El empresario vizcaíno que imponía maratones de trabajo de hasta 26 horas responde a los empleados: “Les hacíamos un favor”

El responsable de Ajos y Cebollas del Txorierri, A. Rodríguez cree que algún sindicato “ha engañado a los cuatro empleados” que le denunciaron por explotación laboral “para que cuenten algunas historias falsas”. Los trabajadores describieron ante la Policía Nacional de Bilbao que a veces les encerraba en la empresa a pelar cebollas durante 26 horas en lo que “el jefe” llamaba “maratones”. Por esas jornadas pagaba cinco euros la hora. Eran trabajadores sin contrato ni permiso de residencia a los que retribuía en negro, después de jornadas interminables, como certificó la Inspección de Trabajo. “Me pedían trabajar unas horas y les hacíamos un favor”, asegura a EL PAÍS el empresario, contra el que pesan varios presuntos delitos por infringir la legislación en materia laboral y de seguridad social.

“Sé que hice mal y tendré que pagar por ello”, reconoce. Pero rechaza algunas de las acusaciones de los empleados, todos ellos extranjeros y sin la documentación en regla. El empresario regresó a la planta poco después de las cinco de la tarde de este miércoles, tras hacerse pública la denuncia de sus empleados. Una hora más tarde explicaba a este diario su versión de los hechos. Según su relato, había personas que se le ofrecían en Mercabilbao en momentos puntuales de mucha demanda. Él entonces “les cogía”, pero eran trabajadores ocasionales, no estaban siempre en la planta situada en uno de los polígonos industriales de Zamudio. A partir de ahí sí reconoce que a veces prolongaban la jornada de trabajo. Según su versión, de las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana del día siguiente, pero nunca las 26 que ellos han denunciado. “Eso es falso”, asegura.

Otro de sus empleados confirmó, sin embargo, durante la misma tarde del miércoles, que los “maratones” son un hecho, pero que en ocasiones eran solicitados por los propios empleados porque sacaban 130 euros de golpe. Ajos y Cebollas del Txorierri envasa esos dos productos sin precocinar, después de limpiarlos y seleccionarlos, para exportarlos a toda España. “Pero estas personas venían cuando querían, no tenían horarios fijos ni nada, y sobre todo era en verano. Es mentira que durmieran aquí”, asegura Rodríguez.

En una furgoneta destartalada con el logo de la empresa, aparcada en el polígono industrial, junto a la planta de procesado de ajos y cebollas, estaba, aparente dormido, un joven que poco después de las cinco de la tarde entró a las instalaciones de la empresa. Ese era el lugar destinado al descanso de algunos trabajadores de la empresa. “Rechazo tajantemente que se les fastidiara, todo lo contrario, a la hora de cobrar se les redondeaba para arriba”, asegura el empresario, que se enfrenta a varios delitos contra los derechos de los trabajadores y a multas de hasta 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar ante el juez de guardia la pasada semana, el empresario quedó en libertad, pero a disposición del juzgado.

Rodríguez también rechaza que cuando sufrían algún accidente laboral como consecuencia de su trabajo y tenían que acudir a los servicios médicos, les aleccionaba para que no mencionaran ni la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones, como describieron los empleados en la denuncia. “Yo quería regularizarles, pero ellos ni querían ni podían por su situación legal, preferían el dinero”, explica. “Viéndolo en plan positivo, esto me va a venir bien porque voy a poder regularizarles y tenerlos legales. Pero la publicidad negativa de hacerse público me va a hacer polvo”, admite.

Tras la denuncia de los trabajadores, un grupo de agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia se presentaron la pasada semana en el polígono industrial Ugaldeguren II, donde está ubicada la empresa. Identificaron en su interior a un total de ocho trabajadores. De ellos, cuatro estaban sin permiso de residencia ni contrato de trabajo. Tras comprobar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por estas víctimas, los investigadores les concedieron el carácter de testigos protegidos.