Caso 'Dieselgate'

La justicia francesa imputa a Volkswagen, Renault y Peugeot por el ‘caso dieselgate’

Los gigantes automotores rechazan haber usado programas para encubrir las emisiones contaminantes de algunos coches diésel. Se esperan nuevas acusaciones contra Fiat y Citroën

Trabajadora de la planta de Stellantis en Zaragoza. El grupo ha anunciado su imputación en Francia por el denominado dieselgate
Trabajadora de la planta de Stellantis en Zaragoza. El grupo ha anunciado su imputación en Francia por el denominado dieselgate

La justicia francesa ha pisado el acelerador en el denominado caso dieselgate. Esta semana se han conocido, en cascada, sendas imputaciones por “fraude” contra Volkswagen, Renault y ahora Peugeot, por la presunta utilización de programas para encubrir las emisiones contaminantes de algunos motores diésel de generaciones precedentes, que en el caso de la compañía alemana ya le ha llevado a pagar multimillonarias sanciones en otros países. Pese a las aseveraciones acerca de que no han hecho nada malo —o en el caso del gigante germano, que ya ha pagado por ello—, el caso promete seguir provocando inquietud entre los grandes del automóvil europeo: según ha reconocido Stellantis —la fusión de PSA y FCA consumada a comienzos de este año— otras dos marcas de la compañía, Fiat y Citroën, recibirán de forma inminente sus propias convocatorias ante el tribunal de París que lleva el caso.

La última imputación fue dada a conocer por la propia Stellantis. En un comunicado, el grupo que reúne marcas emblemáticas como Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati, Alfa Romeo, Opel, Jeep o Chrysler, anunció cerca de la medianoche del miércoles al jueves que los jueces instructores franceses han imputado a la marca del león por “acusaciones de fraude sobre la venta de vehículos diésel Euro 5 que tuvo lugar en Francia entre 2009 y 2015”. Según la Agencia France Presse, una fuente judicial ha confirmado la imputación por “fraude que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal”.

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A la par, Stellantis revela que ha tenido que depositar una fianza de 10 millones de euros —8 millones para el potencial pago de daños y multas y otros dos por posibles costos de representación ante los tribunales— y presentar una garantía bancaria de 30 millones por si tuviera que abonar indemnizaciones.

Aunque se ha mostrado dispuesta a cooperar con la justicia, Stellantis ha anunciado que estudiará recurrir esa imposición monetaria y que rechaza los cargos. “Las compañías creen firmemente que sus sistemas de control de emisiones cumplían todos los requisitos aplicables en aquellos momentos y siguen creyéndolo, y esperan con impaciencia la oportunidad de demostrarlo”, subraya el comunicado, en el que además considera que la imputación le permitirá a Stellantis acceder al expediente del caso para defenderse mejor.

La imputación de Stellantis se conoce un día después de que Renault recibiera la misma notificación y la imposición, en este caso, de una fianza de 20 millones de euros y una garantía bancaria por 60 millones más. También los galos rechazan categóricamente “haber cometido la mínima infracción” y aseguran que sus coches “no están equipados de programas informáticos de fraude” para ocultar emisiones. “Renault ha respetado siempre la legislación francesa y europea. Los vehículos Renault han sido homologados todos, siempre, conforme a la ley y a las reglamentaciones en vigor en la época”, subraya.

Aunque la imputación original, contra el grupo alemán Volkswagen, data de comienzos de mayo, la compañía en el origen del dieselgate solo ha confirmado la notificación francesa esta semana, después de que Renault primero y Stellantis después anunciaran sus sendas inculpaciones. En un comunicado, Volkswagen no obstante recuerda que ya ha pagado una fuerte sanción —en 2018 un tribunal alemán le obligó a pagar una multa de mil millones de euros— por hechos que “incluían los vehículos comercializados en Francia”. Más allá de que la empresa insiste en que el pago de la multa “no implica reconocimiento alguno de los presuntos hechos ni su responsabilidad”, subraya que el caso francés debería ser rechazado porque supondría una doble condena por los mismos hechos, algo que rechaza la ley.

El dieselgate, que ha desencadenado acciones legales en muchos países, ya le ha costado a Volkswagen 30.000 millones de euros (36.500 millones de dólares), en gran parte en Estados Unidos, donde el grupo alemán se declaró culpable de fraude en 2017, recuerda AFP. En 2015, Volkswagen reconoció haber equipado 11 millones de sus vehículos diésel con un software capaz de ocultar emisiones que a veces superan 40 veces las normas autorizadas. Desde entonces, las ventas de automóviles diésel se han desplomado.

Hace poco más de un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió la puerta a posibles juicios en diferentes países al fallar que un fabricante de automóviles cuyos vehículos manipulados ilegalmente son revendidos en otros Estados miembros “puede ser demandado ante los órganos jurisdiccionales de dichos Estados”. El pasado 7 de mayo, un día después de la imputación de Volkswagen por el tribunal parisino, el tribunal de apelación de Pau, en el sur de Francia, condenó a la filial francesa de Volkswagen a indemnizar con 4.000 euros a un conductor de un vehículo de la marca alemana afectado por el dieselgate, en lo que constituyó la primera sentencia contra el gigante germano en el país.

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