José Luis Escrivá, sobre la prórroga de los ERTE: “Habrá disponibilidad para lo que sea necesario”

Una vez el Congreso apruebe definitivamente las recomendaciones del Pacto de Toledo, algo que pasará en los próximos días, llegará el momento de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (59 años, Albacete) detalle sus propuestas para reformar las pensiones. Tiene pensadas las líneas básicas desde su etapa como presidente de la Autoridad Fiscal. Avanza que en los Presupuestos —que defiende de las críticas del Banco de España, donde él empezó su carrera profesional— ya se esbozan intenciones. Será la segunda gran reforma que tendrá que sacar adelante después del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que no está exenta de dificultades en su arranque.

Recibe a EL PAÍS el miércoles por la tarde, pocas horas después de cerrarse los colegios electorales en Estados Unidos. Como fan de la política en ese país —ha pasado la noche en vela siguiendo los recuentos—, está seguro de que Joe Biden se hará con la presidencia, como así ha sido. Con la misma confianza, se muestra convencido de que el diseño de los ERTE —no solo la medida en sí— ha sido clave para evitar males mayores en el mercado laboral durante la pandemia.

Pregunta. En los datos de octubre se ve que el empleo resiste gracias a los ERTE, pero las previsiones apuntan a que en los próximos meses subirá el paro.

Respuesta. La economía está respondiendo de forma dual a la crisis. Hay sectores que llevan parados desde el verano, que siguen en ERTE. Y hay sectores que se van incorporando, que se van recuperando. De no haber diseñado bien los ERTE y haber dificultado que se acogieran las empresas y sus trabajadores a los esquemas de protección, los resultados negativos tendrían que haberse reflejado ya en octubre en un problema de desempleo que no se ha producido.

P. ¿Ha llegado el momento de ser más selectivo con los ERTE y las ayudas?

R. El nivel de selección es alto. Tenemos probablemente el esquema más selectivo de Europa. En la negociación colectiva es lógico y legítimo que los empresarios quieran generalizar más las ayudas, probablemente por el modelo de gobernanza interna. Pero nosotros tenemos que defender, con la restricción presupuestaria que tenemos, que hay que ser lo más quirúrgico posible y proteger intensamente a los sectores claramente afectados. Si no actuamos así, podríamos diluir más el esfuerzo entre los distintos sectores y terminaríamos no siendo suficientemente contundentes para proteger a los que lo necesitan.

P. ¿Entonces concluye que están funcionando?

R. El altísimo nivel de recuperación hasta octubre es una muestra de que este enfoque era correcto. Hay cadenas hoteleras, agencias de viaje, empresas de transporte, de ocio nocturno, todas esas actividades están paradas y ese es el grueso de sectores a los que hemos dirigido las ayudas. El resto serán empresas que ahora, con las nuevas restricciones, podrán acogerse a nuevas situaciones, que han sufrido limitaciones de su actividad por alguna vía, y aún no disponemos de datos para conocer la dimensión del problema.

P. ¿Sigue pensando que la política de mantenimiento de rentas debe ser tan ambiciosa?

R. Hemos puesto en marcha un esquema de protección hasta enero y hasta entonces iremos evaluando la situación con datos, también en el diálogo social, y valoraremos las decisiones a adoptar. Uno de los problemas que tenemos es la demanda internacional, que afecta al sector turístico y que requiere que esta situación se reactive a nivel europeo. Mientras, vamos a acompañar a las empresas solventes durante el proceso. Así tiene que ser la respuesta de política económica en una perturbación de esta naturaleza.

P. En los Presupuestos no hay partida para los ERTE, ¿está prevista la prórroga?

R. Obviamente, en un contexto en el que no hay reglas fiscales y en una situación como esta, estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para lograr la protección de rentas y de tejido productivo. Y eso es algo muy difícil de anticipar en unos presupuestos. No obstante, la normativa presupuestaria contempla estas eventualidades y permite hacer frente a gastos que pudieran surgir.

P. ¿Contamos con que sí?

R. Hay que contar con que sí. En enero volveremos a reevaluar la situación como hemos hecho hasta ahora. Cualquier ejercicio de anticipación de medidas de este tipo tiene un carácter tan tentativo que es preferible consignar lo que está claro y luego tener disponibilidad para abordar lo que sea necesario.

P. El gobernador del Banco de España calificó los presupuestos como muy “optimistas” y criticó la subida de funcionarios y subida de las pensiones. ¿Qué opina?

