La CNMC sanciona con 6,3 millones a 22 consultoras y 13 directivos por organizarse en carteles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 5,87 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales firmas que operan en España, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cartel. La Comisión también ha sancionado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los carteles. El organismo ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas.

En total, son 6,3 millones, que se reparten de acuerdo a la facturación de la empresa. La mayor cantidad recae en Deloitte Consulting, con 3,9 millones, mientras a PwC la multa es de 670.000 euros, a Idom Consulting, de 640.000, y a Bmasi Strategy, de 153.529. El resto tienen multas menores de 100.000 euros. Indra ha tenido una reducción del 10%, hasta 27.000 euros, por acogerse al programa de cumplimiento normativo, y PA Consulting se acogió al programa de clemencia. La multa a directivos se reparte entre 13 personas.

La CNMC remite la presente resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. En ese sentido, fuentes consultadas de Deloitte han manifestado que tienen previsto recurrir la sanción, de la que consideran que no se atiene a la realidad de los hechos, extremo que también mantienen otras fuentes del sector afectadas.

Este expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos el ámbito autonómico del País Vasco. En octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.

En febrero de 2019, la Comisión inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de ese mismo año, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la manipulación y en el reparto de licitaciones públicas.

Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional). Mediante estas, constituyeron dos carteles diferenciados. Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas.

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta. En el caso del cartel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao, Santander, Sestao, Barakaldo y Vitoria; diversos departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya.

Por su parte, en el cartel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias y el Gobierno de las Islas Baleares.

Modus operandi

Las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes. Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios.

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Ambos carteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como “ofertas de cobertura”.

A través de las ofertas de cobertura, una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso. En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.