El Gobierno responsabiliza a la Junta de Andalucía por el concurso de acreedores de Abengoa
María Jesús Montero dice que el Ejecutivo ha hecho “sus deberes” y otros deben “explicar por qué no han estado en el mismo grado de compromiso”
La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el papel del Gobierno para mantener Abengoa a flote. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, ha declarado que el Ejecutivo ha hecho “sus deberes y tareas” y ha mirado a otros, la banca y la Junta de Andalucía, como los que tienen “que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso”, lo que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
Según Montero, el Gobierno ha apoyado “en todo momento” a Abengoa y siempre ha “tendido la mano” a la compañía para “llevar a buen puerto una difícil situación” agravada por la crisis de la covid-19, estando dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través créditos y avales del ICO y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
La ministra ha subrayado que la propia compañía explicó en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los motivos por los que no ha podido completar la operación, que “básicamente” son la falta de un mayor plazo por las entidades financieras acreedoras, “circunstancia a la que no han accedido”, y a la condición de la aportación al plan de rescate de 20 millones por la Junta de Andalucía, “que no se llegó a materializar y que era una cantidad infinitamente inferior a la que el propio Gobierno de España quería plantear”, dijo.
“Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado”, afirmó Montero, advirtiendo de que “no es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenida del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones”.
Camino por recorrer
“Evidentemente todavía queda camino por recorrer, el hecho de presentar el concurso no tiene que implicar necesariamente que se vaya a producir una liquidación definitiva de la empresa, ojalá el administrador tenga capacidad de buscar un nuevo inversor que se pueda aprovechar del talento y el know-how que una de las empresas de ingeniería más importantes del país y la más importante de Andalucía ha aportado en los últimos años”, añadió.
Este lunes, Abengoa solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr que los acreedores financieros le otorgaran una nueva extensión del plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración. El pasado 6 de agosto, el grupo había alcanzado un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan estaba previsto que pasara a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico de la covid-19. Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.
El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales que no se terminó nunca de concretar y que, así, vio este lunes como se ponía fin a las prórrogas que venía ganando en su carrera por un nuevo salvamento.
La deuda financiera a cierre de 2019 de Abengoa, último ejercicio con datos reportados por la compañía ―que presentó hace apenas una semana con casi un año de retraso― ascendía a 4.783 millones de euros, aunque se elevaba hasta casi 6.000 millones si se tenían en cuenta 1.165 millones de euros correspondientes a deuda de proyectos en venta. El grupo ya esquivó en 2017 el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.
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