Los Amodio se retiran “temporalmente” de la puja por Abengoa

La sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares ha retirado su oferta por Abenewco1 tras conocer la decisión de los hermanos Luis y Mauricio Amodio de retirar su plan para hacerse con la empresa, después de que hallaran “riesgos imprevistos” en la compañía al realizar una auditoría. Además, añade que el grupo “tiene enfocadas sus inversiones, esfuerzos financieros y humanos a la potencialización de sus negocios a nivel global”. De esta forma, el grupo mexicano Caabsa, que es a través del que habían anunciado su intención de comprar, decidió este martes por la noche (en hora de México) “desistir temporalmente en la intención de compra de Abenewco1” y, según fuentes de la sindicatura española, será difícil que la recuperen.

Esas fuentes han señalado también que la retirada de los Amodio se ha debido principalmente, además de a la situación financiera del grupo, a las condiciones impuestas por la dirección de Abengoa y los acreedores, más proclives a que entre el fondo californiano Terramar. Este grupo presentó el pasado lunes una oferta concreta que hizo pública a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante esta situación, AbengoaShares, que encabeza el inversor Clemente Fernández, se encuentra de nuevo sin un socio capitalista que pueda hacer frente a la oferta de Terramar. Fernández ha decidido ordenar a sus abogados que canalicen la petición de una junta general extraordinaria de accionistas con el objetivo de aclarar la situación.

La oferta inicial de los Amodio y AbengoaShares, a la que también se había añadido el fondo EPI Ultramar Energy, preveía la petición de rescate valorado en 249 millones solicitado al fondo de solvencia que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La oferta consistía en una aportación de 200 millones de euros, de los que 50 millones se destinarían a ampliar capital, 15 millones corresponderían a un bono convertible y 135 millones llegarían en forma de créditos, que serían financiados por la firma noruega Artic, especializada en inversiones en renovables. A ello se añadiría una línea de avales de otros 50 millones.

La ampliación de capital de 50 millones se habría hecho en dos fases. Una primera, de la mitad de esa cantidad, para todos los accionistas de Abengoa SA, que generarían derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1. Y una segunda por el mismo monto que suscribirían los nuevos socios industriales, que se comprometían a mantener la sede de Abenewco1 en Sevilla y a evitar el despiece del grupo, así como a mantener el empleo y las filiales actuales. Asimismo, tenían como objetivo rescatar a Abengoa SA del concurso de acreedores que presentó en enero.

Reparto del capital

De esa forma, el capital de la actual filial de Abengoa quedaría repartido entre los Amodio, con un 35%; los actuales accionistas, con otro 35%, y un 30% que controlarían los acreedores. AbengoaShares mantenía una participación significativa y garantizaba la españolidad de la compañía. Los minoritarios habían manifestado que la oferta de Terramar representa una amenaza de desgüace del grupo frente a la suya, que significaba “la continuidad de la empresa en España, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la paz social”.

Por su parte, Terramar, que hizo oficial su interés por Abenewco1 el lunes, también ha solicitado una ayuda de 249 millones a la SEPI. Asimismo, propone una ampliación de capital de 60 millones para quedarse con el 70% de la filial. La estrategia se centra en una aportación de 200 millones de euros (150 millones en forma de crédito y 50 millones como capital) para controlar el 70% de la sociedad, el mismo porcentaje que controlarían los Amodio y los actuales accionistas de Abengoa. El resto quedaría bajo el control de los actuales acreedores, si bien el fondo de rescate estatal podría entrar en el capital.

Este miércoles Abengoa ha llevado a cabo un cambio en el consejo de administración con la sustitución de Margarida de la Riva Smith por cristina Vidal Otero, que trabaja en el despacho Ramón y Cajal, de confianza del presidente, Juan Pablo López-Bravo, y de los acreedores.