ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas

El banco holandés ABN Amro ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos para pagar una multa de 480 millones de euros por no haber hecho lo suficiente para prevenir el lavado de dinero a través de sus cuentas entre 2014 y 2020. El pacto, anunciado este lunes, evita que el caso llegue a juicio. Los fiscales han confirmado a su vez la apertura de sendas investigaciones sobre la labor de tres antiguos directores de la entidad bancaria. Entre ellos figura Gerrit Zalm, que fue ministro de Finanzas y luego presidente del consejo de administración de ABN Amro entre 2008 y 2016. Ahora trabajaba en el banco danés Danske Bank, que ha anunciado su dimisión como miembro de la junta directiva. En 2018, ante una negligencia similar, ING tuvo que desembolsar 775 millones de euros cuando la propia Fiscalía dio por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes “pudieron blanquear cientos de millones de euros porque nadie les supervisaba”.

En un comunicado publicado este lunes, la Fiscalía señala que “varios clientes de ABN Amro pudieron usar sus cuentas para llevar a cabo actividades delictivas durante largo tiempo, debido a la falta de previsión bancaria para impedir el lavado de capital y la posible financiación de actividades terroristas”. Entre los ejemplos citados, aparecen dos clientes que enviaron sobornos para la constructora brasileña Odebrecht a través de sus cuentas bancarias.

Otro de los casos es el de un empleado de Royal Flora Holland —una de las casas de subastas de flores más importantes del mundo— que defraudó millones de dicha entidad. Era un adicto al juego, y la cantidad sustraída fue de 4,3 millones de euros canalizados a través de una cuenta de ABN en Gibraltar, así como varias sociedades limitadas y páginas web de juego. El trabajador en cuestión acabó en la cárcel. Wopke Hoekstra, ministro de Finanzas en funciones, ha criticado y lamentado en su cuenta de Twitter los fallos del banco y ha dicho que analizará “las consecuencias con sus responsables”.

A pesar de que ING fue investigado por la Oficina Antifraude y multado en 2018, sus colegas de ABN Amro no analizaron sus números hasta bien entrado 2019, según la prensa financiera holandesa. Ese año, la Fiscalía abrió la investigación porque los responsables bancarios no habían alertado acerca de las operaciones “poco frecuentes” llevadas a cabo a través de sus cuentas. La identidad de los clientes tampoco fue comprobada a fondo, y la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades demasiado tarde, según el ministerio público. El banco tenía motivos para saber, según la Fiscalía, que el dinero que entraba y salía de esta forma podía proceder de un entorno delictivo, ya fuera corrupción, fraude o tráfico de drogas.

Cuando se anunciaron las indagaciones, el Banco Nacional Holandés ordenó a ABN Amro que estudiara a fondo el origen de sus cinco millones de cuentas privadas. Kees van Dijkhuizen, entonces director ejecutivo y hoy jubilado, explicó: “Tenemos que saber exactamente qué hacen nuestros clientes con sus cuentas; debemos poner orden porque la gente está descontenta”. Este lunes, la entidad pedía en un comunicado “sinceras disculpas” por lo ocurrido. Robert Swaak, actual director ejecutivo, ha añadido: “Los fallos del pasado son algo inaceptable de lo cual nos hacemos plenamente responsables”.

En el caso de los tres ejecutivos bancarios investigados, los fiscales tendrán que estudiar los documentos, informes y actas de las reuniones, así como los correos y mensajes de texto que les incumban. Gerrit Zalm es el más conocido porque mantuvo la cartera de Finanzas en distintos Gobiernos durante 13 años y fue luego portavoz de su partido, los liberales de derecha, en el Parlamento. Esta parte de las indagaciones sigue su curso, según portavoces de la Fiscalía. En 2020, la Corte de Apelación de La Haya consideró que Ralph Hamers, exdirector ejecutivo de ING, debía ser juzgado por su responsabilidad en el caso de blanqueo de capitales que derivó en la multa de 775 millones de euros.