La deuda pública escala en junio hasta el récord de 1,42 billones de euros

La crisis provocada por el coronavirus continúa golpeando las cuentas públicas. La deuda del conjunto de Administraciones engordó en junio hasta los 1,42 billones de euros, el volumen más alto jamás registrado. Esta cifra se corresponde al 122,1% del producto interior bruto (PIB), de acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España. Este porcentaje es inferior al 125% alcanzado en el primer trimestre del año, pero aún está por encima de las previsiones del 119,5% que el Gobierno tiene para el cierre de este ejercicio.

El parón de la actividad económica causado por los confinamientos a lo largo del año pasado supuso una factura enorme para las cuentas públicas. La abrupta caída del PIB y el aumento de las necesidades de financiación para apuntalar el gasto hizo avanzar la deuda de las Administraciones desde el 95,5% del PIB en 2019 al 120% en 2020, la cuarta ratio más alta de la UE y el mayor incremento de la deuda española en puntos porcentuales desde que hay registros.

Los datos publicados este martes por el supervisor bancario reflejan una subida de 23.478 millones de euros con respecto a mayo, y un repunte del 10,4% en comparación con junio de 2020. El grueso del pasivo se concentra en manos del Estado (1.235.196 millones), que bate récord con 19.632 millones más con respecto al mes anterior. La Seguridad Social aumentó sus números rojos en 6.501 millones (hasta los 91.855 millones), un incremento del 33,4% con respecto a un año antes. Las comunidades autónomas y los municipios también engordaron su deuda hasta junio, en 3.427 y 57 millones respectivamente, cerrando el primer semestre con un volumen de pasivo de 312.929 y 22.689 millones.

Previsiones

La deuda del conjunto de las Administraciones había cerrado el primer trimestre del año en el 125,3% del PIB, la ratio más alta en 140 años. El Ministerio de Economía justificó entonces esa tasa como un incremento “estacional” debido a al aumento de las emisiones por los mayores vencimientos en abril, y aseguró que iría bajando a lo largo del año. Subrayaba entonces su absoluta compatibilidad con las previsiones marcadas en la actualización del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas a finales de abril. Según las estimaciones del Ejecutivo, el pasivo se situará en el 119,5% del PIB este año, bajará al 115,1% en 2022 por la mejora de la actividad y la reducción del déficit, caerá al 113,5% en 2023 y al 112,1% en 2024, una cifra aún muy elevada y muy lejos del límite del 60% que marca actualmente el Pacto de Estabilidad europeo.

La diferencia entre ingresos y gastos públicos, que en 2020 alcanzó el 11%, bajará a un ritmo más intenso: el Gobierno prevé que el déficit retroceda hasta el 8,4% del PIB en 2021, al 5% en 2022 hasta cerrar 2024 en el 3,2%, cerca del umbral máximo marcado por las actuales reglas de la UE, que Bruselas decidió suspender ante el embate del coronavirus y que están ahora a la espera de una revisión. Estas previsiones se elaboran a partir de un escenario inercial, sin tener en cuenta las posibles reformas que podrían implementarse a lo largo de este año, y recibieron el aval de la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por las cuentas públicas. Aunque con un aviso: la necesidad de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.