Los impagos de empresas estatales ponen a prueba la fortaleza china
La incapacidad de cinco grandes compañías públicas de cumplir con sus compromisos financieros hace saltar las alarmas
Los impagos son un juego peligroso. La caída de una ficha de dominó, por pequeña que resulte, puede iniciar una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. La memoria todavía está fresca. El estallido de las hipotecas basura en 2007 provocó el mayor impago privado de la historia: 600.000 millones de dólares (496.000 millones de euros) a nombre de Lehman Brothers, firma que en su derrumbe arrastró al mundo entero a una crisis financiera global de la que muy pocos países escaparon. Uno de ellos fue China, cuya economía quedó blindada gracias a su relativo aislamiento y a un robusto programa de estímulos. Ahora, las alarmas del gigante asiático han saltado ante la amenaza de una hipotética crisis de crédito.
Hasta cinco grandes empresas estatales han entrado en sucesivos impagos a lo largo de las últimas semanas. La más reciente ha sido Jizhong Energy Group, propiedad de Minmetals International Trust y a su vez del Gobierno de la provincia de Hebei, que a finales de noviembre anunció su incapacidad para cumplir con los plazos en la devolución de un préstamo por valor de 500 millones de yuanes (unos 62 millones de euros).
La lista cada vez es más larga y preocupante. Diez grupos no han podido saldar deudas por un valor total de 54.000 millones de yuanes (6.800 millones de euros) en 2020; o lo que es lo mismo: un tercio de los impagos acumulados durante el último lustro se concentran en este ejercicio. Esta tendencia incide en el riesgo que representan estos enormes organismos que desempeñan un papel central, a caballo entre lo económico y lo político, en el modelo productivo del país.
El caso de Huachen Automotive ilustra de manera apropiada la raíz del problema. Esta firma, controlada por el Gobierno provincial de Liaoning y que cuenta entre sus filiales con el socio operativo de BMW en China, fue una de las primeras en incumplir sus compromisos crediticios, en este caso 1.000 millones de yuanes (126 millones de euros) el pasado mes de octubre. Huachen acumula pagarés por valor de 33.500 millones de yuanes (4.200 millones de euros). Entre sus apoyos se cuentan dos de los cuatro grandes bancos estatales, el Banco de Construcción de China y el Banco Industrial y Comercial de China, que han prestado a la automotriz 2.000 millones (252 millones de euros) y 642 millones de yuanes (81 millones) respectivamente. “Trabajamos con Huachen porque es la mayor empresa de propiedad estatal en Liaoning y el gobierno local no puede permitirse que caiga”, declaraba al Financial Times un representante anónimo de una de sus entidades acreedoras.
Una de las principales distorsiones de la economía china reside en los préstamos que las empresas de propiedad estatal reciben a precios artificialmente bajos, lo que afecta a la distribución de recursos en todo el sistema. Esto responde al compromiso explícito –reflejado en la cita anterior– de que el gobierno siempre acudirá en auxilio de aquellas entidades públicas en apuros, un cálculo que desequilibra el mercado. En años recientes, no obstante, las autoridades han iniciado una campaña con el propósito de que los riesgos recaigan en mayor medida sobre los inversores, retirando la red estatal que les salvaguarda.
Esta reforma estructural, aunque beneficiosa a largo plazo, no puede llevarse a cabo sin cierta fricción a corto. El contexto económico global invita al conservadurismo: China es la única economía avanzada que crecerá en 2020 a causa de la pandemia, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Pero no todo es de color de rosa. Los beneficios industriales y las ventas al por menor siguen en territorio negativo con respecto a un año atrás y la evolución del índice de precios al consumo apunta a la deflación. Y lo más importante, el endeudamiento: en el tercer trimestre China creció un 4,9% con el crédito pendiente saltando un 13,5%, lo que elevó la deuda a niveles máximos cercanos al 333% con respecto al PIB, un marcado aumento frente al 300% con el que cerró 2019.
Por este motivo se esperaba con expectación la respuesta del gobierno ante la oleada de impagos, para comprobar cómo pondera la contradictoria relación entre estabilidad y reforma, corto y largo plazo. El mensaje fue claro. Tras celebrar una reunión el pasado 23 de noviembre presidida por el viceprimer ministro Liu He, mano derecha de Xi Jinping en materia económica, el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, máximo organismo regulador, se comprometió a investigar a las firmas en cuestión y a mantener una política de “tolerancia cero” con malas prácticas, después de que saliera a la luz que algunas de ellas podrían haber entrado en impago de manera intencionada para evitar pagar parte de sus deudas.
La llamativa falta de apoyo evidencia que la Administración confía en la capacidad del sistema de absorber sus fallos. “Esta serie de impagos no afectarán a la economía porque el ciclo todavía está controlado por las autoridades”, apunta Alicia García Herrero, economista jefe para Asia de Natixis. “Los casos que hemos visto hasta ahora básicamente son señales de aviso para reducir el riesgo sistémico. El objetivo es asustar a aquellos que han asumido demasiados riesgos, ya sean corporaciones o instituciones financieras”.
El aviso puede haber funcionado. La última de las empresas en entrar en impago, Jizhong Energy Group, se ha afanado para no seguir los pasos de sus predecesoras. El mismo día en que anunció no poder cumplir con su compromiso crediticio, logró recaudar 3.000 millones de yuanes (378 millones de euros) para anticiparse al vencimiento de otros dos.
Según filtraron fuentes cercanas a la operación al medio especializado Caixin, estos fondos provendrían de aseguradoras. Otras, en cambio, apuntan que el origen real son entidades bancarias de la provincia, en una operación coordinada en la sombra por el gobierno; lo que vendría a demostrar que, en realidad, nada ha cambiado. Sea como fuere, la operación permitió detener la cadena de deudas sin pagar y enviar el mensaje, aunque fuera de cara a la galería, de que el Estado no siempre va a estar ahí. En ocasiones, hay errores para los que basta escarmentar en carne ajena.
