El Gobierno estudia ampliar la carencia de los créditos ICO para la hostelería

El Gobierno convocará a las comunidades autónomas para diseñar con ellas un plan de apoyo a la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones para hacer frente a la pandemia de covid-19. Entre las medidas que baraja el Gobierno está la de ampliar el periodo de carencia (el periodo desde que se recibe el dinero hasta que hay que empezar a devolverlo) de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanzados para dar apoyo financiero a las empresas afectadas por la pandemia. La flexibilización de las condiciones de estos préstamos ha sido una de las demandas del sector en estos meses, aunque visto el recrudecimiento de la segunda ola muchos ya piden ayudas directas, a fondo perdido.

En el marco de la XIV edición de los premios de Hostelería de España, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha dicho “consciente de la difícil situación” del sector, muy tocado por los meses de confinamiento y ahora abocado a más restricciones por la segunda ola. Por ello, ha considerado que “es imprescindible la colaboración, el acuerdo y los consensos para adoptar medidas que consoliden y aceleren su recuperación". En este sentido, ha anunciado que convocará una conferencia sectorial extraordinaria con las autonomías y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar un plan de apoyo al sector. Aunque la ministra no ha dado fechas, fuentes de su departamento han señalado que se celebrará lo antes posible, cuando se puedan cuadrar las agendas.

Entre las medidas que estudia el Ejecutivo, Maroto ha señalado que se está analizando ampliar los periodos de carencia y de amortización de los créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la actividad y atender los reembolsos previstos cuando se regrese a la normalidad. Actualmente, estos créditos, avalados por el ICO, tienen un periodo de carencia de un año y los hosteleros pedían que se ampliase al menos a dos, pues no prevén que a lo largo del año que viene hayan recuperado el negocio suficientemente como para comenzar a devolver los créditos. Fuentes del ministerio ha aclarado que esta medida tiene que ser consensuada con los departamentos de Economía y Hacienda.

La flexibilización de los créditos del ICO ya está en la agenda de los bancos, que son los que han prestado el dinero a las empresas y el martes lo pidió en el Congreso en bloque toda la oposición. El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, dijo el martes que los bancos, el Ministerio de Economía y el Tesoro están analizando la conveniencia de ampliar el periodo de carencia de los préstamos. "Estamos viendo si esto tiene sentido, si tiene sentido para todos o si para algunos sectores tendría sentido extenderles un año la carencia o el vencimiento”, dijo. Por su parte, los grupos de oposición en el Congreso (PP, Vox, ERC, Cs, Junts, PNV y UPN) han defendido ampliar el periodo de amortización de cinco a seis años, como se incluye en una iniciativa de los populares. Mario Garcés, del PP, acusó al Gobierno de no haber “dopado adecuadamente” a las empresas, lamentando la falta de beneficios fiscales y subvenciones directas, y exigiendo que, ante la ausencia de estas medidas, “al menos amplíen el período de carencia y vencimiento de préstamos”.

Ante el empeoramiento de la situación por la segunda ola de la pandemia, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, abogaba hace unos días por ayudas directas, a fondo perdido, sin añadir más deuda a unas tesorerías de los hosteleros que ya están al límite. Según sus cálculos, el sector ha perdido ya la mitad de la facturación del año, cifra que puede aumentar en lo que queda de año, abocando a muchos locales, hasta un tercio de los 260.000 bares y restaurantes que hay en España, a echar el cierre. Ya lo han hecho unos 65.000 y se teme perder hasta medio millón de empleos a final de año.

Maroto ha avanzado también la puesta en marcha de un plan en colaboración con otros ministerios, para formar a más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del sector turístico, especialmente de la hostelería, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Fundae), que se sumarán a los ERTE y las prestaciones para autónomos con que el Gobierno ha intentado aliviar la situación de los afectados por la pandemia. “La voluntad del Gobierno es que estas medidas permanezcan hasta cuando sea necesario porque se han mostrado eficaces, ya que permiten dar confianza y certidumbre mientras se controla la pandemia”, ha dicho la ministra.