Después de la pandemia: el futuro de la gobernanza económica europea

La economía de la UE está saliendo con fuerza de la crisis de la covid-19, gracias a la exitosa campaña de vacunación y a la coordinación de un paquete de estímulos ambicioso. A pesar de la incertidumbre y los múltiples riesgos, la recuperación se está afianzando. De hecho, el desempleo ha vuelto ya casi a los niveles prepandemia y el crecimiento del PIB podría superar este año el 4,8% que pronosticamos en julio.

Ahora que surcamos aguas más tranquilas, parece oportuno reanudar el debate sobre la reforma de la gobernanza económica europea. Un debate ya iniciado pero que quedó en suspenso con la pandemia.

Buscamos un debate inclusivo y sosegado sobre estas reglas, para lograr que reflejen la nueva realidad económica y den el mejor resultado posible de cara al futuro.

Cuando lanzamos el debate en febrero de 2020, quisimos basarlo en una evaluación honesta de las luces y sombras del sistema actual.

Sus logros han sido notables. Ha contribuido a mantener unas finanzas públicas sostenibles, por ejemplo, el umbral de déficit del 3% ha servido de referencia para evitar la acumulación de déficits excesivos. Ha ayudado también a corregir los déficits externos, que tanto contribuyeron a desencadenar la anterior crisis. Y además, ha servido de marco base para coordinar las políticas económicas nacionales.

No obstante, también ha habido deficiencias: los niveles de deuda de algunos países seguían siendo altos, las políticas fiscales raramente se adaptaban al ciclo económico, y los ajustes se realizaban a menudo recortando la inversión pública. Muchos países de la Unión hacían frente a la vez a otros problemas como un crecimiento exiguo y una inflación baja persistentes. Además, la complejidad de las reglas las hacía difíciles de entender y explicar, lo cual no ayudaba a generar compromiso político en nuestras capitales.

La crisis causada por la covid-19 no ha hecho sino acrecentar la relevancia de estos temas, y ha generado cambios de calado que debemos también tener en cuenta.

En primer lugar, las necesidades de inversión se han vuelto más urgentes. La transición ecológica y digital requerirá en torno a 650.000 millones de euros al año de inversión privada y pública hasta 2030. De esta cifra, la transición verde supone 520.000 millones. Solo los sectores de la energía y el transporte requerirán unos 390.000 millones de euros al año, un 50% más que antes.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contribuirá en gran medida a satisfacer estas necesidades de inversión: proporcionará a los Estados miembros 338.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y hasta 386.000 millones en préstamos hasta 2026. Pero esto no nos exime de reflexionar sobre la forma en que las políticas nacionales deben facilitar las inversiones públicas y privadas en estos sectores.

En segundo lugar, tras la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los distintos países de la Unión han gastado casi el 19% de su PIB en hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Este apoyo fiscal, junto al apoyo monetario del Banco Central Europeo, ha sido determinante para superar la pandemia, pero ha supuesto también un aumento de la deuda y los déficits públicos. Por ello, el debate que abrimos debe considerar cómo garantizar una reducción gradual del ratio de deuda-PIB. Necesitamos unas finanzas públicas sanas para poder responder a futuras crisis y mantener costes de financiación bajos que apoyen un crecimiento económico sostenido.

En tercer lugar, la covid-19 ha profundizado las desigualdades y agravado algunas vulnerabilidades previas. La deuda privada ha aumentado. Los precios de la vivienda han seguido subiendo y la deuda hipotecaria ha ascendido en ciertos casos. Los déficits por cuenta corriente han crecido en los países dependientes del turismo y la corrección de los superávits por cuenta corriente se ha estancado. Además, la pandemia seguirá afectando a nuestras economías y pueden surgir nuevos riesgos. Por ello, debemos reflexionar sobre la forma en que el sistema de gobernanza económica puede afrontar mejor estos retos.

El debate que hoy abrimos estará abierto hasta finales de año, para recabar todas las opiniones y contribuciones posibles. En el primer trimestre de 2022, la Comisión publicará orientaciones que ayuden a guiar las políticas fiscales de los Estados miembros en el siguiente periodo. Estas orientaciones reflejarán la situación económica general, la de cada país y el debate sobre el futuro de la gobernanza económica. Ofreceremos perspectivas sobre los posibles cambios, con el objetivo de lograr un consenso amplio sobre su futuro antes de 2023.

La economía europea se está recuperando, pero debemos garantizar que su crecimiento sea sostenido y sostenible en los próximos años y a más largo plazo. Conseguirlo es nuestra responsabilidad conjunta: el debate sobre cómo hacerlo empieza ahora.

Valdis Dombrovskis es vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Paolo Gentiloni es comisario europeo de Economía.