Economía promete abaratar la factura del 5G a las operadoras

El Gobierno quiere dejar patente su apuesta por la nueva generación de telefonía móvil 5G, llamada a revolucionar no solo las telecomunicaciones sino el sector industrial. La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha trasladado a las compañías una serie de medidas para impulsar el sector como la rebaja del precio de salida de la subasta por las frecuencias que ocupará el 5G o la tasa que pagan a RTVE actualmente para financiar al ente público en lugar de la publicidad.

Pero como viene siendo habitual en los sucesivos planes económicos y fiscales que presenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la crisis derivada de la pandemia, las promesas no tienen ni calendario de aplicación ni ninguna cifra concreta. En el caso de la subasta, prevista para finales de este mes o principios de junio, según las condiciones preliminares publicadas por el Ejecutivo y que deben ser objeto de la rebaja, los operadores debían cubrir en tres años el 100% de las poblaciones de 20.000 o 50.000 habitantes, mientras que el precio de salida de la subasta por las frecuencias de 700 Mhz se ha fijado en 1.170 millones de euros.

Calviño les ha garantizado que ese importe se rebajará y que además se reordenará la banda de 3,5 GHz para optimizarla y fomentar la inversión en redes, como venían proponiendo las compañías, ya que la proximidad de bloques de un mismo operador mejora la calidad de su servicio.

La ministra, que se reunió este viernes con los directivos de los operadores, también se comprometió a reducir su carga fiscal, comenzando con la rebaja de la tasa del espectro radioeléctrico para el 5G que deberán abonar las compañías en 2022 y 2023, con un ahorro estimado de 90 millones de euros. A cambio, según contempla el Plan de Recuperación, los operadores tendrán que invertir esas cantidades en despliegues en zonas donde no tengan obligación de despliegue de infraestructura.

Tasa de RTVE

Por otro lado, también se contempla la revisión a la baja de la tasa que aportan los operadores para la financiación de Radio Televisión Española (RTVE) desde que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar la publicidad de la televisión pública para favorecer a las privadas, fundamentalmente Mediaset (Telecinco y Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y Cuatro).

Además, se han incluido medidas para agilizar la concesión de los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles y confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de herramientas de conectividad de la Comisión Europea.

En el mismo sentido, el Gobierno modificará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, actualmente en consulta pública, para incluir condiciones técnicas armonizadas válidas para el 5G de cada una de las bandas de frecuencias señaladas en Europa para servicios y comunicaciones electrónicas.

Por el momento, la única medida concreta es la que aprobó recientemente el Consejo de Ministros para extender la duración máxima de las licencias de frecuencias hasta los 40 años (20 años fijos y 20 renovables).

La nueva hoja de ruta también contempla la redacción de una guía de buenas prácticas para entidades locales, un extremo que está contemplado en el plan de recuperación, que destina cuatro millones de euros a la formación y el apoyo a entidades locales para los despliegues de esta tecnología.

Plan de despliegue del 5G

El plan de recuperación destinará un total de 4.000 millones de euros a impulsar la conectividad, el despliegue de 5G y la seguridad. Entre sus ejes se encuentra la inversión de 812 millones de euros en extender la banda ancha ultrarrápida, 109 millones de euros en la hoja de ruta 5G, además de 480 millones de euros para el refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial.

Asimismo, el despliegue del 5G recibirá inversiones públicas por 1.400 millones de euros, mientras que para el de infraestructuras digitales transfronterizas se destinarán otros 500 millones de euros. Entre los objetivos del plan se encuentra que el 100% de los españoles tengan Internet a una velocidad de 100 Mbps, una medida con la que se busca cerrar la brecha de acceso a Internet.