De Cos plantea subir a ocho años el mandato del gobernador y que los consejeros no puedan renovar

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este martes en el Congreso sus recetas para reforzar la independencia del supervisor y de otros organismos reguladores y, en concreto, ha defendido elevar de los seis años actuales a ocho el mandato del cargo que él ocupa, extender la imposibilidad de renovación también a los consejeros del banco y dar un papel más relevante al Parlamento en su nombramiento.

Hernández de Cos ha sido el primer experto citado por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para recabar ideas sobre cómo reforzar la imparcialidad de los órganos y agencias independientes que funcionan en España, con intención de elaborar un informe de recomendaciones que se elevará al Pleno del Congreso.

Hernández de Cos ha planteado la posibilidad de reformar el modelo de supervisión financiero en torno a la división del control de la solvencia de todas las entidades, ya sean bancarias como de seguros y valores, que asumiría el Banco de España, y por otro lado la conducta, los productos financieros y la protección de consumidores e inversores, en torno a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). En su intervención, ha señalado cómo tras la última crisis financiera internacional varios países han modificado sus modelos de supervisión “hacia modelos más integrados y con un mayor papel de los bancos centrales” y ha apuntado un modelo de “separación entre supervisión prudencial y de conducta” y que cada una de estas funciones “se ejerza de forma unificada para todo el sistema financiero”.

Para De Cos, esta separación representa “un esquema institucional óptimo” para gestionar posibles conflictos entre ambas responsabilidades de supervisión y mejorarían su eficacia y eficiencia, ante la existencia de “conglomerados financieros” y la creciente interrelación entre los distintos actores del sector financiero.

Altos cargos avalados por el Parlamento

El gobernador también ha insistido en que el Parlamento debería tener un papel más relevante en el nombramiento de los altos cargos del banco y otros reguladores. Actualmente, corresponde al presidente del Gobierno designar al gobernador previa comparecencia del titular de Economía ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la candidatura.

Pero Hernández de Cos vería bien que los aspirantes a gobernador, subgobernador y consejeros no natos comparecieran en sede parlamentaria antes del nombramiento o bien tuvieran que recibir su aval de idoneidad. Este es un sistema similar al que aplica el Parlamento Europeo en los procesos de elección de los altos cargos de BCE. También ha apuntado que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra selecciona al gobernador y los subgobernadores mediante concurso público.

Aunque se ha centrado en las mejoras para el supervisor, el gobernador es partidario de que se unifiquen los procedimientos para los nombramientos de los organismos independientes y, como premisa general, considera oportuno que todos ellos tengan mandatos superiores a los cuatro años, para desvincularlos de los ciclos electorales, así como que se “persevere” en la imposibilidad de renovación.

En el caso del Banco de España, ha pedido elevar de seis a ocho los años de mandato de sus altos cargos y extender a los consejeros la imposibilidad de renovar (ahora pueden optar a un segundo mandato) que ya rige para el gobernador y el subgobernador.

Para Hernández de Cos, ampliar el mandato además de para acumular experiencia serviría para aumentar la capacidad de influencia en foros internacionales, mientras que, al prohibir las renovaciones, se rebajarían las eventuales tentaciones de los consejeros de aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección.

Transparencia y rendición de cuentas

El gobernador mantiene que la independencia de los organismos independientes debe venir acompañada de unos estándares muy elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, como elementos imprescindibles para otorgarles legitimidad.

Así, además de proponer, que el gobernador comparezca más ante el Congreso, apuesta por la elaboración de códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos de estos órganos que garanticen su independencia del sector público y privado y eviten posibles conflictos de interés.

Hernández de Cos también ha introducido el concepto de ‘buen gobierno’ en el funcionamiento de estos organismos independientes de modo que tengan siempre presente no sólo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o diligencia, sino también la aplicación de procedimientos y de decisiones colegiadas que garanticen la búsqueda del interés público como principal línea de actuación institucional.