La OCDE pide al Gobierno que aproveche la reforma fiscal para acabar con exenciones y deducciones

Con la reforma fiscal llamada reencauzar las cuentas públicas españolas en los próximos años quemando sus primeras etapas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone sus prioridades encima de la mesa. El think tank de los países ricos ha llamado este miércoles al Gobierno español a taponar la mayor hemorragia del sistema tributario español —las numerosas exenciones y deducciones por las que se filtran miles de millones de euros cada año— al tiempo que aumenta el gravamen sobre los combustibles, una de las grandes claves de bóveda de la fiscalidad verde. Con todo, cualquier alza tributaria tendrá que esperar, dice, hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada.

España necesitará más recursos públicos para hacer frente a la situación que quede cuando baje la marea de la pandemia. La Autoridad Fiscal (Airef) alertó el año pasado de que los beneficios fiscales del sistema fiscal español (deducciones, desgravaciones y bonificaciones) ascienden a unos 60.000 millones de euros, que merman la recaudación.

La OCDE pone el foco en dos impuestos que suman alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos totales: el IRPF y el IVA. En el primer caso, la receta es nítida: España debe “ampliar la base de recaudación reduciendo las excepciones existentes”, según se lee en el informe anual de recomendaciones por países que ha publicado este martes el organismo dirigido por Ángel Gurría. En el segundo, los técnicos del ente apuestan por “limitar el uso de los tipos reducidos y de las excepciones”, el gran coladero del gravamen sobre el consumo. En paralelo, los técnicos del think tank llaman al Gobierno de Pedro Sánchez a aumentar la fiscalidad sobre los combustibles fósiles para que estos “reflejen mejor” las emisiones de dióxido de carbono que su consumo lleva aparejadas.

Más información

Vitor Gaspar (FMI): “La mayor lección de esta crisis es que la política fiscal puede ser muy poderosa”

Las siete claves de la reforma fiscal que Montero ha encargado a los expertos

Los países ricos gastarán cuatro veces más contra la crisis que los emergentes

Editorial | Por una fiscalidad más justa

En los Presupuestos recién aprobados, el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó una subida del IRPF para las rentas más altas para recaudar, según sus cálculos, 580 millones más de aquí a un año. Sin embargo, la mayoría de expertos critica que esta figura fiscal necesita un lavado de cara tanto en los muy numerosos tramos actuales como en progresividad y deducciones, el aspecto sobre el que la OCDE pone el foco este miércoles. La organización subraya, por boca de Aida Caldera, jefa de división en el departamento de Economía, que estos descuentos sobre la cuantía real que debería pagarse son “mayoritariamente regresivos y benefician al quintil más alto de la distribución de renta”.

En cuanto al IVA, a pesar de tener un tipo general homologable al del resto de grandes países europeos, la recaudación queda lejos de lo que cabría esperar para una economía como la española. Parte de esa baja cosecha tiene que ver con el fraude. Pero también influye, y de qué manera, la gran cantidad de productos encuadrados bajo el tipo reducido (10%) y superreducido (4%). Como base de estos cambios, el organismo con sede en París llama al Gobierno a basarse en el trabajo hecho por la Autoridad Fiscal (Airef) en su Spending Review, que ya va por su segunda entrega.

Los cambios, cuando la recuperación esté encarrilada

Dos palabras se repiten con inusual insistencia en el capítulo español del Going for Growth 2021, en el que los economistas de la OCDE esbozan un listado de prioridades de política económica para casi una cincuentena de economías: medio plazo. Consciente de que la zozobra económica no invita a abrir aún el melón de las reformas de calado, el organismo llama a aplicar su recetario “únicamente cuando la recuperación esté firmemente en marcha” y siempre acompañadas por medidas de compensación para las familias más vulnerables.

“En el mediano plazo un sistema fiscal más efectivo podría reducir las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones [de gases de efecto invernadero] y proveer la financiación necesaria para reformar el mercado de trabajo y la educación, y relanzar la innovación”, escriben los técnicos de la OCDE, que aplauden la reciente subida del IVA sobre las bebidas azucaradas, así como la introducción de un recargo sobre las transacciones financieras y de otro sobre las grandes tecnológicas. En ambos casos, España marcha en una suerte de avanzadilla mundial en compañía de vecinos europeos como Francia: con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca algo —mucho— se está moviendo en el plano de la política fiscal.

“Insistimos en esperar a que el rebote económico esté completamente encarrilado, pero a partir de 2022 es muy importante mejorar las bases de recaudación mediante la revisión o eliminación de las muchas exenciones y deducciones que hay en el IRPF y, sobre todo, en el IVA”, subraya Caldera en conversación con EL PAÍS. Asimismo, la economista de la OCDE valora “muy positivamente” la reciente creación de un grupo de expertos congregados por el Ministerio de Hacienda para esbozar propuestas para la reforma tributaria que viene, y apela al “consenso técnico, dado que el político será muy difícil de conseguir”.

Simplificación del menú de contratos de trabajo

El grupo de trabajadores con menos años de educación es el que se ha visto “desproporcionadamente afectado” por la pandemia, dada su concentración en los sectores más golpeados (turismo y hostelería). “Las reformas para acelerar la creación de empleo deben ir acompañadas por mejoras en la eficiencia de las políticas activas y, una vez que la recuperación esté firmemente asentada, por medidas que permitan la reducción del uso de contratos temporales”, zanjan los técnicos de la OCDE.

El golpe de la pandemia sobre el empleo ha sido fuerte, aunque los ERTE han contribuido a aliviar —y de qué manera— los efectos sobre los trabajadores. El organismo, sin embargo, pide más cambios para reducir una de las tasas más altas de paro de la Unión Europea y mejorar el sempiternamente maltrecho mercado laboral español: una simplificación en el menú de contratos —la reforma laboral prometida por el Gobierno español a Bruselas aspira a dejarlo en solo tres modalidades—; más gasto en políticas activas de empleo y una mejora en la calidad de los cursos para mejorar las habilidades de los desempleados; un aumento de los esfuerzos para luchar contra el abuso de la temporalidad en las empresas; e incentivos específicos para los sectores más vulnerables.