La construcción de las ‘torres gemelas’ sigue paralizada

En sus comparecencias ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados, tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, defendieron, con insistencia y argumentos bien condimentados, un cambio en la supervisión financiera de manera que ambos organismos se dividirían las funciones en el modelo conocido como twin peaks (torres gemelas).

El Banco de España asumiría la supervisión prudencial, esto es, de la solvencia de las entidades bancarias, de valores y seguros, y la CNMV la vigilancia de la conducta de todo tipo de intermediarios y de protección de los inversores y clientes de los distintos productos y servicios financieros. Esto supondría intercambiarse algunas de las funciones que tienen ahora y asumir las de la actual Dirección General de Seguros, perteneciente al Ministerio de Economía y que, precisamente, es donde más pegas se han encontrado tradicionalmente.

A su juicio, el nuevo modelo se adecua a las mejores prácticas internacionales y es el que mejor previene los posibles conflictos de interés que existen entre las distintas áreas sujetas a la supervisión. “Este principio de separación entre dos agencias y que se ejerza de forma unificada para todo el sistema financiero en instituciones separadas debe constituir un elemento central en la reflexión acerca de las mejoras que se pueden introducir en España”, reseñó en su intervención ante los diputados Hernández de Cos.

Fue, seguramente, una de las reclamaciones que la citada Comisión de Calidad Democrática, presidida por Íñigo Errejón, destacará entre sus conclusiones junto con la del reforzamiento de la independencia financiera de los organismos independientes (BE, CNMV, CNMC…). De su redacción, una vez terminadas las comparecencias, se encargan los diputados Ariagona González (PSOE) y Jesús Postigo (PP). Se da la circunstancia de que existe bastante coincidencia de criterios entre los grupos políticos en esta materia, lo que ayudaría a un acuerdo parlamentario holgado.

Pese a ello, no parece que en el Ministerio de Economía exista mucho apetito por sacarlo adelante en contra de la voluntad de los responsables de ambas instituciones. Es más, ha tomado la delantera la creación de la Autoridad para la Protección del Cliente Financiero, un proyecto que la Dirección General de Tesoro tiene muy avanzado a la espera de sacarlo pronto a audiencia pública. La existencia de este organismo se centra en establecer las reclamaciones de los usuarios financieros de baja o media cuantía. La idea es que su uso sea gratuito y el usuario no se tenga que llegar a juicio o al servicio de reclamaciones del BE, así como que pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades.

Inicialmente, la intención del Gobierno en su Agenda del Cambio presentada en febrero de 2019 y elaborada por el equipo de Nadia Calviño, antes de entrar en el proceso de elecciones que se sucedieron ese año, era elaborar un Libro Blanco con un plan de reformas en el que convivían el modelo de supervisión y la citada autoridad de protección al cliente. Suponía, además, rescatar un plan que se había manejado el PSOE en 2016 en el documento que había firmado Pedro Sánchez con el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para un Gobierno reformista que luego no prosperó.

Sin embargo, lo cierto es que la creación de la nueva Autoridad no gusta nada ni en el Banco de España ni en la CNMV porque supone un frenazo en toda regla al proyecto de twin peaks, ya que usurparía parte de las tareas reservadas para la CNMV en el reparto de funciones del modelo que reclaman sus responsables desde los tiempos de Julio Segura y Fernando Restoy (ahora presidente del Instituto para la Estabilidad Financiera).

La CNMV se ocupa ahora de controlar los mercados de renta variable y deuda y también es la responsable de que se cumplan las normas de comercialización de algunos productos financieros (fondos de inversión, los productos cotizados, derivados…) y los estructurados. Con el cambio, controlaría la conducta de las instituciones financieras en todos los ámbitos: servicios de inversión y comercialización de productos financieros, como los depósitos clásicos y las hipotecas, de los que ahora se encarga el Banco de España.

Mientras tanto, Economía ha publicado en audiencia pública la reforma de la Ley del Mercado de Valores, que permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión.