La inversión público-privada como palanca para movilizar el crecimiento tras la pandemia
Los expertos abogan por ampliar el foco desde las infraestucturas con los contratos de concesión a ámbitos como la sanidad, la educación, la investigación o la externalización de las empresas
La pandemia de coronavirus tendrá unas consecuencias en la economía española que van a requerir de actuaciones contundentes en política económica que garanticen la resiliencia del país de cara al futuro. La crisis se presenta en una coyuntura en la que las capacidades fiscales del Gobierno tienen poca capacidad debido al elevado endeudamiento, acelerado por el Covid-19, lo que convierte a la colaboración público-privada en una de las claves de la recuperación, partiendo de la oportunidad que proporcionarán las ayudas europeas destinadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
Esta es una de las conclusiones de los expertos que participaron en el debate sobre “La colaboración público-privada para financiar la recuperación”, en el marco de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizado por Cinco Días con la colaboración de Banco Santander. Los expertos reclamaron que las fórmulas de colaboración público-privada en la inversión debe ampliar su foco y abarcar todos los ámbitos que estimulen el crecimiento potencial de la economía. Reclamaron también mecanismos de seguridad jurídica, mayor planificación de los proyectos ajustados a las necesidades y rentabilidades razonables para atraer la inversión.
El profesor de Economía del IE Business School Fernando Fernández señaló la necesidad de establecer un régimen de colaboración a largo plazo para abordar inversiones relativas a un gran número de materias, como la educación, la sanidad o la investigación, de cara al plan de reformas que España tendrá que presentar en Bruselas para conseguir financiación comunitaria, siendo conscientes de que “el dinero no llegará hasta casi dentro de un año y que el país tendrá que buscar sus propias fórmulas para comenzar a remontar”.
El plan presentado por la Comisión Europea, que está sujeto a que los Estados miembros lleguen a un acuerdo, movilizaría 750.000 millones (500.000 en transferencias directas).
Tradicionalmente España se ha centrado en los proyectos de infraestructuras cuando se ha querido impulsar la actividad a través de la colaboración público-privada; pero, a juicio de Fernández, esta decisión “es un error”, aunque haya necesidades de mejora en la red de carreteras y transporte. “No podemos pensar que vamos a salir de la crisis siempre a base de hacer carreteras y pisos en la costa”, dijo, apostando por ampliar la visión de las inversiones.
Así, Fernández vio necesario invertir para redirigir el sistema educativo a uno basado en la colaboración público-privada con el fin de aumentar el PIB potencial del país. También abogó por financiar la transición a un sistema de pensiones mixto y transformar el mercado de trabajo, señalando la necesidad de crear un sistema de inserción de empleo que funcione de manera competitiva, “cuestiones capitales para un crecimiento futuro sólido”.
Bruselas exige una transición “verde y digital”
nversión. El director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, considera fundamental que el debate sobre la colaboración público-privada en las inversiones tenga como referencia proyectos orientados a la modernización de la economía, puesto que el acceso a las ayudas europeas estará condicionado a si los programas cumplen con unos requisitos que garantizan el crecimiento “verde y digital”. “En esos dos ámbitos hay espacios de inversión que seguramente están llamados a absorber una gran cantidad de recursos, a veces irán conectados con las infraestructuras y otras veces no”, pero es el terreno en el que el sector privado puede hacerse fundamental, a través de la modernización del tejido productivo. En este sentido, todos los expertos convocado por CincoDías apostaron por los centrar esfuerzos en la digitalización, en el desafío del 5G, la Inteligencia Artificial y por abordar todos los desafíos asociados con la transformación y eficiencia energética.
Control de los proyectos
Para todo ello, coincidió con todos los expertos de la mesa celebrada de forma telemática, en la creación de Instituiciones de selección de proyectos a partir del estudio de su financiación, transperencia en la ejecución y gestión ulterior. Así, explicó que la primera tiene que contar con el sector privado en términos de “proporcionar expertos como politólogos o economistas, que analicen las inversiones y las oportunidades de los proyectos”. La segunda, que asumiría el papel de gestor financiero, “tendría que analizar la rentabilidad de dicha propuesta, como cualquier empresa privada”, y la tercera, sería la oficina de evaluación posterior, aunque esta ya existe, gracias al papel de la Airef.
Por su parte, la profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada María de los Ángeles Baeza Muñoz subrayó que los proyectos de infraestructuras son esenciales en una situación de crisis como la actual porque favorecen el crecimiento económico pero que para que estos funcionen se requieren de grandes recursos financieros y un marco jurídico “sólido”. De esta manera, planteó un plan estratégico de infraestructuras, que no cambie con cada legislatura y asegure la eficiencia de los proyectos a largo plazo. Aun así, aseguró que “efectivamente hay que ampliar el abanico” de actuación público-privada, en ámbitos como por ejemplo la investigación. “El sector privado tiene mucho más que aportar, no solamente es financiación, también puede aportar eficiencia”, aseveró.
