Los bancos costearán la autoridad que protegerá al hipotecado

La Comisión del Congreso para investigar la crisis ha recomendado en sus conclusiones que el modelo de supervisión español evolucione hacia el denominado Twin Peaks. Esta fórmula, de origen anglosajón, divide la supervisión en dos: en un lado pone a un supervisor solo para la solvencia de entidades y fondos. Y en el otro establece un segundo organismo que se dedique exclusivamente a vigilar la conducta de las entidades y proteger al consumidor. De esta forma se evitan los conflictos: por ejemplo, que un supervisor, con tal de asegurar la solvencia de una entidad y mantenerla a flote, permita que esta incurra en prácticas poco recomendables a costa del consumidor o del inversor minoritario. Podría decirse que tal fue el caso de las preferentes.

En estos momentos, el modelo supervisor en España es sectorial. El Banco de España se ocupa de la solvencia de la banca y también de las reclamaciones de los clientes bancarios. Y lo mismo ocurre con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene bajo su escrutinio los mercados financieros y cualquier reclamación que haya de esos clientes. Lo que proponía el Congreso era que la CNMV se quedase con toda la parte de conducta y reclamaciones, y que el Banco de España vigilase los riesgos y la solvencia.

Sin embargo, el Ministerio de Economía cuenta con poco tiempo para poder articular algo tan complejo. Así que ha optado por un paso intermedio. Creará la nueva autoridad independiente de protección al cliente financiero, que solo se encargará de amparar al consumidor y sus reclamaciones. Pero la vigilancia de las conductas seguirá en manos de los supervisores sectoriales. Aunque todavía por cerrar, el presidente del nuevo organismo será designado por la ministra de Economía para un mandato de cinco años no renovables. Y habrá un consejo en el que se sentarán también el vicepresidente de la autoridad, el secretario general del Tesoro y tres consejeros de los supervisores. De modo que estas instituciones seguirían teniendo voz y voto en el nuevo organismo, hecho que algunos expertos critican porque supondría mantener en la protección al cliente la influencia de los supervisores encargados de la solvencia. “Se pretende crear un marco de gobernanza que asegure la independencia de los encargados de las resoluciones y que evite la litigiosidad”, sostiene una fuente al tanto de la redacción del decreto.

Otros afirman que es importante la participación de estas instituciones porque, por ejemplo, para el Banco de España resulta esencial conocer las quejas y problemas que puedan tener las entidades. En todo caso, se creará un canal para que los supervisores tengan la información relevante de los conflictos que se generen.

Esta legislación también da respuesta a la directiva de arbitraje de conflictos, que en España se había puesto en marcha para el consumo pero no para las finanzas, según explica el abogado Fernando Zunzunegui. La legislación europea busca reforzar la confianza del consumidor financiero asegurando que los Estados ofrecen un arbitraje simple, rápido y de bajo coste. Aunque estos mecanismos ya existían, no eran vinculantes para las entidades y muchas veces no se atenían al dictamen del supervisor. Ahora habrá sanciones. La propia directiva exigía que se nombrase a una autoridad que vigile estos arbitrajes.

Pese a que estaba previsto que un real decreto ley estuviera listo para el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, las discusiones entre los organismos involucrados están retrasándolo y aún pueden modificarlo. Fuentes conocedoras explican que se intenta que sea efectivo y ágil. Pero encara dificultades no menores que Economía trata de atajar: podría ocurrir que al ser gratuita y haber ya casi 200.000 reclamaciones en los juzgados, muchas se unan a las más de 40.000 que gestiona al año el Banco de España para inundar el nuevo organismo bajo un efecto llamada.

Otro problema es que la banca pueda impugnar en los tribunales el pago de la tasa como ocurrió con la que financiaba la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Y una tercera cuestión es qué sucederá si los trabajadores de los supervisores no quieren cambiarse a la nueva entidad, que estará dividida en secciones con vocales. Para algunos, se trata de un derroche mantener cuatro entes donde solo debería haber dos. En el comité consultivo participarán asociaciones de consumidores, patronales bancarias y comunidades.