Colombia propone subir impuestos a las empresas como solución temporal tras el fracaso de la reforma fiscal

Colombia tiene una segunda propuesta para recaudar más impuestos y esta vez se espera que se convierta en ley. Las empresas aportarán casi el 70% de los nuevos ingresos, se atacará la evasión y el Gobierno se apretará el cinturón para gastar menos. Si la iniciativa pasa tal y como la envió al Congreso el Ministerio de Hacienda, se cumpliría la promesa de no afectar a la clase media, lo que hace unos meses detonó indignación y alimentó protestas masivas contra el Gobierno que han continuado hasta la fecha.

La cuarta economía más grande de América Latina, viene cargando desde hace años con deuda que presiona las finanzas públicas. La crisis económica por la pandemia de la covid-19 empeoró la situación, al mismo tiempo que el Gobierno incrementó su gasto para suavizar el choque del desempleo. El presidente Iván Duque intentó en abril pasar una ambiciosa reforma fiscal que hubiera hecho de los programas asistenciales una renta básica universal, pero incrementaba la base de contribuyentes, cargando con impuestos a miles de colombianos que hoy no tributan por vivir con un ingreso medio.

La reacción fue explosiva. Los ciudadanos, quienes ya habían empezado a protestar en contra la desigualdad y la pobreza en 2019, retomaron las calles a partir de la propuesta fiscal. Las manifestaciones evolucionaron hasta incorporar otros descontentos y la policía respondió con represión. Cincuenta personas perdieron la vida. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció y las agencias de riesgo crediticio recortaron la calificación de la deuda soberana de Colombia ante la imposibilidad de pasar una reforma que asegurara la solidez financiera del Gobierno.

Fue entonces que José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, tomó las riendas del Ministerio de Hacienda y comenzó a preparar una segunda propuesta, la cual envió al Congreso el martes. Esta vez, el Gobierno propone eliminar algunos beneficios que gozan grandes contribuyentes, como empresas, y revisar el pago de impuestos de los últimos cinco años. El Gobierno busca recaudar el equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 15,2 billones de pesos (3.900 millones de dólares).

“Es una reforma menor y no tan ambiciosa, es muy probable que sea aprobada”, dice Benito Berber, economista jefe para América Latina del banco de inversión Natixis. La propuesta modifica la regla fiscal, limitando el endeudamiento en el mediano y largo plazo. “Creo que es importante que el Gobierno es muy honesto y dice: ‘Bueno, otras reformas fiscales van a ser necesarias para que se pueda cumplir con el compromiso de la regla fiscal’, es decir, otras administraciones van a tener que hacer otras reformas fiscales”.

Durante una década, las agencias de riesgo calificaron la deuda soberana de Colombia con grado de inversión, el cual se traduce a mejores tasas de interés. Pero, en mayo, la firma S&P recortó su calificación y la siguió la agencia Fitch a principios de julio. Esto detonó en la salida de inversiones financieras del país y en una depreciación de la moneda, en comparación con sus pares en Latinoamérica. Hay dos condiciones en los mercados internacionales que han acolchonado la caída de la deuda colombiana, explica Berber. Primero, las tasas en Estados Unidos están bajas y, segundo, el incremento en los precios del petróleo, exportación principal de Colombia.

“Es muy limitado el costo que ha pagado Colombia por haber perdido el grado de inversión. Ahora bien, en el mediano plazo, o cuando esas condiciones cambien, se va a ver muy claro el impacto”, apunta Berber, al teléfono desde Nueva York. “Hay un impacto directo de perder el grado de inversión y el costo que paga la gente es en transferencias directas, en salud, en educación, en salarios a la burocracia”.

En comparación con la deuda soberana de México, también un país exportador de petróleo y su par en la región, la deuda colombiana pagaba menos impuestos a finales del año pasado. Eso cambió en mayo y a partir de la pérdida del grado de inversión. Colombia ya paga el 12% de sus ingresos en intereses de su deuda. Esto está por encima de Perú, que paga el 8,4%, y Chile, que paga el 4,8%, de acuerdo con un análisis de Natixis. De seguir en el camino de gasto y recaudación en que va Colombia, y si el país no se esfuerza por bajar su deuda, este porcentaje subirá, estima Berber.

En Colombia hay conciencia de que recuperar el grado de inversión va a tomar largos años, apunta el economista Ricardo Ávila, analista senior del periódico El Tiempo. “La pregunta es cómo minimizar el costo”, señala. La reforma “está lejísimos de la propuesta ideal para los técnicos. Es una propuesta que no soluciona los problemas de fondo, y el mensaje que se infiere es que al próximo Gobierno le va a tocar meterle el diente al tema”, argumenta.

Mientras en otros países la mayoría de los impuestos de renta los pagan las personas y no las empresas, en una proporción cercana a 70-30, en Colombia es al revés. Hay muchos bienes y servicios excluidos del impuesto al valor añadido (IVA) y además hay un régimen muy generoso de exenciones y deducciones. “Cuando se mezclan todos esos temas es absolutamente claro que Colombia sigue en mora de la famosa reforma tributaria estructural”, sostiene. Las cuentas no dan, entre otras razones, porque la pandemia aumentó los gastos permanentes y el déficit fiscal de este año de 8,6% del PIB es el más alto en la historia del país.

La espina dorsal de la propuesta de Restrepo es volver a aumentar los impuestos de renta para las empresas. “Eso es lo que la hace digerible desde el punto de vista político, pero eso no quiere decir que sea ni mucho menos lo ideal. Todos los analistas saben que implícitamente sigue habiendo una gran fragilidad fiscal” en un país que recauda como proporción del tamaño de su economía menos impuestos que el promedio de América Latina, sostiene Ávila. “El escenario de Colombia en el largo plazo genera inquietud”, advierte.