Cómo no malgastar en empresas zombis

Las fórmulas para vehicular los 11.000 millones adicionales en ayudas directas para empresas de los sectores más dañados por la crisis, que anunció ayer el presidente del Gobierno, pueden ser múltiples. A tenor del goteo de pistas podrían incluir:

a) Subvenciones directas para afrontar costes fijos (alquileres, suministros). El límite hasta final de enero era de 800.000 euros, ahora ampliado hasta 1,8 millones. Podrían ir a cargo de las autonomías.

b) Aplazamientos de deudas fiscales mediante una mera aplicación informática, recién anunciados por el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en el Congreso, aunque el BCE considera “no sustancial” su impacto (The initial fiscal policy responses of euro area countries to the covid- 19 crisis). Otros países han rebajado impuestos (IVA) o cotizaciones sociales.

c) Quitas a los créditos avalados por el ICO (en torno a un 70%-80%), una vía que provoca discrepancias entre el Gobierno (del que depende el ICO) y los bancos prestadores acerca de quién debe afrontarlas.

La cuantía anunciada se acercaría al rango del peso relativo de España en la UE. Ocho Estados miembros han habilitado hasta 115.000 millones para inyecciones a fondo perdido en favor de sus pymes (Lídia Brun, Respuestas fiscales asimétricas frente al covid-19 en Europa, ICE 916).

El clamor por la ampliación de las ayudas presupuestarias directas creció en las últimas semanas. Con sólidos argumentos comparativos: España es el farolillo rojo en dispensarlas, pues suponen un 1,3% del PIB, para una media europea del 4% largo, según el estudio del BCE. Este no contabiliza apoyos (como los ERTE) que según el Gobierno deberían añadirse al cómputo.

En todo caso, un recentísimo estudio confirma el liderazgo español en la UE a la hora de dispensar créditos avalados por el sector público, que suponen un 9% del PIB, por el 8% italiano, el 5% francés y británico y solo el 1% alemán (Covid-19 credit-support programmes in Europe’s five largest economies, Bruegel, 24/2). Ese trabajo explora también las recetas utilizadas en distintos países para evitar que las ayudas deriven en la “zombificación” de las economías.

Es decir, en la proliferación de empresas zombis, inviables. Las que son incapaces no solo de devolver el principal de sus créditos, sino también sus intereses; que revientan precios y salarios, y que malviven refinanciando su deuda a costa de drenar recursos útiles para otras. En 2018 alcanzaban el 8% del censo, según el Banco de España, y ahora son muchas más.

Pues bien, países como Alemania aplican criterios exigentes. Sus condiciones para las ayudas (crediticias, aunque extensibles a las subvenciones) exigen una antigüedad mínima de enero de 2019 y exhibir beneficios contables entre 2017 y 2019 o en 2019. Berlín también prohíbe refinanciar deuda, excluye subsidiar costes y aplica un enfoque transversal y no sectorial.

Urge que el detalle del programa anunciado ayer en España se complete con las condiciones para evitar la zombificación.