Decir de dónde viene la leche frena las importaciones

El Ministerio de Agricultura prorrogará dos años la exigencia de que figure el origen de la leche y de los productos derivados en las etiquetas, según un proyecto de real decreto del departamento. Esta decisión se basa en los resultados de las consultas celebradas en los últimos meses entre ganaderos, industrias, distribución y consumidores. Tanto ganaderos como consumidores se han manifestado mayoritariamente por el mantenimiento de esa exigencia y Agricultura entiende que supone una mayor transparencia en la información alimentaria.

Para Román Santalla, responsable del sector de la leche en UPA y ganadero gallego, el etiquetado de origen en la leche fue un triunfo de las organizaciones agrarias y los consumidores. Entiende que los consumidores se han acercado más a los productos de origen español, línea que se ha incrementado con la actual crisis. Santalla señala que con esa exigencia se ha eliminado la entrada de leche envasada, especialmente francesa, en la gran distribución de capital galo y se ha reducido a mínimos la entrada de leche a granel. El reto ahora es reducir la entrada de quesos cuyo volumen sigue siendo alto por los bajos precios.

Una norma de 2011

La regulación sobre el origen en el etiquetado alimentario se contempla en un reglamento comunitario de 2011. En el mismo se considera que su aplicación es voluntaria para cada Estado miembro. Sin embargo un país lo puede hacer obligatorio si estima que indicar el origen conlleva asignar determinadas calidades o características específicas al producto de importancia para los consumidores o si su omisión pudiera inducir a error al consumidor.

En base a esa disposición fueron varios los países que optaron por exigir el etiquetado de origen en diferentes productos, como la leche en Francia, Grecia, Italia o Portugal; las carnes en Francia o las pastas en Italia. España decidió su aplicación en septiembre de 2018 para su entrada en vigor el 22 de enero de 2019 por un periodo de dos años con carácter experimenta. La decisión de Agricultura contó con las reservas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, desde donde se entendía que ello podría suponer romper los mercados creando desigualdad entre los operadores.

La nueva disposición, en función del origen de la leche, señala la exigencia de etiquetar como país o países de la UE si es comunitaria, de fuera de la UE si es de un tercer país y solo “España” si la leche ha sido solamente ordeñada y transformada en España. La misma exigencia se aplicaría a un producto que contuviera más de un 50% de leche en su composición. Esta medida suponía un paso más en la línea de la Administración agraria de tratar de impulsar la compra de leche nacional con la implantación del sello PLS (Producto Lácteo Sostenibles) en los envases que solo tuvieran materia prima de origen español y que no dio los frutos esperados.

Desde la aplicación de esta disposición, a pesar además de las campañas de la interprofesional alentando el consumo, no se ha registrado un repunte en la demanda, pero sí un freno de las importaciones y una mayor cuota para la leche nacional en el mercado. Los datos manejados por la Federación de Industrias Lácteas señalan que ahora se consumen unos 70 litros por persona y año frente a los 80 de hace una década, aunque ha aumentado la demanda de postres, yogures y otros derivados lácteos. Sin embargo, la demanda de leche se ha cubierto con más materia prima origen nacional donde la producción pasó de menos de siete a 7,4 millones de toneladas, mientras las importaciones caían de 600.000 toneladas en 2010 a solo unas 120.000 toneladas en 2019.