Los administradores de fincas reclaman la regulación de juntas virtuales de vecinos

Un año de pandemia es un tiempo más que suficiente de espera. La vida de muchas comunidades de vecinos está paralizada por las restricciones sanitarias. El Colegio de Administradores ha advertido este miércoles que esta disfunción puede ser grave en ciertos casos y que, de no mediar remedio, “se verá afectada negativamente” la gestión de las ayudas europeas, una parte de las cuales están enfocadas a obras de rehabilitación de edificios. Los administradores han llevado una intensa labor durante meses en los que se han visto con representantes de tres ministerios y con varios grupos parlamentarios para exponerles la que creen que es la mejor solución: permitir juntas virtuales de propietarios. PSOE, PP y Ciudadanos han presentado ya tres mociones diferentes para solicitar al Gobierno que lo regule. Justicia, de quien depende la Ley de Propiedad Horizontal, rebaja de momento las expectativas de una modificación de la misma, aunque señala que sí hay conversaciones entre varios departamentos para buscar una solución “coyuntural”.

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“En la mayor parte de los casos no es necesario reunirse, pero estamos incumpliendo la ley porque dice que hay que hacerlo una vez al año”, explica Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. La organización que encabeza apuesta por regular que las comunidades de propietarios puedan reunirse telemáticamente y adoptar decisiones “en casos de urgencia” y, a la vez, que se suspenda temporalmente la obligación de reunirse una vez al año, como establece la Ley de Propiedad Horizontal. No hacerlo, argumenta, puede acarrear problemas legales (por ejemplo, que alguien impugne la firma de un presidente de comunidad cuyo plazo de un año en el cargo ya ha vencido).

Díez pide por todo ello que como mínimo se adopten “por decreto” soluciones a estos problemas, aunque avisa de que “la Ley de Propiedad Horizontal está desfasada” y habrá que tocarla en algún momento. Ahí, señala, tendría sentido regular reuniones virtuales de manera más definitiva, algo que ya es posible en otros países de nuestro entorno y que tendría efectos positivos en comunidades como las que tienen un algo número de segundas residencias en manos de personas que viven en otras ciudades.

Permitido en Cataluña

Pero esa modificación de la Ley de Propiedad Horizontal el Gobierno la descarta, al menos, en el corto plazo. Un portavoz de Justicia señala que la norma “no se va a modificar por un decreto ley”, aunque también apunta que hay contactos entre varios ministerios y “se estudia alguna medida coyuntural, no estructural”. Es decir, que podrían permitirse temporalmente las reuniones de vecinos. Desde el inicio de la pandemia, los administradores han hablado con Sanidad (que era la autoridad en el primer estado de alarma), así como con Justicia o Economía. El cupo de departamentos que pueden tener competencias en la cuestión lo completa Transportes, que es desde donde se diseñan las políticas estatales de vivienda.

Un ejemplo a seguir puede ser lo que ha hecho Cataluña. Su derecho civil propio respalda la celebración de juntas de vecinos mediante herramientas virtuales, previo acuerdo de los vecinos. Como ese acuerdo era imposible en una reunión física a raíz de la pandemia, la Generalitat permitió celebrarlas igualmente sin ese acuerdo hasta el 31 de mayo próximo. “El secretario administrador debe tomar nota y saber quién es la persona que representa al inmueble. Con eso y con saber de manera clara quién vota a favor y quién en contra, es posible llevar la reunión virtual a término”, explica Lorenzo Viñas, gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. También son posibles otras soluciones, como realizar encuestas entre todos los propietarios para adoptar acuerdos, pero Viñas apunta que la solución de las juntas online “es la que más se está dando”.

Fuera de Cataluña, la situación es heterogénea. Andalucía o Madrid, por ejemplo, sí permiten las reuniones de vecinos bajo ciertas condiciones. Adolfo Calvo-Parra, secretario técnico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que “la Comunidad las considera como reuniones de trabajo” y les impone condiciones de aforo. Esto hace que muchas juntas hayan tenido que trasladarse a hoteles u otros establecimientos capacitados para garantizar la distancia interpersonal, lo que “es más caro”. No obstante, también apunta que en el marco de una asistencia generalmente baja, la pandemia no ha supuesto un cambio significativo en eso.

Tres mociones

Otros profesionales como Ana Libertad Las Heras, fundadora de Tuadministradora y que lleva unos 77 portales en Navarra, han optado por las reuniones virtuales pese a no contar con cobertura legal completa. “Realmente no hay jurisprudencia sobre esto”, destaca, por lo que no sabe qué decidiría un tribunal si un vecino impugnase un acuerdo. Ella las organiza de manera que en el orden del día se incluya la conformidad de la comunidad con ese método, pero admite que no es adaptable a todas las situaciones, especialmente en el caso de vecindarios con personas más mayores o con mayor problemas de acceso a internet. Por eso cree que la regulación “sería fundamental, ya no solamente para ahora, sino para un futuro”.

Los partidos han recogido el guante de los administradores y el PSOE, en el Senado, y PP y Cs, con sendas mociones en el Congreso, piden al Gobierno que tome cartas en el asunto. Ninguna de las tres propuestas —la de Cs es más genérica, el PSOE pide la regulación temporalmente “o bien con carácter permanente” y el PP apunta directamente a una reforma por decreto de la Ley de Propiedad Horizontal— ha sido debatida y aprobada de momento.

También ha visto la oportunidad el sector privado. Concha Rodríguez es directora general de juntasdigiales.es, una compañía que fundó con dos socios al inicio del estado de alarma: “Vimos que se iban a necesitar este tipo de cosas”, recuerda. Dar validez jurídica a una junta de vecinos es algo más que realizar un videochat, defiende Rodríguez, y por eso su plataforma permite al administrador acreditar que quien participa representa a un inmueble concreto y aplicar en la votación el coeficiente exacto de participación que tiene. La compañía ha firmado ya convenios con algunos colegios de administradores y el uso de la plataforma acarrea un gasto que oscila entre tres y los seis euros por propietario al año. Pero también da a los administradores un control absoluto: no solo autorizan quién entra, también quién tiene el micrófono activado. Para Las Heras es una gran ventaja. “No tiene nada que ver con las reuniones presenciales, se desarrollan de una manera mucho más ágil y tranquila porque no das lugar a conflictos”, sentencia.