El PP y VOX anuncian que recurrirán en el Constitucional el decreto que limita los desahucios

El debate para la convalidación del decreto que reguló la figura del consumidor vulnerable se ha transformado, como era previsible, en un nuevo rifirrafe entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la vivienda y la okupación. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado la intención de su partido de poner un recurso contra esa norma en el Tribunal Constitucional, algo que también ha dicho Vox que hará. Ciudadanos y el PDeCat también han mostrado su oposición al decreto, que no obstante tiene el apoyo de la mayoría de grupos de la cámara. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha mostrado su intención de pedir la tramitación del decreto como proyecto de ley, con lo que tras su previsible convalidación se iniciaría un procedimiento parlamentario que permitirá introducir enmiendas.

Aunque el real decreto ley 1/2021, aprobado el pasado 19 de enero, tuvo por objeto principal la regulación de la figura de consumidor vulnerable, fue su disposición final primera la que más polvareda ha levantado. La misma corregía el decreto antidesahucios que el Gobierno había aprobado un mes antes, para ampliar también a procedimientos penales la aplicación de esa norma (que inicialmente solo se contemplaba cuando el desalojo seguía el procedimiento civil). Para ello, corregía el primer texto, que señalaba que no se podía aplicar la norma si la entrada en el inmueble era “consecuencia de un delito”. Esa referencia se eliminó y se restringió solo a los casos en que la entrada “se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.

El sector inmobiliario ya mostró en su día su postura contraria al cambio, alegando que ampara algunos supuestos delictivos (la usurpación pacífica), aunque los expertos legales dudan de sus consecuencias reales, por tener un alcance muy limitado. La legislación ampara la ocupación de vivienda sin título habilitante (es decir, de manera ilegal) solo cuando se trata de hogares vulnerables económicamente con menores, personas dependientes o víctimas de violencia de género.

En la presentación inicial del decreto, el ministro Garzón apenas ha hecho referencia al asunto de la vivienda, centrándose en el aspecto central de la norma y el que es, además, competencia de su Ministerio. Pero en la primera respuesta que ha obtenido ha quedado claro que el debate iría por otros derroteros. Gamarra ha asegurado que la intención del Ejecutivo no es otra que “avalar las ocupaciones ilegales como aperitivo a la ley intervencionista y comunista de vivienda”, en alusión a la norma que está preparando el Ejecutivo y que sería la primera ley estatal de vivienda de la Democracia. La portavoz del principal partido de la oposición ha indicado que “los únicos beneficiarios de normas como esta serán las mafias y los okupas” y ha defendido que se “ataca” el derecho a la propiedad privada, en lo que se basará un recurso que su partido presentará ante el Tribunal Constitucional.

Mayoría a favor

En sus turnos de intervención, también Vox, a través de Cristina Alicia Esteban, y Ciudadanos, con Eduardo Bal, han atacado el decreto estimando que suponen un llamamiento a la ocupación. La formación de Santiago Abascal ha anunciado que también recurriría al Constitucional, mientras que Bal ha recordado que la primera norma antidesahucios, la del pasado diciembre, tuvo el apoyo se su partido. Esta no lo tiene ya que, a su juicio, “es ilegal porque el código penal obliga a las fuerzas de seguridad a reparar los efectos de un delito”. También el PDeCat ha anunciado su voto contrario, aunque se ha mostrado a favor de la tramitación como proyecto de ley.

Las fuerzas de izquierdas y el PNV han mostrado su apoyo a la norma, aunque Pilar Valluguera (ERC) lo ha calificado de “decreto ensaladilla”. “Tiene un poquito de todo”, ha añadido la diputada catalana, quien ha centrado su discurso en denunciar que “demagogia es decir que un día vas a salir de casa y cuando vuelves te la han ocupado y que este texto lo permite”. Las dos fuerzas del Gobierno de coalición también han acusado de “demagogia” a la oposición. La diputada del PSOE Marisol Sánchez ha calificado de “soflama de patrañas y mentiras” el discurso de la oposición, a la que ha acusado de llegar a la Cámara “difundiendo e infundiendo el miedo y el temor”. Sánchez ha defendido que en la norma “no hay efecto llamada a la ocupación”, por la limitación temporal de la misma, y que “no conculca el derecho a la propiedad privada” ya que es un juez el que decide la paralización del desahucio.

El paquete de medidas aprobadas entre diciembre y enero se acota temporalmente al estado de alarma -aunque ciertamente Podemos ha mostrado su voluntad de extender alguna medida más allá a través de la futura ley de vivienda-. El decreto de diciembre, que es el que realmente regulaba cómo proceder con los desalojos hasta el próximo 9 de mayo (cuando teóricamente acaba el estado de alarma), contempla además que la suspensión del desalojo dure un máximo de 3 meses, regula compensaciones a los propietarios si pasado ese periodo no han recuperado la posesión de su vivienda y señala que los supuestos de personas vulnerables sin título solo se aplican sobre pisos de grandes propietarios que estuvieran vacíos (si se demuestra que el inmueble es primera o segunda residencia de alguien, no se aplica). En ninguno de los casos que se contemplan (el principal es el de personas con contrato de alquiler que no pueden hacer frente a la renta) la suspensión del desahucio es automática, es el juez el que, al llegarle el caso por procedimiento civil o penal, decide si paraliza el desalojo tras solicitar un informe a los servicios sociales.