La banca de inversión advierte de que las medidas eléctricas frenarán las apuestas para la transición energética

Mientras la banca de inversión le advierte de que las medidas para frenar el aumento de precios eléctricos tendrán un efecto contrario al buscado y supondrá un retroceso en la captación de fondos para la transición energética, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene una ronda de encuentros con los primeros ejecutivos de las principales compañías eléctricas para recabar sus planteamientos y analizar posibles cambios en el plan de choque.

Comenzó el jueves con José Bogas, consejero delegado de Endesa; continuó este viernes con el de EDP, Rui Texeira; seguirá el lunes con José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona; y terminará el miércoles con Francisco Reynés, presidente de Naturgy: e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Este tipo de contactos, en su mayor parte telefónicos, suelen ser habituales entre la ministra y las grandes empresas, pero, en este caso, alcanzan mucha más notoriedad por la situación que se vive en el sector por las citadas medidas decididas por el Gobierno.

Ribera ha recalcado que la solución pasa por Europa y que confía en que la Comisión Europea acabe tomando medidas, lo que permitiría relajar algunas de las aprobadas en el Real Decreto-ley 17/2021, aunque sin prometer nada. El sector quiere que especialmente se suprima o modifique la relativa a la minoración de los ingresos obtenidos como consecuencia de vender la energía barata al precio de la más cara, con la que espera sacar 2.600 millones de euros hasta marzo. Según las empresas, el Gobierno no calculó el efecto en la industria. Según sus datos, con los precios que ha alcanzado la electricidad en octubre ya se han detraído 1.100 millones, lo que de mantenerse se superarían los 6.000 millones.

Las empresas, según fuentes sectoriales, piden que haya realismo en la fijación del precio de referencia del gas. El RDL fija un techo de 20 euros MWh en la minoración y en el mercado resulta muy superior. Asimismo, quieren asegurar que la aplicación del decreto sea solo de seis meses, como está definida en estos momentos. Pero lo que más insisten es en que la minoración no se aplique a los contratos a precio fijo firmados antes del 14 de septiembre, fecha del RDL. Las eléctricas tienen gran parte de la electricidad vendida para este año y para el que viene a un precio que ronda los 60 euros MWh, por lo que no sale rentable ninguna ecuación. Eso explica que en las subastas del viernes y domingo de la semana pasada hubiera horas en las que no casaron ofertas al ofrecer precios más altos del que salió.

La importancia del ’hub’ renovable

Las eléctricas se han encontrado con un aliado interesado en la banca de inversión, para la que las medidas han creado mucha incertidumbre y un resultado opuesto al que se perseguía, según han puesto de manifiesto los responsables de varios bancos de inversión en una mesa redonda virtual organizada este viernes por Deutsche Bank. Las medidas, a su juicio, crean inseguridad jurídica y encarecen la inversión en unos momentos en que existe una necesidad de fondos para la transición energética. Según los responsables en España de Bank of America, Morgan Stanley, Lazard, Barclays España y SDCL, España es un hub en energías renovables que no puede arriesgarse a perder. Asimismo, advirtieron de que “los inversores no están dispuestos a invertir con cambios normativos constantes e inseguridad jurídica”.

En resumidas cuentas, todos han coincidido en que para solucionar el problema habría que garantizar un marco regulatorio estable, siendo necesario dar marcha atrás en las medidas del Real Decreto 17/2021; fortalecer la credibilidad de España y su Gobierno, haciendo ver que respetarán las inversiones ya realizadas; ayudar a los consumidores con políticas adecuadas e indexar la tarifa regulada, dando a los clientes bajo este tipo de tarifas una mayor estabilidad. Aunque reconocen que la solución también es un asunto europeo y la solución debe ser europea, incidieron en que las inversiones van a entrar en un proceso de esperar y ver y que si España penaliza las inversiones, los fondos previstos se acabarán destinando a otros lugares donde se considere que resultan más productivas.

El moderador de la mesa redonda, Luis Armada, director general de Deutsche Bank, abrió el fuego señalando que la incertidumbre regulatoria que existe en estos momentos implica inseguridad jurídica, así como pérdida de credibilidad de España. Advirtió que la inversión a corto y largo plazo de los inversores internacionales también se verá afectada.

Frank Hermelink, director general de Morgan Stanley, hizo hincapié en que la confianza de los inversores se ve afectada por la inestabilidad regulatoria y alertó de que esta situación repercute en las agencias de calificación crediticia y en la cantidad de capital que se puede invertir en España. “Se ha deteriorado la confianza en el sector español y esto afectará el marco inversor”, recalcó.

Impacto paradójico

Por su parte, la directora general de Bank of America, María Garijo, señaló la paradoja que suponen unas medidas que van a tener un efecto negativo en los consumidores más vulnerables a los que se trata de proteger, “lo que conduce a un resultado opuesto que el Gobierno estaba buscando”. Garijo, no obstante, considera que hay que esperar y ver durante los próximos 12 meses, al menos, hasta que exista una perspectiva más clara.

Enrique Namey, director general y Co-Head European Power & Energy Infrastructure de Lazard, fue más contundente. “España es pionera en la energía renovable y se ha destruido una confianza que se tarda años en conseguir”, recalcó, para reclamar la necesidad de tener un marco regulatorio estable. “De lo contrario se ponen en riesgo las inversiones provocando salidas de inversores en un sector clave como el de la energía; los inversores no están dispuestos a invertir en España con cambios normativos constantes e inseguridad jurídica”, remachó.

Jay Hawthorn, de Barclays, comentó que la nueva medida afecta a la equidad y eleva el costo de la inversión, por lo que es preocupante tanto para el sector como para el país; mientras el consejero delegado del fondo de inversión SDCL, Jonathan Maxwell, indicó que la inseguridad conducirá a inversiones más caras, por lo que tampoco se traducirá en electricidad más barata, por lo que la medida no tiene mucho sentido. Desde esta institución de inversión colectiva son optimistas, en cualquier caso, y han visto un muy buen nivel de consistencia en el mercado español.