El exorbitante poder de los ‘lobbies’ en España

Una de las sensaciones de mayor malestar de los ciudadanos es la constatación de su impotencia ante el descomunal poder de las grandes corporaciones económicas. Esta percepción es especialmente acentuada en sus relaciones con los bancos, eléctricas, aseguradoras, distribuidoras de agua y otras entidades de las que los ciudadanos dependen para la obtención de servicios básicos. La sensación de indefensión ante eventos como una subida de tarifas o la aplicación de nuevas comisiones bancarias está cada vez más generalizada.

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Un reflejo de esta situación es la abrumadora cifra de reclamaciones que han recibido las entidades financieras por parte de sus clientes, que superan los cuatro millones durante la última década, la mayoría de las cuales no han sido estimadas.

Los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales de manera masiva. Debido a la avalancha de demandas por proliferación de disposiciones abusivas en los contratos para la adquisición de viviendas (cláusulas suelo, gastos o ejecuciones hipotecarias) se crearon unos juzgados especiales en 2017, que están colapsados tras recibir más de 600.000 demandas. Los jueces fallan a favor de los demandantes en un 97% de los casos, basándose sobre todo en el derecho europeo. Sin embargo, casi 250.000 asuntos están pendientes de resolución y algunos casos tienen fecha de juicio para dentro de tres años. El Gobierno acaba de prorrogar la actividad de estos juzgados hasta finales de año.

Esta elevada litigiosidad tiene un elevado coste de reputación para la banca. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, recordó recientemente en el Colegio de Abogados de Málaga que la confianza de los españoles en el sector era la segunda más baja del mundo, después de Irlanda. Delgado destacó que el riesgo de conducta de las entidades “tiene su efecto directo en el ratio de solvencia” de las entidades. Esto explica que la banca española sea la menos solvente de Europa, según el Banco Central Europeo.

Las decisiones judiciales son especialmente relevantes porque se producen a pesar de las dificultades del proceso, que se ha convertido en “un arma de disuasión”, como ha señalado el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, en Corporaciones versus consumidores: el proceso como disuasión, en la revista Jueces para la Democracia, información y debate. El magistrado sostiene que “la mayoría de quienes tienen derecho a reclamar no lo hacen, disuadidos por el coste económico y emocional que supone todo el proceso”.

La cuestión de fondo que desvela Rodríguez Achútegui es la enorme capacidad de las grandes corporaciones para influir en el legislador para imponer sus intereses. Califica de “vergonzosos ejemplos de sumisión al interés privado de los intereses generales” la Ley 1/2013 “pomposamente llamada ‘de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social’ o el Real Decreto ley 1/ 2017, de 20 de enero, ‘de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. Para el magistrado “un legislador que dicta disposiciones generales sistemáticamente contrarias a las normas nacionales y europeas, como demuestran las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hasta en tres ocasiones declararon contrarias al acervo de la UE la Ley 1/2013, no lo hace sin un motivo, y este es, seguramente, la clara influencia de los lobbies empresariales”.

A la conocida deficiencia de la protección del derecho a la vivienda se suma la falta de regulación de los grupos de interés en España, que actúan con toda impunidad en defensa de los intereses de las grandes corporaciones.

La exhibición de un poder exorbitante por parte de ciertos sectores como el financiero ha quedado patente estos días por su reacción airada a las actuaciones regladas de los supervisores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una institución más necesaria que nunca que hay que fortalecer para que pueda asegurar unas relaciones menos desiguales entre las grandes compañías y los ciudadanos.