El plantón de Iglesias y Díaz aviva el conflicto del Gobierno con el campo

El sector agrario está en pie de guerra. Y no se atisba una tregua a corto plazo. Este viernes volvió a quedar claro con un roce que en otra circunstancia habría pasado inadvertido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó a las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) a una reunión con los sindicatos. El jueves por la tarde se sumó el vicepresidente Pablo Iglesias. Y poco después se canceló la invitación a las organizaciones, pero se mantuvo a los sindicatos. “Estamos perplejos y esperamos una explicación”, dijo Miguel Blanco, de COAG. Trabajo trató de reconducir la situación y convocó otra cita para el martes.

“Las organizaciones agrarias queremos trasladarte nuestra sorpresa y malestar”, escribieron a la ministra Díaz los grupos a los que dio plantón. El amago de reunión no fue bien desde el principio. Según fuentes de la negociación, Trabajo habló con miembros de las organizaciones de Extremadura y Andalucía y no con los dirigentes nacionales, algo que no les sentó bien a estas. “No entendemos cómo se puede hacer una convocatoria así. Si lo que pretendían era tratar la situación del sector, hay que convocar a las organizaciones nacionales”, defendió este viernes Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Fuentes de Trabajo aseguraron que la reunión nunca había estado confirmada de forma oficial. Sin embargo, dirigentes de COAG, Asaja y UPA explicaron que la cita sí se había acordado con el departamento que dirige Díaz. Solo así se explica que sus líderes se hubieran desplazado a Madrid desde otras comunidades autónomas para participar en una reunión prevista hasta la noche del jueves.

Este desencuentro llega en un momento de profunda convulsión del sector agrario, en plena oleada de protestas desde enero por toda España. Estas se intensificarán la próxima semana. Se manifiestan contra los precios bajos y las ventas a pérdidas, la subida del salario mínimo y, sobre todo, el recorte a las ayudas europeas, que, según la propuesta del Consejo Europeo de este viernes, sería del 14%.

Además de por el plantón, las organizaciones se quejan por la falta de explicaciones por parte del Gobierno. “No se nos dio razón alguna. Da la impresión de que están improvisando. Estamos muy molestos”, explicó Blanco. Pedro Barato, presidente de Asaja, coincide: “Hemos tratado con Gobiernos de diferente color y siempre hubo coordinación. Nunca nos había pasado esto”. La reunión a la que no pudieron asistir se celebró, pero solo con los sindicatos agrarios.

El Ejecutivo no consiguió así su objetivo de rebajar el conflicto con el campo ante el temor de que se convierta en sus chalecos amarillos. Para intentar reconducir la situación, Trabajo ha vuelto a convocar a las organizaciones agrarias el próximo martes por la tarde, en un encuentro que girará en torno a “posibles medidas para el empleo en el sector agrícola”, según fuentes de las organizaciones agrarias.

Pese a todo el embrollo, la reunión entre el ministerio que dirige Díaz, el vicepresidente Iglesias y los sindicatos agrarios siguió adelante. Aunque tuvo una repercusión negativa en la reunión habitual del diálogo social que los agentes sociales mantienen para abordar la derogación de la reforma laboral, que se canceló.

Ese encuentro, que se celebra todos los viernes, se desarrollaba a la misma hora. Esto provocó que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ausentase para estar presente en el encuentro con los sindicatos agrarios, según fuentes de la negociación. Una salida que fue el detonante de la suspensión de la cita, según confirmaron los agentes sociales. El hecho de que hubiese dos reuniones al mismo tiempo molestó también a la patronal, que se fue molesta. No obstante, fuentes de la negociación apuntan que las negociaciones continuarán el próximo viernes en el mismo punto en el que se han detenido esta semana.

PER más accesible

En la reunión que se mantuvo con los sindicatos agrarios, Díaz e Iglesias trasladaron su intención de rebajar de 35 a 20 las jornadas trabajadas necesarias para cobrar el subsidio agrario (el PER). Sería una medida coyuntural por las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses.

Otro de los puntos que se abordó en la cita fue la respuesta del Gobierno a las declaraciones del relator especial de la ONU, Philip Alston, que dijo que las condiciones de los trabajadores eventuales del campo de Huelva eran peores que las de un campo de refugiados. “El Gobierno va a realizar las modificaciones necesarias para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en estos asentamientos”, recogía la nota de Trabajo. Una medida que en la práctica solo serviría para reforzar el control sobre los centros de trabajo que incluyen las viviendas que se les facilitan a los trabajadores.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, continúa con sus reuniones con asociaciones agrarias y empresas distribuidoras —este viernes estaba citada Mercadona—. Y planea cambios “inminentes” en la Ley de la Cadena Alimentaria para limitar la venta a pérdidas e incluso publicar las sanciones a los distribuidores. También ha propuesto dotar de más fondos a los seguros agrarios o vigilar más de cerca los precios en origen. El campo considera insuficientes los compromisos hasta ahora y exige que participen más ministerios en las próximas reuniones.