500 millones de euros. Su anulación adentra al Ayuntamiento madrileño en un horizonte incierto justo en la fase final de la presentación de las cuentas locales, prevista para las dos primeras semanas de noviembre.

“Los ayuntamientos no tenemos capacidad para resolver el problema nosotros mismos”, aseguran fuentes de la Concejalía de Hacienda. “La Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde y la propia concejal de Hacienda, en una intervención en el Senado, reclamaron que había que reformar con urgencia la Ley de Haciendas Locales para darle mayor seguridad jurídica a este impuesto”.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) reclama “una solución inmediata” al Gobierno, reprocha que la situación “se podía prever desde que en 2018 se dictó la primera sentencia del Constitucional” y augura una “avalancha de nuevas reclamaciones”. “Es obvio que los ciudadanos van a plantear reclamaciones que pueden quebrantar aún más la situación de los ayuntamientos: no es solo lo que dejemos de ingresar, sino lo que en su caso tengamos que devolver a ciudadanos que legítimamente lo reclamen”, ha advertido. La decisión del Constitucional se ha conocido tres días después de que el regidor anunciase una bajada de impuestos para la ciudad, la tercera en tres años.

Barcelona

La anulación del tributo ha sentado como un jarro de agua fría en el Consistorio barcelonés. La alcaldesa, Ada Colau (Barcelona en Comú), visiblemente indignada, ha afirmado este miércoles que la sentencia, según sus primeros cálculos, compromete 180 millones de ingresos, algo más del 5% del presupuesto municipal. Este año ya se han ingresado por este impuesto 173 millones. “Confiamos en que el Ministerio de Hacienda busque una solución en el presupuesto de este año, pero hace años que llevamos denunciando la infrafinanciación de los consistorios”, destaca Colau.

La alcaldesa denuncia que España está “en la cola de Europa” en financiación municipal. “A los ayuntamientos cada vez se nos pide más. La ciudadanía no distingue qué competencias son del Estado o la Generalitat. Nos piden a nosotros soluciones en política social, en vivienda… pero solo gestionamos, como máximo, el 15% de los recursos públicos”, remarca.

Colau pide una actualización de la financiación de los ayuntamientos. “No puede ser que tengamos el financiamiento del siglo pasado porque las demandas de la ciudadanía a los ayuntamientos han crecido mucho. En la pandemia hemos sido las administraciones más ágiles y cercanas. En Barcelona montamos en tiempo récord hospitales en pabellones municipales”, concluye.

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia contaba para 2021 con un ingreso de 23 millones de euros por el impuesto de plusvalía ahora invalidado sobre un Presupuesto de 914,8 millones, lo que supone un 2,5% de los ingresos. El Gobierno local no ha cerrado todavía las cuentas del año próximo y no dará una cifra de la recaudación hasta que lean en detalle la sentencia del Tribunal Constitucional. Esperan ver cómo compensará el Gobierno central la pérdida de los citados ingresos, según explica el alcalde, Joan Ribó (Compromís).

Sevilla

En el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, no ocultan la preocupación por la anulación del tributo. La recaudación con la forma de cálculo rechazada por el Tribunal Constitucional supuso unos ingresos en 2020 de 22 millones de euros y para el próximo ejercicio se preveía ingresar 30 millones, el equivalente al 3,36% de un presupuesto que asciende a 891 millones.

“Parte de los recursos para la gestión de los servicios públicos proceden de la recaudación de este impuesto”, reconoce el alcalde hispalense. Espadas insta a buscar “una solución urgente”, que entiende se encuentra en el anteproyecto de ley de modificación de las Haciendas Locales, cuya tramitación ha acelerado la ministra María Jesús Montero. “Allí se dará cobertura constitucional al cálculo”, señala Espadas, quien admite que la decisión del tribunal de garantías supone un contratiempo a la hora de elaborar los Presupuestos.

Alicante

La anulación de la regla de cálculo de las plusvalías le cuesta al Ayuntamiento de Alicante 15 millones de euros, un 5% de su Presupuesto. Con la decisión del Tribunal Constitucional, la redacción de las cuentas de 2022 “quedan paralizadas”, avanza el alcalde, Luis Barcala (PP), porque “hay que recalcular la base de ingresos y también, por tanto, la de gastos”.

El Consistorio alicantino ha puesto en marcha “un plan B” presupuestario con “15 millones menos de ingresos”. “Con el capítulo de inversiones comprometido por las plurianuales”, señalan fuentes municipales, “no queda más remedio que ajustar en el gasto corriente y subvenciones”, es decir, “las áreas que no son inversiones”. En ningún momento, prosiguen, se reducirán las partidas correspondientes a servicios públicos o personal.

Málaga

La rápida progresión del mercado inmobiliario había hecho que el Ayuntamiento de Málaga calculase que en 2022 podría ingresar 55,2 millones de euros por el impuesto de plusvalías, lo que supone un 6% de los presupuestos que acaban de cerrarse. “Ahora no nos sirven”, ha dicho el alcalde Francisco de la Torre (PP), que ha subrayado que el Consistorio afronta “un problema grave”.

De la Torre cree que el problema era “previsible” debido a las sentencias previas del Tribunal Constitucional. “Hay que buscar soluciones para 2022. Cada uno haremos lo que podamos, pero nos gustaría tener respaldo del Gobierno a lo largo del próximo año para suplir y compensar los ingresos que desaparecen”, subraya el regidor. Fuentes municipales afirman que no tienen noticias del Gobierno central y que nadie les ha contactado para ver alternativas o soluciones a la situación. De la Torre recuerda que los ayuntamientos españoles son “los más débiles de Europa” en materia de presupuestos y competencias: “Y ahora tenemos este problema añadido”.

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