Escrivá plantea reorientar parte de las ayudas a los autónomos hacia las exoneraciones a partir de octubre
Las organizaciones de los trabajadores por cuenta propia rechazan la propuesta y reclaman al Gobierno el mantenimiento del esquema actual hasta el 31 de enero de 2022
La mejoría de la situación sanitaria y el progresivo levantamiento de las restricciones ha propiciado una recuperación de la actividad que ha permitido al colectivo de autónomos recuperar el oxígeno. A pesar de que el regreso a la normalidad prepandémica todavía está lejos, sectores como la hostelería o el comercio ―en los que se cobija gran parte del colectivo― empiezan a asomar la cabeza.
Este miércoles representantes del Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, y organizaciones representativas del colectivo de trabajadores por cuenta propia mantuvieron la primera de una serie de reuniones en la que abordaron la continuidad de las ayudas que han venido recibiendo durante el último año y medio y que caducan el próximo 30 de septiembre. Según fuentes de Seguridad Social, la voluntad del Gobierno es ir reorientando una parte de ellas ―concretamente una de las cuatro que se encuentran activas― en forma de exoneraciones para sostener la recuperación de la actividad. Con este movimiento se pretende limitar la prestación por cese de actividad a quienes tienen suspendida su actividad, a los autónomos de temporada con bajos ingresos (de la que se benefician 141.000 personas) y a quienes pueden acceder a la prestación de cese ordinaria compatible con la actividad por reunir los requisitos de carencia de cotización. Los representantes de los autónomos no recibieron de buen grado esta propuesta.
Las organizaciones que asistieron al encuentro se presentaban con la petición conjunta de que no solo se siguiera prorrogando para lo que queda de año el esquema de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad ―el conocido como paro de los autónomos―, sino que se extendiera hasta el 31 de enero de 2022. “Hemos trasladado al Gobierno que no aceptamos su propuesta de suprimir la prestación extraordinaria desde octubre. Dejaría sin prestación al 80% de los 226.000 que hoy la cobran. Seguimos negociando”, ha publicado en redes sociales Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Desde la irrupción de la pandemia y tras la firma de la quinta prórroga de las ayudas, podían optar a la prestación extraordinaria aquellos trabajadores autónomos cuyas actividades hubieran quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma, o en el caso de que acreditasen en el segundo y tercer trimestre del 2021 unos ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre del 2020. Estas dos circunstancias reducen en gran medida el círculo de posibles aspirantes, ya que el cerco sobre el coronavirus es cada vez mayor.
“Siendo conscientes del enorme esfuerzo presupuestario que hay detrás de estas prestaciones, también sabemos que se han demostrado como la mejor inversión para que el tejido productivo aguante y pueda encarar su reactivación”, señalan desde la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).
Según los datos publicados este miércoles por ATA, 280.000 autónomos cobran en estos momentos la prestación extraordinaria ―un número mayor, por ejemplo, que el de los trabajadores en ERTE: 253.000 a 15 de septiembre―, lo que representa el 8,6% de los 3.262.255 que componen el colectivo. Tal y como se concluye en el barómetro de ATA, el 34,2% de los autónomos que está cobrando actualmente la prestación por cese de actividad afirma que se darán de baja como autónomos cuando se ponga fin a esta ayuda, es decir, unos 75.000 autónomos.
Un gran esfuerzo
“Es necesario que esta modalidad de cese de actividad se amplíe en los mismos términos que el anterior, ya que existen sectores de actividad como las agencias de viajes, los guías turísticos, las actividades culturales, musicales o los profesionales de los espectáculos de feria entre otros, que aún sufren el impacto económico derivado de la pandemia”, ha defendido, por su parte, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
En esta línea, también ha exigido el mantenimiento “del mayor sistema protector frente a la crisis económica derivada de la covid-19 para los autónomos” hasta el 31 de enero de 2022. “Nos consta que el ministerio ha realizado un gran esfuerzo y le solicitamos que continúe en esa línea de acción, ya que estas medidas han servido para que nuestro colectivo pueda mantener sus actividades”, ha añadido Abad.
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