Crisis económica del coronavirus

El Gobierno aprueba ayudas de 3.000 a 200.000 euros para autónomos y empresas

Las compensaciones directas tendrán un mínimo fijo y no cubrirán el primer 30% de caída de ingresos

En vídeo, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, anuncia que el gobierno contará con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas.EUROPA PRESS

Tras meses de arrastrar los pies y con trifulcas en el Gobierno por la envergadura y el diseño, por fin llega el plan de apoyo a las empresas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ayudas directas a empresas y autónomos de entre 3.000 y 200.000 euros. Estas compensaciones se brindarán por una caída de la facturación de al menos el 30% respecto 2019 en los sectores más afectados por las restricciones. Y el dinero será finalista: tendrá que dedicarse a pagar facturas y deudas de suministros, proveedores y nóminas. Los autónomos que tributan en módulos recibirán una cantidad fija de 3.000 euros. Para el resto podrá oscilar entre los 4.000 euros y los 200.000 euros según su tamaño y caída de ingresos.

Empresas, sindicatos y Banco de España venían reclamando estas subvenciones desde hace meses. El fondo de ayudas directas a empresas ascenderá a los 7.000 millones, una cantidad más próxima a lo que pedía Podemos y a las presiones de Moncloa. Y lo gestionarán las Comunidades Autónomas, como exigían Hacienda y Economía. De ellos, 2.000 millones irán solo a lslas Baleares y Canarias por haber encajado un golpe mucho peor al contar con un mayor peso del turismo en sus economías. El reparto de los otros 5.000 millones se hará con los criterios ya empleados para el fondo europeo React EU, que generó protestas de algunas: el impacto en la riqueza regional, el desempleo y el paro juvenil. Y estará listo en el plazo de un mes y diez días, un tiempo que se concede para poder organizar la plataforma en la que la Agencia Tributaria certificará a las autonomías que existe la caída de ingresos. Es decir, el que no haya declarado se quedará fuera de las ayudas.

El 30% inicial de caída de ingresos no se cubre

Solo se puede acceder a las ayudas a partir de una caída mínima del 30% de la facturación y siempre que se haya registrado un resultado neto positivo en 2019. El 30% primero de caída no se cubre. La ayuda máxima que se concederá será un 40% de todo aquello que supere el primer 30% de caída de facturación en los autónomos que no tributen en módulos y en las pymes con hasta diez trabajadores. Para el resto será el 20% de lo que sobrepase el 30% de disminución de ingresos. Esto es: se diseña para pérdidas de ingresos grandes y, por lo tanto, se reduce el impacto de las ayudas. En cualquier caso, el mínimo será una cantidad fija de 3.000 euros para autónomos en módulos y 4.000 para los demás. Y Economía explica que los ERTE ya han compensado parte de esa caída del 30% que no se atiende.

Para fijar la cantidad se establecerán unos tramos proporcionales en función del tamaño y la caída de facturación. Y las comunidades podrán poner criterios adicionales. Las subvenciones durarán hasta el final de 2021. Y tendrán como condición que las empresas mantengan su actividad hasta junio de 2022. También se exigirá a los beneficiarios que no suban sueldos de directivos, que no distribuyan dividendos, que no tengan actividad en paraísos fiscales y que estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Los sectores beneficiados

Los sectores beneficiados serán aquellos más perjudicados por la pandemia: “Podrán acceder todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas. En total, los recursos podrán llegar a cerca de un centenar de actividades”, dice la nota de prensa de Economía.

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Además del fondo de ayudas directas, habrá otros dos. Uno estará dotado con 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de flexibilización y reestructuración de sus líneas de préstamos en tres niveles: en un primer paso y basado todo en el análisis que haga el banco del cliente, se podrán alargar los plazos de pago. En una segunda instancia se podrán convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, algo que reforzará el capital de la empresa al ser el último en el derecho de cobro y percibir un interés en función de la marcha de la sociedad. Y solo como medida de último recurso se permitirán las quitas. Todo este proceso estará pautado en un código de buenas prácticas que aprobará el Consejo de Ministros. El Estado y las entidades absorberán las pérdidas en la misma proporción que tenían de riesgo: las líneas ICO han movilizado unos 121.000 millones con un aval del Estado medio entre el 70% y el 80% del crédito.

El tercer fondo servirá para recapitalizar empresas medianas, tendrá una dotación de 1.000 millones y estará gestionado por Cofides, la empresa con capital público-privado controlada por Industria. Así, este esquema tendrá tres niveles de actuación: las empresas podrán primero solicitar la ayuda directa. A continuación, podrán reestructurar su deuda y, en última instancia, acudirían a Cofides en busca de una recapitalización. Este fondo inyectará recursos con préstamos, créditos participativos o capital. Y se utilizará para aquellas sociedades que no tengan el tamaño suficiente para acceder al fondo de SEPI, cuya inyección mínima es de 25 millones de euros.

El Gobierno ha ampliado además la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre. Esta suspende la obligación de solicitar el concurso de acreedores para aquellas empresas que entren en insolvencia. Y está ya preparando una reforma para facilitar la exoneración de deudas y lograr que más empresas salgan del concurso.

El Ejecutivo también ha aumentado a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.

Tras meses de arrastrar los pies, España por fin tiene un esquema de compensaciones directas a las empresas. Mucho después que otros países y en una escala algo menor, en parte por una situación de déficit y deuda pública peor que la del resto. Los créditos ICO y los ERTE se consideran un éxito que permitió la reactivación del tercer trimestre del año pasado, recuperando dos tercios de las 90.000 empresas perdidas según datos de la Seguridad Social. Pero la pandemia se ha alargado. Y en los dos primeros meses de 2021 se han perdido 20.000 empresas. Ahora la pérdida asciende a unas 50.000. Además, existe el riesgo de que el sobreendeudamiento impida a las empresas invertir, contratar o responder al aumento de demanda que haya con la recuperación.

Las comunidades alertan de problemas

A grandes rasgos, la caída del PIB del año pasado fue de unos 100.000 millones de euros, que hubiese sido mayor de no haber sido por los casi 60.000 millones que puso el Estado en los ERTE y el cese de autónomos, y otros 10.000 millones en prestaciones de desempleo. Además, las empresas redujeron costes al no producir. Y todo lo demás se palió en parte con las líneas ICO, unos 120.000 millones de deuda. De ahí la necesidad de un plan para aliviar el endeudamiento empresarial. En la primera mitad del año el PIB se mantendrá unos 50.000 millones por debajo del nivel prepandemia. Y eso que hasta mayo el Estado habrá inyectado en la economía unos 25.000 millones incluyendo este plan, los ERTE y los 2.000 millones que tendrán las comunidades del fondo React EU para ayudas a empresas. Es decir, los números indican que podría hacer falta algo más.

Al igual que se hizo con los ICO y los ERTE, se podrá ir aprendiendo qué funciona y qué no, e ir modificando en consecuencia el detalle. Aunque el Gobierno ha extendido las ayudas a casi un centenar de actividades, algunos economistas critican que se den por sectores. También recomiendan que se tenga mucho cuidado con poner demasiados requisitos, porque entonces el plan podría acabar como la renta mínima, que no acaba de arrancar con toda su potencia enmarañada en un diseño complicado. Las comunidades ya alertan de que tendrán muchas dificultades para cumplir con la ley de subvenciones y comprobar el objeto de la ayuda: deudas con proveedores y acreedores desde marzo de 2020.

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