El Gobierno reduce trámites y plazos para los proyectos financiados con fondos de la UE

El Gobierno de coalición ultima el decreto con el que marcará la gestión y la gobernanza de los 140.000 millones de los fondos que llegarán de la UE para la recuperación. La clave de bóveda sobre la que gira el decreto que se presentará próximamente es agilizar la tramitación de los proyectos que opten a las ayudas europeas. También se recoge la posibilidad de transferir los remanentes que no gaste cada departamento para que se puedan utilizar en otra área. Y podrá adelantar el 50% de los pagos para impulsar los proyectos.

El gran miedo del Ejecutivo es que haya una parte de los fondos europeos que se vaya por el sumidero de la burocracia. De hecho, en el documento se habla en varios puntos de “revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública”. Por eso trata de marcar un cambio radical en los procesos administrativos que le permita absorber el máximo posible de las ayudas.

“Todos los contratos financiados con los fondos percibidos por el Reino de España en el marco del plan de recuperación les será de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento”, asegura el texto preliminar. Para conseguirlo, por ejemplo, se elevarán los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, lo que permitirá el acceso de más empresas por esta vía. Y también se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva para las que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas.

Entre los cambios más destacados que introducirá el decreto está la reducción del plazo de evaluación: se da cinco días hábiles para el análisis. “El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro”, remarca el texto. Una celeridad que se hará en detrimento de un examen más exhaustivo, aunque el borrador defiende que no será así: “Se ha buscado dotar a su tramitación de una mayor agilidad, eliminando aquellas diligencias que no suponen una merma de los mecanismos de control de los convenios, singularmente las autorizaciones por el Consejo de Ministros, se han reducido los plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos, y se ha determinado su eficacia desde la prestación del consentimiento de las partes”.

El borrador recoge asimismo un artículo dedicado a la tramitación urgente. En el mismo, que todavía es susceptible a ser modificado, se recoge que todos los cambios normativos quedan vinculados a la situación actual. “Todas estas medidas, que tienen un carácter excepcional, se ciñen exclusivamente, como no puede ser de otra manera, a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, matiza el documento.

Fuentes jurídicas consultadas sobre la reducción de filtros en el proceso explican que al menos en parte sí se pone en riesgo la revisión previa de garantías: “Si existen esos pasos con esos tiempos es por algo”. Pese a ello, consideran que se habrá impuesto un atajo solo en los trámites en que la norma lo permite. “Tienen que estar plenamente seguros de que no infringirán las directivas de contratación y concesiones”, sostienen.

Uso de remanentes

El Gobierno, asimismo, trata de anticipar una posible pérdida de activos por los remanentes que queden sin usar en cada departamento y permitirá las transferencias de esos créditos y su uso en otro ejercicio. Esto es, si no llegan proyectos para utilizar por completo la cantidad presupuestada en un área del Gobierno o para las comunidades autónomas (gestionarán la mitad de las ayudas) se podrá destinar a otra que cuente con proyectos suficientes para absorber una cuantía superior a la destinada inicialmente.

“El Gobierno podrá acordar las transferencias de los citados créditos entre secciones en orden a garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, subraya el borrador. Esta competencia corresponderá al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

En el caso de los proyectos que accedan a los fondos, se incluye la posibilidad de que reciban parte del dinero por adelantado. “Se prevé también la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta el límite del 50% de la cantidad total a percibir”. Un porcentaje que podría aumentar hasta el 90% de la anualidad en el caso de los proyectos que se consideren estratégicos para la economía española, los denominados Perte, que se declararán mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. En un plazo de tres meses se habilitará un registro estatal —dependiente del Ministerio de Industria— al que tendrán que acudir las entidades interesadas en los proyectos escogidos.

Las sociedades que se incluyan en esta lista tendrán ventajas competitivas. “Será considerada preferente para la colaboración con todas las Administraciones públicas en relación con el desarrollo de ese proyecto, participando de forma activa en el desarrollo de la estrategia, tanto a nivel nacional como europeo”, añade el texto. Así, se prevé que sean muchas las compañías que acudan a este registro, ya que les permitirá recibir por adelantado un porcentaje mayor de la cuantía y sortear algunos trámites para la concesión de las ayudas vinculadas al proyecto en el que estén suscritas.

Avalancha de peticiones

El Gobierno es consciente asimismo de la avalancha que se le viene encima. Serán muchas las peticiones que llegarán a los buzones abiertos en los diferentes ministerios. El decreto que ultima la vicepresidencia que dirige Carmen Calvo da el plazo de un mes desde su entrada en vigor para elaborar la planificación estratégica. Por ello, según fuentes gubernamentales, se aprobará próximamente, sobre todo si quiere que esté operativo a inicios de 2021 para que lleguen cuanto antes las primeras ayudas.

Ante este número importante de solicitudes que se espera recibir, el documento recoge la posibilidad de ampliar el personal público. “El Ministerio de Política Territorial y Función Pública priorizará las necesidades de los departamentos ministeriales y organismos públicos encargados de la gestión de fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al asignar puestos de nuevo ingreso provenientes de la oferta de empleo público”, sostiene el texto. A lo que añade: “Podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada”.