Anticorrupción pide cuatro años y medio para Olivas y Parra por la caída del Banco de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción pide entre dos años y medio y cuatro años y medio de prisión para la antigua cúpula del Banco de Valencia, caja de ahorros que fue intervenida por el Banco de España al descubrir un agujero de 600 millones de euros en noviembre de 2011. Los máximos responsables, José Luis Olivas, expresidente, y Domingo Parra, exconsejero delegado, se enfrentan a la mayor solicitud de pena: cuatro años y medio por un delito de falsedad contable cometido presuntamente entre 2009 y 2010.

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El escrito de acusación de los fiscales relata cómo la entidad cambió su forma de operar desde el negocio bancario tradicional al ejercicio mercantil de las cajas de ahorros cuando Olivas llegó a la presidencia: inició una “política crediticia muy expansiva y marcadamente centrada en el mercado inmobiliario”. Esto aumentó sus cifras de negocios, muy superiores a las del sector. La nueva política de los gestores hizo que la entidad asumiera “un elevado grado de exposición al sector inmobiliario [...] con incumplimiento sistemático de las buenas y prudentes prácticas que deberían de regir la sociedad”, añaden los fiscales Carmen Launa y Alejandro Cabaleiro. Las políticas de crédito se caracterizaban “por su escasa prudencia y elevado riesgo”, insisten.

Cuentas maquilladas

Según ese relato, la morosidad provocó malos resultados en el ejercicio 2009, que la cúpula decidió ocultar para no alertar al mercado de la situación real. Las cuentas anuales de 2009 y 2010 “no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria” porque se hicieron ajustes contables que pretendían “maquillar” los resultados. Entre otras cosas, se aprobaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios, no se realizaron provisiones por dotaciones pese a tener clientes que estaban en situación de concurso y se siguieron autorizando “operaciones de gran complejidad y riesgo”.

La Fiscalía señala que pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en connivencia - en ocasiones- con directivos y empleados.

Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otros 11 consejeros y gestores y al socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.

Algunas de las operaciones de esa época ya han sido objeto de instrucción judicial o incluso han sido juzgadas ya por delitos de administración desleal. Parra ya ha sido condenado por dos de ellas que causaron perjuicios millonarios a la entidad: por conceder un préstamo a una empresacon la que tenía vínculos y por dar préstamos a varias macrooperaciones urbanísticas ruinosas que causaron un perjuicio de 198 millones de euros.