La Audiencia condena al antiguo jefe del Banco de Valencia y obliga a indemnizar al FROB con 94 millones

Nueva condena a los antiguos gestores de Banco de Valencia, la entidad intervenida por el Banco de España en 2011 a la que el FROB tuvo que inyectar inicialmente 1.000 millones. La Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, a un año y tres meses de prisión por un delito de administración desleal. Parra reconoció durante el juicio, celebrado entre noviembre y diciembre, que fue él quien autorizó la mayor operación crediticia que emprendió la entidad y que lo hizo sin análisis de viabilidad y manipulando los procedimientos internos. 

El juez considera a Parra responsable de conceder un crédito de 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa. La operación dejó en las cuentas de la entidad un agujero de casi 94 millones de euros que ahora el tribunal ordena abonar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que considera el principal perjudicado. Es la primera vez, según fuentes jurídicas, que la Audiencia Nacional cuantifica la cantidad en la que este organismo dependiente del Ministerio de Economía fue perjudicado, con independencia de si los préstamos fueron devueltos o no. 

De la indemnización deben responder también el empresario Bautista Soler, su hija Victoria y el marido de esta, Vicente Fons, como beneficiarios del préstamo. La Audiencia Nacional les condena a dos años de prisión como cooperadores necesarios de un delito continuado de administración desleal. También ha resultado condenado a nueve meses de cárcel Rafael Ruiz Jarabo, administrador único de una de las sociedades con las que se distribuyeron los créditos, como cómplice. El juez les absuelve del resto de delitos (apropiación indebida y falsedad documental) que les atribuían las acusaciones particulares.

Créditos para comprar acciones de Metrovacesa

La financiación inicial para adquirir acciones de Metrovacesa se solicitó en 2007, el mismo año en el que la familia Sanahuja, primer accionista de Metrovacesa, lanzó una opa (oferta pública de acciones) sobre el 100% del capital de la inmobiliaria para resolver el enfrentamiento con los socios Joaquín Rivero (fallecido) y Bautista Soler. Los créditos que Parra concedió a las empresas de Soler fueron refinanciados varias veces. El ex consejero delegado reconoció los hechos un día después de efectuar un ingreso de 100.000 euros en la cuenta del FROB, hecho que el fallo reconoce asegurando que "dada su situación económica actual, a la vista de los sucesivos embargos judiciales de sus bienes, supone un evidente esfuerzo".

La sentencia hace suyas las conclusiones del informe que hizo el Banco de España en 2012 (ratificado por los peritos que lo elaboraron durante el juicio) al afirmar que el Banco de Valencia asumió unos riesgos desproporcionados para la capacidad financiera y de gestión de la entidad. Estos préstamos, de los que se encargaba Parra directamente, se acordaron "al margen de los procedimientos y controles ordinarios de la entidad" y fueron "una causa relevante para la situación de insolvencia" que dio lugar a la resolución bancaria y finalmente a la venta de la entidad a CaixaBank por un euro. El FROB acabó inyectando otros 4.500 millones de euros. 

Parra fue el principal responsable de esas operaciones ruinosas, según la sentencia: "Solo existía una persona que podía, aunque no debía, autorizar la ejecución de operaciones antes de que fueran aprobadas por los preceptivos órganos del banco". El importe concedido al grupo Soler (312 millones de euros) pretendía facilitarle la financiación de la compra del 2,4% de las acciones de Metrovacesa. La operación carecía de las garantías necesarias, según el informe de los inspectores del Banco de España, que llegan a definirla "como poner todos los huevos en una misma cesta".

Las operaciones con los Soler "van mucho más allá un negocio de riesgos atípicos", prosigue la sentencia, que califica de "particularmente grave" una operativa que, junto a otras no enjuiciadas, "han llevado a que Banco de Valencia tuviera que ser intervenido para evitar males mayores". 

El tribunal asegura que la devolución de una pequeña parte de los préstamos no afecta al importe total de la indemnización que tienen que pagar los ahora condenados. Esta es la línea que defendió durante el juicio el letrado que representaba al FROB, Carlos Gómez-Jara. El FROB, argumenta la sentencia, no puede reclamar nada (de las pequeñas cantidades devueltas) a CaixaBank, pero sí a los acusados. El perjuicio económico que asumió "materialmente es irrecuperable", añade. 

Parra será juzgado también en la Audiencia Nacional por presunta falsedad contable junto al expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas. Parra fue condenado en abril pasado a cuatro años de prisión por un delito continuado de administración desleal en varias macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad que causaron un perjuicio de 198 millones de euros. En febrero del año pasado la Audiencia Nacional también condenó a Parra a un año y siete meses de cárcel por un delito continuado de administración desleal por haber actuado contra los intereses de la entidad al conceder un préstamo a una empresa con la que él mismo y su mujer, ya fallecida, tenían relación.

El FROB se ha personado como perjudicado en 11 procedimientos judiciales en curso en los juzgados de la Audiencia Nacional para “recuperar los importes destinados al proceso de resolución” de Banco de Valencia.