Con esta afirmación coincidió el director de Advocacy del Banco Santander, Juan del Alcázar, quien aseguró que una de las claves del éxito en la gestión de los peores momentos de la crisis ha sido la colaboración público-privada, protagonista en la acción de los gobiernos. En el caso de España, hizo referencia a los créditos ICO, a las moratorias hipotecarias o de créditos al consumo. “Incluso los bancos han adelantado el pago prestaciones ERTE que se estaban retrasando”, apuntó.
Apoyo a las empresas
Con respecto al reto de acceder a los fondos europeos, Del Alcázar subrayó que si se cuenta con el apoyo del sector privado, “no solo bancos sino las propias empresas beneficiarias estarán incentivadas a tomar decisiones”. En este sentido, insistió en la necesidad de apostar por la generación de emprendedores e impulsar el crecimiento de las pymes para impulsar a que sean líderes, en ámbitos como en nuevos materiales, la microbiología o la revolución agraria. Para llegar a ello, el experto señaló que no siempre se necesita financiación, sino reducir las trabas y poner en marcha mecanismos de estímulo.
Por su parte, el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, lamentó que España piense en reforzar las iniciativas de colaboración público-privada solo en época de crisis y que no se tenga una estrategia planificada con anterioridad. Aseguró que en el ámbito de la digitalización es donde hay que hacer el “salto”, a pesar de que el Covid ha hecho mucho por acelerar esta tendencia. “En Europa seguimos dependiendo de las tecnologías extranjeras en lo puntero”, dijo, abogando por incentivar los proyectos de Inteligencia Artificial (IA) a nivel comunitario.
En paralelo, el director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, afirmó que para acceder a las ayudas de la UE, el primer reto será poner encima de la mesa un plan con proyectos de envergadura, que tiene que contemplar entre otras cosas el apoyo a las empresas solventes, para que sobrevivan y se transformen, así como el incentivo a que mejoren sus posiciones en las cadenas de valor. Pérez también abogó por el refuerzo de la edificación, de una forma sostenible, generando valor, al mismo tiempo que se impulsa el turismo o la descarbonización en el sector de la energía.
Los copagos y la rentabilidad razonable
Los expertos que participaron ayer en Foro Futuro incidieron prácticamente de manera unánime en la necesidad de tumbar el tabú al copago por el uso de servicios que hay en España como fórmula de contribución a su financiación. “Tenemos que abrir la mentalidad con respecto al copago, no tenemos que pensar que el pago por parte del usuario de un servicios es negativo; al contrario: tenemos que pensar que esa fórmula se puede ampliar a otros ámbitos como el sanitario o el educativo”, apuntó María de los Ángeles Baeza.
En parecidos términos se expresó Fernando Fernández, que al apostar por la inversión público-privada en educación o sanidad, aseguró que “es fundamental el diseño de mecanismos de copago, en los que el individuo que utiliza el servicio es el que asume al coste que no cubre la parte financiada”.
La rentabilidad de la inversión y sus garantías apareció también en el debate, a propósito de las limitaciones que impone la normativa. La ley ha hecho que el retorno financiero actual de los proyectos de infraestructuras de gran envergadura no sean atractivos para los inversores.
Baeza señaló la necesidad de flexibilizar o eliminar los límites que impone la Ley de Desindexación que está en vigor, aprobada por el Gobierno del PP, ya que considera que establece límites a la rentabilidad de los proyectos. La norma se estableció para aplicar mecanismos que impidieran la subida de los precios y tasas públicas para que no dañaran la competitividad tras la crisis de2008-2012. Fernando Fernández apuntó que en el caso de las concesiones, desde el punto de vista del sector privado no se da tanta importancia a la rentabilidad mínima como a la duración de la misma.
Con respecto a ello, Juan del Alcázar insistió en que no se puede renunciar a la rentabilidad si se quiere impulsar el PIB potencial y que ella dependerá del riesgo asumido. En este punto, diferenció la estrategia de impulsar determinados sectores, donde la participación del sector público se centra en mejorar la regulación para que las propias empresas lleven a cabo sus propios proyectos que saben que van a dar una rentabilidad. Y luego la estrategia pasiva, utilizada por compañías con problemas como consecuencia de una situación como la del Covid-19, en las que sí se necesitaría de la intervención del sector público.
Sobre la viabilidad de las empresas tras la crisis sanitaria, los expertos afimaron que se debe hacer un análisis de las empresas que van a necesitar ayuda para volver a ser viables.
“La clave es dar viabilidad a largo plazo. Si hacen falta ayudas por un año u ocho meses habría que estar dispuesto si es una actividad rentable”, dijo Santiago Carbó, añadiendo que el sector público tiene que entrar cuando no se puede superar el umbral de la rentabilidad, por ejemplo, si eso sucediese en el acceso a la vacuna.
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