Economía alargará el plazo de pago de las ayudas directas a empresas a 2022 para evitar que se pierdan

El Gobierno alargará el plazo para repartir las ayudas a empresas y autónomos más allá del 31 de diciembre que estaba previsto. Estas subvenciones fueron aprobadas en marzo de este año por valor de 7.000 millones de euros y las comunidades son las encargadas de repartirlas. Sin embargo, la mayor parte de las autonomías señalan que no conseguirán dar más fondos a menos que se cambien los criterios de elegibilidad que fija el decreto. Así que este aplazamiento empuja al Ministerio de Economía a modificar las condiciones de acceso a estas ayudas para que lleguen a más beneficiarios. Sobre todo se espera que se aclare la financiación de pérdidas generadas por costes fijos. De lo contrario, esta prórroga no servirá para nada, señalan varias comunidades consultadas.

Un año y medio después del inicio de la pandemia, cuando otros países ya han desembolsado todas sus ayudas, en España todavía hay serios retrasos para entregarlas. Las comunidades reconocen que todavía no han abonado buena parte de las subvenciones. Por ejemplo, Madrid ha ejecutado el 56%. Andalucía apunta que el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre y por ahora tiene una horquilla por resolver entre 300 y 500 millones, muy por debajo de los 1.000 millones asignados. País Vasco también ha ampliado hasta el 30 de septiembre y con las solicitudes recibidas no cree que se llegue ni de cerca al 50% del dinero presupuestado. La Comunidad Valenciana ha tenido que retrasar la entrega para ampliar los criterios y poder llegar a más empresas y autónomos. Baleares espera publicar este jueves sus primeras resoluciones y tener pagado el 100% de los fondos a finales de septiembre. Y Aragón concluye el plazo de su convocatoria el 10 de septiembre y empezará a pagar a mediados de octubre. Galicia, Navarra y Extremadura también tienen todavía abiertas sus convocatorias.

Este miércoles, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, avanzó en una entrevista en Onda Cero que ha solicitado a Bruselas una prórroga del marco extraordinario de ayudas de Estado aprobado por la covid para poder entregar estas subvenciones más allá del 31 de diciembre. El decreto de marzo establecía que las comunidades tendrían que devolver cualquier dinero que no hubiese sido abonado antes de final de año.

Calviño admitía así que buena parte de las ayudas todavía no se han repartido: “Es verdad que el ritmo de ejecución de las comunidades autónomas está siendo muy desigual. Hay algunas que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas”. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya culpó esta semana a las autonomías de desplegar las ayudas de forma dispar.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos consultados se quejan de que simplemente están repartiendo las ayudas según las solicitudes que reciben y de acuerdo con una legislación que ha fijado el Ministerio de Economía y que en su opinión es muy restrictiva. Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, explica: “Realizando un gran esfuerzo de gestión garantizamos el pago de las solicitudes presentadas antes del 31 de diciembre. Pero no podemos luchar contra las condiciones que están limitando las solicitudes presentadas y que la comunidad autónoma no puede cambiar”.

La principal alegación de las comunidades es que solo pueden abonar aquellas facturas impagadas hasta el 31 de mayo y que muchos empresarios han hecho el esfuerzo para estar al día y, por lo tanto, no tienen facturas con las que pedir estas ayudas. “Se está premiando al moroso y se está dejando a muchos autónomos fuera”, señala Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA.

Por ejemplo, el País Vasco solo ha recibido 4.100 solicitudes sobre las 35.000 que esperaban. Fuentes del departamento de Economía del Gobierno vasco señalan que la caída de la facturación debería ser un hecho suficiente para conceder la subvención. Y añaden que tendrían muchas más solicitudes si se elimina la condición de que tengan una deuda.

Según los números que maneja ATA, en Andalucía solo ha habido 36.000 solicitudes de ayudas cuando en la región hay 560.000 autónomos. En Madrid, 33.000 solicitudes frente a 460.000 autónomos. En Castilla y León, 11.000 frente a 190.000. Y en Galicia, 5.300 frente a 209.000 autónomos.

Ante el escaso éxito de estas convocatorias, tres autonomías han empleado criterios más amplios. En la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, si la empresa está en pérdidas también se compensan los costes fijos que haya tenido sin importar si están pagados o no. Se trata de un criterio que el Ministerio de Economía ha validado y considera que está recogido en la legislación. Sin embargo, el resto de comunidades rechaza esta interpretación y no lo aplican porque, según señalan, no está incluido en el texto del decreto. “Supone asumir un elevado riesgo de que la intervención rechace más adelante la ayuda y pida la devolución del dinero”, subraya Miguel Ángel García.