El Gobierno ultima los decretos que liberarán 5.520 millones de ayudas para la rehabilitación de viviendas

Un real decreto y un real decreto-ley darán el gran pistoletazo de salida a la ola de rehabilitación de viviendas que España ha de acometer con la ayuda de los fondos europeos de recuperación. La componente 2 del plan remitido a Bruselas contempla partidas para esta materia por 6.820 millones, de los que 5.520 millones dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La titular de ese departamento, Raquel Sánchez, ha prometido este jueves en el Congreso que esa cantidad se comenzará a movilizar “en las próximas semanas”.

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Según ha explicado la ministra en comisión parlamentaria, el grueso de las partidas son los 2.970 millones destinados a la rehabilitación residencial, mediante los cuales se pretende intervenir en unas 510.00 viviendas. Los planes de Transportes, ha recordado, también contemplan 1.000 millones para construir unas 20.000 viviendas destinadas al alquiler social, 450 millones para deducciones fiscales y 1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios que se decidan a acometer obras de reforma.

Sánchez ha señalado que las ayudas, procedentes de los fondos europeos para paliar la crisis del coronavirus, se encauzarán en la parte que depende de su ministerio mediante dos normas que se aprobarán en breve. Una fuente del ministerio señala que la previsión es que ambas queden listas este mismo septiembre. La primera es un real decreto “por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social”, ha dicho Sánchez. La citada fuente explica que esta norma servirá para regular las bases con las que las comunidades autónomas podrán sacar luego sus programas de ayuda, ya que son estas las que tienen transferidas la mayoría de las competencias en vivienda.

En la última conferencia sectorial, el pasado junio, ya se acordó con los Gobiernos autónomos la base para repartir los fondos con las cantidades correspondientes a cada territorio. Faltaba pues establecer las normas de juego que las comunidades deberán contemplar en sus programas de rehabilitación para hacer llegar esos fondos a comunidades de propietarios y particulares. En el texto se abordarán asuntos como, por ejemplo, el ahorro energético que será necesario obtener para que la obra cuente con financiación pública. El decreto también regulará la manera en que los Ayuntamientos y comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con el Estado para la edificación de hasta 20.000 viviendas sociales usando 1.000 millones de los fondos europeos.

La segunda norma a la que ha aludido la ministra Sánchez es un real decreto ley “para impulsar la rehabilitación edificatoria y la promoción de vivienda en alquiler”. La fórmula del real decreto ley, explican en Transportes, es necesaria porque este texto modificará algunas leyes actuales. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las comunidades de vecinos, para aliviar la mayoría necesaria para aprobar obras de rehabilitación en un edificio (actualmente se requiere la aprobación de tres quintos del vecindario y la idea es que baste con una mayoría simple). Se trata, en definitiva de “solventar los cuellos de botella” que han dificultado hasta ahora que la rehabilitación de vivienda cobrase fuerza en España, donde esta actividad tiene menos fuerza que en países del entorno como Portugal, Francia o Alemania. Y ya de paso debe servir también para dinamizar la rehabilitación una vez desaparezca el gran incentivo del dinero llegado de Europa.

El nuevo plan estatal, para octubre

Pese a que los dos decretos suponen la movilización total de 5.520 millones, está será progresiva. Para este año, los planes que el Ejecutivo remitió a Europa contemplaban unos 1.150 millones. Los fondos procedentes de Bruselas pueden liberarse hasta 2023 y los proyectos que dependan de esos fondos tendrán un plazo de ejecución un poco más amplio. La intervención sobre más de 500.000 viviendas que contempla Transportes se da como margen hasta 2026.

Además, Sánchez ha anunciado también en la comisión parlamentaria que el Consejo de Ministros verá el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 (este año caduca el actual plan, que arrancó en 2018) el próximo octubre. En el mismo, ha especificado habrá “medidas especiales para los jóvenes”. La ministra ha señalado asimismo que su departamento continúa trabajando en el anteproyecto de la futura Ley de Calidad de la Arquitectura. Sobre la Ley de Vivienda, que acumula meses de retraso sobre los plazos prometidos inicialmente y ha provocado fuertes choques entre los dos socios de Gobierno, ha dicho que la intención es llevar el proyecto de esa norma al Congreso “lo antes posible”.