Bruselas y Google se enfrentan ante la justicia europea por una multa de 4.340 millones

Tras el golpe directo a la mandíbula de las astronómicas multas llega a menudo el cuerpo a cuerpo de la batalla judicial. Esta semana se desarrolla en el Tribunal General de la UE, en Luxemburgo, la vista del caso de Google contra la Comisión Europea, uno de esos asuntos que podrían marcar el futuro de lo que las grandes compañías tecnológicas pueden o no hacer para consolidar su posición de dominio en el bloque comunitario.

El caso, cuya vista arrancó el lunes y en principio durará hasta el viernes, se remonta a 2018, cuando el Ejecutivo comunitario le impuso a la multinacional estadounidense una sanción de 4.340 millones de euros, la mayor jamás reclamada por Bruselas, por entender que esta usó su sistema operativo Android para limitar la competencia de sus rivales en el mercado de telefonía móvil.

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Como en los capítulos del Correcaminos, en los que cada producto es siempre de la marca ACME, el ejecutivo comunitario, capitaneado por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, denunció que la empresa llevaba desde 2011 incumpliendo las reglas de competencia de la UE al exigir a los fabricantes de móviles con el sistema operativo de Google (Android) que preinstalasen de forma obligatoria su conocida herramienta de búsqueda (Google Search) y su navegador (Google Chrome) como condición para obtener la licencia de la tienda de aplicaciones de Google (Play Store), lo cual habría limitado durante años la concurrencia de otros navegadores y motores de búsqueda.

“Han negado a los consumidores europeos los beneficios de una competencia efectiva”, denunció entonces Vestager, cuya argumentación se sustentaba con datos (de 2016) que aseguraban, por ejemplo, que en los móviles con software de Google más del 95% de los rastreos en línea se realizaban con el buscador de la misma corporación. La Comisión también achacó a Google haber realizado pagos ilegales a los fabricantes condicionados a la preinstalación exclusiva de Google Search y haber obstruido de forma ilícita el desarrollo y la distribución de otros sistemas operativos.

“El modelo de negocio de Android”, replicó tras la multa Sundar Pichai, consejero delegado de Google, “ha creado más opciones para todos”. Y añadió a través de una entrada de su blog: “Supone un gran beneficio para los desarrolladores y los consumidores”. La compañía rebatió así el zarpazo económico y elevó el caso ante la justicia europea, cuyo Tribunal General escucha estos días a las partes en primera instancia.

El juicio es de una enorme complejidad y ambos contendientes llevan en sus equipos de defensa abogados españoles, dos de los cuales se han batido este martes mano a mano: Carlos Urraca –del servicio jurídico de la Comisión– y Alfonso Lamadrid –socio de Garrigues en Bruselas, del lado de Google– han expuesto en la sala sus visiones contrapuestas sobre el llamado Acuerdo de Distribución de Aplicaciones para Móviles (MADA, por sus siglas en inglés).

Acumulación de litigios

La sentencia, recurrible ante el Tribunal de Justicia de la UE, no se espera hasta dentro de meses, pero los litigios con Bruselas se le acumulan a Google. En noviembre el tribunal de Luxemburgo tiene previsto pronunciarse sobre otro caso similar con idénticos protagonistas: en 2017, de nuevo bajo la batuta de Vestager, la Comisión multó a la compañía con 2.400 millones de euros por entender que favorecía sus propios productos a través de su buscador, lo cual incumplía también las reglas antimonopolísticas de la UE. Y en 2019 volvió a multarla con otros 1.490 millones por comportamiento abusivo en su negocio publicitario. En junio de este año, el Ejecutivo comunitario abrió una nueva investigación contra la compañía por supuestas prácticas monopolísticas de nuevo en el mercado publicitario. La factura de Google con la Comisión asciende en estos momentos a 8.240 millones de euros.

En el llamado caso Android, la defensa de la compañía, a grandes rasgos, esgrime que en lugar de reducir la competencia, el sistema operativo Android le habría dado mayor poder a los consumidores, les habría permitido elegir, habría diversificado los móviles disponibles para esos consumidores y habría, en definitiva, contribuido a bajar los precios. La empresa estima que el caso está mal concebido y no se sustenta en ninguna evidencia. Y asegura que los usuarios han acabado usando su buscador y navegador por el sencillo hecho de que los prefieren a sus rivales, no porque vinieran preinstalados en sus teléfonos: siempre podrían haberlos borrado y descargado otras distintas, usando Google Play Store, argumentan. Según la tecnológica, esta preferencia del consumidor es fácilmente demostrable, ya que la palabra más rastreada a través del buscador Bing (de su competidor Microsoft) es… “Google”.

La asociación de defensa de los consumidores europeos BEUC, que intervino el lunes en la vista, ha pedido en cambio “reventar la burbuja de la narrativa de Google de que su conducta ha sido guiada por el ‘bien del mundo’ al proporcionar Android de forma gratuita”. La organización cree que como resultado de las prácticas anticompetitivas, esta empresa “se convirtió en un guardián monopolístico” privando a los consumidores de elección e innovación durante más de una década.