Vigile con quién comercia

De un tiempo a esta parte, las empresas que intervienen en las transacciones internacionales se han familiarizado con las medidas restrictivas, también conocidas como sanciones internacionales. De hecho, su análisis forma parte ya de la lex artis en el asesoramiento legal de este tipo de operaciones. La Unión Europea es un actor especialmente activo en la materia. Esta misma semana Bruselas dio un paso más en esa línea con la aprobación de un régimen dirigido a hacer frente a las violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo. La adopción de esta iniciativa, que sigue el ejemplo de Estados Unidos y de Reino Unido, se ha acelerado tras la reciente crisis en Bielorrusia, así como el supuesto intento de envenenamiento del opositor ruso Navalny que conmocionó a la opinión pública internacional.

En el marco de este novedoso régimen, la Unión identificará a personas entidades u organismos que sean responsables de violaciones graves de los derechos humanos, que apoyen tales actos o que estén implicados en ellos de cualquier otro modo. En particular, será el Consejo el que establecerá y modificará por unanimidad la lista de sujetos identificados. Ese es justamente uno de los obstáculos a la eficacia de la norma, ya que no todos los Estados miembros comparten la misma sensibilidad cuando se trata de analizar actos generalizados de violaciones de derechos humanos.

En cualquier caso, a los sujetos listados les serán de aplicación medidas restrictivas que van desde la prohibición de entrada y tránsito por el territorio de los Estados miembros hasta la inmovilización de sus fondos y recursos económicos. También se prohíbe poner fondos o recursos económicos a disposición de los sujetos listados por lo que cualquier operación de comercio internacional está potencialmente sujeta a este régimen.

Así pues, cada operador económico deberá, en su esfera de actividad, proceder a inmovilizar fondos y recursos económicos de los sujetos listados, así como abstenerse de entablar relaciones comerciales con ellos. De no hacerlo incumplirá el régimen europeo y, con ello, se expondrá a ser sancionado. En el caso de España esa conducta podría dar lugar a elevadísimas sanciones económicas e, incluso, podría conllevar la revocación de la autorización para operar.

Con ello la Unión Europea da un paso de gigante en la protección de los derechos humanos tratando de asfixiar económicamente a los sujetos que los vulneran. Pero lo hace mediante una opción que requiere de la (obligatoria) colaboración de todos los operadores involucrados en el comercio internacional. En definitiva, vigile con quién comercia: los derechos humanos (y sus intereses) están en juego.

Daniel Sarmiento y Xavier Codina García-Andrade son abogados de Uría Menéndez