La hora de las reformas

Llega la hora de las reformas: pues urgen por sí mismas, y las reclama Europa. Para ser honestos, avanzamos. Estos 10 meses –cortos– de legislatura, y que además han coincidido con la pandemia y la brutal recesión, exhiben cosecha.

Se han emprendido tres reformas estructurales básicas, en lo sociolaboral: el masivo arranque de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el ingreso mínimo vital (IMV) y la reforma de las pensiones.

Y se han definido las bases para la revolución verde (el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030) y digital (Agenda Española Digital 2025).

Subrayemos el concepto “estructural”, del que se abusó en la Gran Recesión para edulcorar y encubrir meros recortes sociales.

Son las no coyunturales, las que no se evaporan al minuto como el abaratamiento o encarecimiento del despido o la cotización social, para lo que basta un silbido. Sino que permanecen en el tiempo, afectan a la esencia y continuidad de las relaciones económicas y exigen, para mantenerse, amplios consensos.

Lo es la promoción de los ERTE, adecuándolos a la situación cambiante, y el designio de macerarlos para convertirlos en un potente esquema de protección del empleo tipo kurzarbeit: por la vía de la reducción temporal del tiempo de trabajo, a costes compartidos entre empresa y sector público, a la alemana.

Lo es el IMV, pues combate una realidad creciente: la pobreza extrema. Y cuya creación nos venía siendo reclamada desde Bruselas. Era una de las escasas exigencias superconcretas de las country-specific recommendations del Consejo en el procedimiento del Semestre Europeo. Sin honrarlas, no habrá fondos.

Lo es el acuerdo de pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo: su plasmación presupuestaria alivia ya el inquietante déficit anual en 14.000 millones de euros (fueron 18.000 en 2018) que cuestan las pensiones de paterno/maternidad y las tarifas planas y demás subvenciones de la Seguridad Social a crear empleos.

Y cuyas medidas para acercar la edad de retiro real a la de jubilación legal, aún siendo muy prudentes, van en buena senda para aproximarla más a la esperanza de vida: hacia los 70 años, de los 84-85 años ya alcanzados.

Las reformas sustanciosas operan como la selección de cerezas en su cesto: una desencadena a la otra, los famosos spillovers. El IMV reclama la modernización administrativa para acelerar su desembolso a más del actual 10% de los elegibles. El pacto de pensiones aboca a otra vuelta de tuerca en la edad legal de jubilación.

Todo eso es cierto en las políticas públicas que dependen de la presupuestaria: multiplican su eficacia si se despliegan en paquetes, como con el keynesiano New Deal de Roosevelt. O en sentido inverso, con el Consenso de Washington privatizador y debelador del Estado de bienestar que animó a Reagan y a Thatcher.

En la monetaria lo dejó claro Mario Draghi, al propugnar “medidas deliberadamente diseñadas para funcionar como un paquete y facilitar un escenario fluido a través de canales complementarios” (Twenty years of the ECB’s monetary policy, 18/6/2019).