Bruselas expedientará a Berlín por la sentencia contra el programa de deuda del BCE
El fallo de Karlsruhe puso en cuestión la primacía del derecho europeo y el tribunal de Luxemburgo


Bruselas no dejará pasar el desafío emprendido por el Tribunal Constitucional alemán al cuestionar el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE). Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea abrirá este miércoles un expediente infractor a Berlín por enfrentarse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y poner en duda su supremacía al contravenir su decisión de avalar el plan con el que Mario Draghi salvó al euro. A pesar de haber transcurrido más de un año desde la sentencia, el Ejecutivo comunitario no quiere obviar el seísmo institucional provocado por Karlsruhe para no poner en peligro la primacía del derecho comunitario ante los continuos envites de Polonia y Hungría.
La sentencia del Constitucional alemán se sintió mucho más en los cimientos institucionales de la UE que en los mercados, que fueron calmados casi de inmediato por Christine Lagarde al manifestar que no estaba bajo la jurisdicción de la justicia alemana y, por tanto, no se daba por aludida por esa sentencia. Sí provocó un enorme choque institucional al poner en duda la autoridad del TJUE, que respondió con contundencia a los jueces alemanes al declararse como el único órgano “competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó también a Karlsruhe con la apertura de un expediente al considerar que el tribunal se estaba entrometiendo en asuntos que tenían que ver con “el propio núcleo de la soberanía europea”. Sin embargo, la Comisión decidió rebajar el tono y proseguir con el análisis jurídico de la sentencia. Según avanzó la agencia DPA y confirmaron fuentes comunitarias, por fin este jueves Bruselas abrirá expediente a Alemania.
La sentencia del Constitucional alemán —que respondía una demanda de un grupo de ciudadanos, entre ellos el economista y fundador del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Bernd Lucke y el exdiputado de la CSU Peter Gauweiler— exigía al BCE pruebas de que actuó de forma proporcional con su programa de compras y le dio tres meses para justificarlo. En caso contrario, instaba al Bundesbank —con un 26% del capital en el organismo— a dejar de participar en las compras. Ese extremo hubiera tenido unas consecuencias impredecibles para la deuda de los países de la UE, en especial para países como España e Italia.
Sin embargo, una vez disipado ese riesgo, en Bruselas la preocupación estaba en cómo esa sentencia podía hacer tambalear la estructura jurídica de la UE. En especial, cuando la Comisión ha llevado a Polonia ante el tribunal de Luxemburgo por socavar la independencia judicial.
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