R. Hay que mirar el mix de políticas, la combinación de políticas monetaria y fiscal. Efectivamente hay un reto de consolidación fiscal en España. Tenemos que afrontarlo en el medio plazo, aunque ese no debe ser el enfoque dominante en este momento. Pero el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios y las pensiones son mecanismos perfectamente habituales en momentos como este.

P. ¿En qué consiste el fondo público de pensiones que recogen los Presupuestos?

R. En España tenemos un problema con el ahorro a largo plazo, la mayoría se termina canalizando a través de planes individuales. Y los beneficios fiscales que tienen estos productos son regresivos, como ha demostrado la Autoridad Fiscal [Airef]. Tampoco cumple el objetivo último de aumentar el ahorro a largo plazo, según ese informe que también revela las comisiones altísimas, que se compadece mal en comparación con los planes de empleo [de ahorro colectivo]. Por ello, hemos diseñado medidas dirigidas a propiciar el desplazamiento hacia esos planes colectivos. El problema que tenemos es que estos planes suelen requerir que exista una empresa de cierta dimensión. Y hay autónomos o pymes, o incluso funcionarios, para los que no existe una oferta atractiva de plan colectivo. Lo que hacemos es patrocinar públicamente un fondo para dar la posibilidad de canalizar el ahorro a sectores y personas que no tienen esa posibilidad. Además sirve para introducir competencia en un sector donde da la sensación de que en cierto nivel no existe, presionando a la baja, también, las comisiones de los planes individuales.

P. Todas las pensiones públicas suman un gasto de 160.000 millones, casi el 40% de los Presupuestos. ¿Es sostenible?

R. Ahora gastamos un 12% del PIB en pensiones, algo por debajo de la media europea. A largo plazo, 25 años, y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, este gasto subirá entre tres y cuatro puntos de PIB. Es un nivel de gasto importante, pero pensamos que con las recomendaciones del Pacto de Toledo lo contendremos de forma sustancial, incidiendo sobre elementos donde España tiene margen de mejora, por ejemplo, en algún tipo de jubilaciones anticipadas voluntarias. Además, los incentivos a la jubilación demorada están mal diseñados y tenemos posibilidades de ofrecer opciones más atractivas para quien quiera permanecer en el mercado de trabajo más allá de la edad de jubilación. Con todo esto, creemos que de ese aumento de gasto previsto, podemos resolver al menos dos puntos. Aprovechando la reforma de 2011 podemos mejorar el sistema. Hay que poner en valor el esfuerzo que hizo la sociedad española entonces. Parece que se nos ha olvidado la reforma de 2011.

P. El Pacto de Toledo ha concretado las medidas sin coste político, y les dejan a ustedes la decisión de adoptar ajustes.

R. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son de carácter general, como siempre lo han sido, y son unas recomendaciones del Parlamento acordadas con una amplísima mayoría. El Congreso tiene que refrendarlas, espero que con amplía mayoría. Cuando nosotros impulsemos la legislación a partir de esas recomendaciones, veremos que es un marco suficiente para poder transmitir la confianza de que el sistema es sostenible, suficiente y sólido. Es verdad que hay que hacer ajustes y hay que ver qué teclas tocar, pero creo que cuando lleguen nuestras medidas veremos que se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

P. Traspasar gastos de la Seguridad Social al Estado no resuelve el problema.

R. Es evidente que con esto no vamos a solucionar el problema agregado de déficit público. Pero es importante contabilizarlo y registrarlo donde tiene que estar. Desde el punto de vista de la transparencia de las políticas públicas y en la medida en que responde a medidas de política social, es importante que estas partidas [prestaciones por paternidad y maternidad, descuentos en cotizaciones...] se manifiesten donde están las palancas de gestión adecuada.

P. Otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo es mantener el poder adquisitivo vinculado al IPC. ¿Debe evaluarse y actualizarse cada año o en un periodo más amplio?

R. Lo importante es el mantenimiento del poder adquisitivo con el IPC. Cómo lo evalúas todavía no lo tenemos decidido, pero puede que no sea necesariamente el año, puede que sean ventanas de tiempo algo más largas o no. Es una opción abierta sobre la que aún tenemos que reflexionar antes de hacer una propuesta.

P. Y sobre la edad legal de jubilación, ¿no será necesario subirla hacia los 70 años?

R. No. Tendría que ser suficiente con los incentivos, si están bien definidos y se publicitan bien. Pensamos que con el aumento de la esperanza y la calidad de vida y el cambio en las condiciones de trabajo habrá más personas que voluntariamente querrán trabajar más años. Además, tenemos tiempo para ensayar y ver cómo funciona.

