España reclama que los fondos europeos den prioridad a la cohesión social y a la igualdad de género

España ha propuesto a la Unión Europea que eleve el gasto social a la misma categoría de las dos grandes prioridades que se ha fijado Bruselas: las transiciones verde y digital. En vísperas de la cumbre social de Oporto de la semana que viene, España ha elaborado un documento en el que reclama que los planes de recuperación den prioridad a la cohesión social y la igualdad de género. También pide que las reglas fiscales dejen espacio para la inversión en educación o salud.

España eleva su perfil en vistas a la cumbre social de Oporto, que quiere que sirva para acelerar el desarrollo del llamado Pilar Social. En un non paper (un documento diplomático) sobre una “renovada y ambiciosa agenda social europea”, España ve necesario “integrar la dimensión social en los actuales debates” en el seno de la UE al entender que la dimensión social es clave para avanzar en todos los grandes asuntos que Europa tiene sobre la mesa, desde el objetivo más inmediato de procurar que la economía remonte hasta la meta de fondo de la transición ecológica.

España quiere que esa agenda se plasme en un plan de acción que incluya varios paquetes de medidas. Algunos de ellos están marcha, pero necesitan un empuje político de los Veintisiete. Entre otros, está la directiva para un salario mínimo, la reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores empleados en plataformas digitales o la directiva que quiere aportar transparencia a las retribuciones para castigar a las empresas que paguen menos a las mujeres.

El documento de España propone que, para fortalecer el llamado pilar social, los planes de recuperación “deben priorizar la cohesión social y territorial y la igualdad de género”, así como “perseguir una plena recuperación de los estándares de bienestar, contribuyendo a una convergencia social”. El documento hace también especial énfasis en la inclusión y la protección social. España propone, en concreto, que la UE avance en objetivos a largo plazo como la lucha contra la falta de techo, el fomento de la vivienda asequible y el acceso a servicios esenciales o la garantía de unos ingresos mínimos.

El Gobierno también cree que la óptica social debe tenerse en cuenta en el contexto de “la revisión y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, que la Comisión Europea ha aparcado hasta finales de año. El Ejecutivo es partidario de que las reglas fiscales europeas favorezcan el gasto social en sanidad y educación para lograr un crecimiento “fuerte e inclusivo”. “En este contexto, la cláusula general de escape necesita estar activada hasta que hayamos recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Debe haber espacio para las políticas de inversión que garanticen un crecimiento equilibrado y sostenible a medio y largo plazo”, apunta. “La UE debe avanzar hacia una Europa Social, porque solo una UE que anteponga a sus ciudadanos podrá crear un verdadero sentido de pertenencia al proyecto europeo. Nadie puede quedar atrás”, concluye.