Las ayudas por la pandemia dan un respiro a una situación económica crítica en El Salvador

Cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció su plan para contener el daño económico por la pandemia de la covid-19 en marzo del año pasado, economistas y expertos reaccionaron con asombro. Se le calificó de “ambicioso”. Se anunció la suspensión del pago de electricidad, agua e internet por tres meses. Se otorgaron 300 dólares de apoyo por familia. Se entregaron cientos de miles de canastas de alimentos y se subió el gasto en publicidad para informar a la población de todo esto que el Gobierno estaba haciendo. Es en este contexto en que los salvadoreños irán a las urnas este domingo en elecciones legislativas, un comicio ampliamente interpretado como aprobación o un rechazo del trabajo de Bukele.

Sin embargo, hay una pregunta inevitable que no aparece en la boleta: cómo pagará El Salvador todo este gasto. El producto interno bruto (PIB) cayó un 7,5% el año pasado, de acuerdo con estimados preliminares del Banco Central de la Reserva. A partir del gasto extraordinario, la deuda pública subió hasta alcanzar hoy el equivalente al 86% del PIB — el déficit más alto entre países centroamericanos. La última vez que colocó deuda en el mercado, la tasa de interés superó el 9%, muy alta en comparación con otros países emergentes. Según un estimado, el Gobierno de El Salvador, un país de bajos ingresos per cápita y con un alto nivel de pobreza, pagará 95 millones de dólares al año solo en intereses. La situación obliga a tomar decisiones difíciles, a pesar de que ningún candidato a legislador ha incluido en sus propuestas de campaña la necesidad de pasar una reforma fiscal que permita al Gobierno recaudar más impuestos.

Las decisiones económicas de Bukele serán muy importantes este domingo, dice José Miguel Cruz, politólogo y director de investigación del Centro Kimberly Green de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Con las medidas de asistencia, “Bukele creó un sistema de patronazgo político masivo que le rendirá muchos votos”, opina el especialista, “mucha gente va a votar por su partido simplemente porque el Gobierno ha estado repartiendo esas bolsas solidarias de forma sostenida en los últimos meses”.

Es posible que el gasto haya acolchonado parcialmente la caída de la economía, pero el gasto es insostenible, como lo refleja la decisión de la calificadora de riesgo crediticio Moody’s. El 5 de febrero, la firma cambió su perspectiva a negativa, reflejando que las finanzas del Gobierno se deterioraron durante los últimos meses. En 2017, Moody’s bajó la calificación de la deuda soberana cuando el Ejecutivo no pudo pagar 28,8 millones de dólares al fondo de la deuda de pensiones, por lo que, en ese momento, consideró estaba también en riesgo de impago de sus bonos de deuda internacionales.

“Otra vez están en riesgo de caer en impago, pero ahora tiene que ver con un deterioro muy profundo en sus finanzas públicas derivado del choque por la pandemia en la economía”, dice Ariane Ortiz-Bollin, analista responsable de la calificación de deuda soberana para El Salvador en Moody’s. “Se contrajo de manera importante en el 2020 pero además el Gobierno decidió apoyar a las familias y a las empresas incrementando el gasto de manera sustancial, llegando a cerca de 10% del PIB, que es algo muy alto para El Salvador. Y esto, en el contexto de que ya cada vez tienen menos fuentes de financiamiento para cubrir un déficit que ya venía acarreando”, dice Ortiz-Bollin al teléfono desde Nueva York. En abril, el Fondo Monetario Internacional le otorgó al país un crédito por 389 millones de dólares.

Y no hay cantidad de apoyo económico que hubiera evitado una situación crítica en la economía. El propio Bukele lo admitió en su cuenta Twitter, al celebrar que El Salvador sufrió menos muertes por covid-19 que otros países en la región latinoamericana. “Escogimos la salud y la vida, sobre la economía (que de todos modos todas las economías del mundo fueron golpeadas)”, dijo el 28 de enero, “la economía se recupera, las vidas no”.

La recuperación será lenta porque la situación económica ahora es crítica, asegura Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). La caída del PIB en 2020 fue tan grave que solo se compara con la época de la guerra civil en el país. De acuerdo con sus estimados, el país no volverá a los niveles de producción que tenía antes de la pandemia, posiblemente hasta 2023. “La magnitud de la crisis que vive El Salvador es sumamente crítica y al ser una economía dolarizada depende de la política fiscal y esta está en cuidados intensivos”.

Aún más preocupante, opina Castañeda, es que el Gobierno actual no ha dicho cuál es su ruta de salida. “Esta es una elección en donde las opciones son: estar a favor o estar en contra del presidente”, dice al teléfono desde El Salvador. “No se ha debatido cómo se van a generar empleos o cuáles serán las políticas de prevención social. De hecho, si uno revisa el Gobierno de El Salvador actualmente no cuenta con un plan de gobierno, no tiene un plan anticrisis. Es decir, la ciudadanía, en buena medida, va a ir a votar pero lo hace con los ojos vendados”.

“Yo por eso no descarto que el 1 de mayo que asuma la nueva legislatura, y en el escenario más probable, que es que el presidente Bukele vaya a tener el control de la asamblea legislativa, se tenga un baquetazo fiscal sin ni siquiera que haya un proceso de discusión con la ciudadanía”, apunta Castañeda, “porque al final de cuentas, lo que el presidente quiere es no negociar con nadie y el problema es la situación económica del país es tan grave que se requieren consensos”.