P. ¿Se plantean dar un cheque a quien se retire más tarde de su edad legal?

R. Es una de las opciones que manejamos, primero tenemos que pensarla y presentarla en los ámbitos adecuados. Hemos visto en encuestas y diseños que hemos hecho para analizar el comportamiento económico de la sociedad que estas cosas funcionan, pero aún no hemos tomado una decisión al respecto.

P. ¿Descarta restringir más la jubilación anticipada?

R. La [modalidad] voluntaria está mal diseñada. Es muy regresiva. Y después tenemos las jubilaciones asociadas a la negociación colectiva. Hay que hablarlo con los agentes sociales, pero no es razonable que en las reestructuraciones empresariales los costes se desplacen a la Seguridad Social.

P. Ahí hay muchos trabajadores mayores de 50 años con gran riesgo de empobrecimiento.

R. Absolutamente, por eso hay que reforzar políticas para que nadie se quede atrás. La solución fácil es la jubilación anticipada sin explorar políticas activas, subsidios de salarios… debe ser la última instancia. Es importante decir las dos cosas: por una parte, tenemos un problema de reestructuración empresarial, y el cambio tecnológico y la globalización tendrán un impacto sobre determinados colectivos, y, por otro, tenemos que estar mucho más preparados para acompañarles. La gente quiere seguir trabajando y la primera opción tiene que establecer mecanismos para permitir que sigan activos.

P. ¿Ha resuelto la polémica con el vicepresidente Pablo Iglesias por el ingreso mínimo vital (IMV)?

R. Hasta ahora hemos hecho dos modificaciones en el IMV para eliminar rigideces en el desarrollo de esta prestación, que no es fácil. Y en todo ese proceso, que ha sido sustantivo, no hemos tenido ninguna dificultad en el Gobierno para sacarlo adelante. Ahora estamos en el trámite legislativo y estamos recibiendo peticiones de organizaciones sociales y grupos políticos. Y en esta etapa que tiene que ver con el proceso parlamentario es donde han surgido estos elementos.

P. ¿Y no cree que un problema puede ser que el perfil de la Administración de la Seguridad Social y su experiencia no encaja con el perfil del beneficiario del IMV?

R. Antes del IMV, había redes últimas de protección de rentas ante situaciones de máxima vulnerabilidad en comunidades y en Ayuntamientos que no han funcionado del todo bien, al menos en algunos lugares. La Comisión Europea nos lo dice sistemáticamente desde 2014 porque necesitábamos tener un sistema diferente, que armonizara la heterogeneidad de rentas en el territorio y diera a todas las personas las mismas oportunidades.

P. Se creó la expectativa de llegar a 850.000 familias y estamos entre 100.000 y 200.000.

R. Esta es una medida estructural y estamos aquí para hacerlo bien porque es una medida que será duradera. Si no lo hacemos con los más altos estándares internacionales, no estaremos trabajando para que esta sea la red de protección social universal. Esto ha ocurrido en medio de una pandemia y hemos tenido que acelerar y, aunque sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad dramáticas que atender, hay canales alternativos para abordarlas en Ayuntamientos y comunidades a los que les hemos dado fondos para eso… No obstante, los tiempos en los que lleguemos a nuestro objetivo serán mucho más rápidos que cualquier otra Administración que haya desplegado una renta mínima en España. Ese es mi compromiso.

P. ¿Cuánto tiempo?

R. En septiembre hicimos una evaluación y vimos que había algunas palancas que podíamos cambiar para agilizar los trámites. Vamos a hacer otra en enero. Me preocupa mucho más no estar llegando a personas que tenían derecho al IMV y no lo han solicitado por desconocimiento o falta de recursos de todo tipo. Ese es el mayor reto en este tipo de prestaciones. De momento, tenemos que evaluar. El ir evaluando una política de manera continua es la mejor forma de aumentar al máximo su eficacia y hacer lo que tengamos que hacer para llegar a los objetivos.

P. Hay comunidades que quieren gestionar esta prestación.

R. Lo vamos a hablar con cada una. Estamos ya teniendo reuniones bilaterales. El objetivo es que la prestación sea realmente eficaz; que llegue pronto al ciudadano; que esté bien insertada con las rentas autonómicas. El quién gestiona no es lo relevante.

P. ¿Vamos a poder gestionar los fondos europeos y vamos a poder hacerlo a tiempo?

R. Es un reto y el Gobierno está volcado en desplegar mecanismos de agilidad. Creo se está haciendo todo lo que hay que hacer para que esto sea un éxito.

P. También vale para financiar reformas estructurales como la mochila austriaca.

R. No está entre lo que estamos preparando.