Los hosteleros y empresarios del ocio suben la presión para lograr una bajada del alquiler en 240.000 establecimientos

Miles de empresas de hostelería y ocio están al límite. Llevan desde marzo capeando una caída de la actividad que, tras una breve tregua, se ha agravado con la nueva oleada del virus y la declaración del estado de alarma. Con menos clientela y horarios reducidos, muchos tienen que hacer frente cada mes a la misma renta de alquiler que antes de la alerta sanitaria. Los empresarios afectados ven prioritario lograr una reducción de sus alquileres y confían en que pronto lleguen soluciones a un problema que llevan denunciando ya más de medio año. Entre tanto, anuncian más movilizaciones para meter presión a las Administraciones. Tras el paso adelante de Cataluña, que ha obligado a bajar hasta un 50% las rentas de los locales cerrados por la pandemia, creen que no hay excusas. Al otro lado, el Gobierno estudia soluciones.

Hostelería de España calcula que el alquiler del local supone entre un 8% y un 12% de los gastos de funcionamiento de bares y restaurantes. El porcentaje sube en zonas de especial afluencia, donde las rentas son más caras. Con siete de cada diez establecimientos en régimen de arrendamiento, la patronal de los hosteleros calcula que hay más de 221.000 locales afectados por la epidemia en toda España. A estos se le suman unos 20.000 locales de ocio nocturno.

La propuesta de bajar un 50% las rentas supondría una descarga en costes de 4.000 millones anuales para el sector (calculado sobre un alquiler medio de 36.000 euros por local). “Somos conscientes de que no tenemos por qué derivar el impacto del 100% sobre los propietarios de los establecimientos, pero sí consideramos que es de justicia que, en un momento de impacto y cambio radical del mercado, haya una renegociación de los contratos”, señala Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.

Para Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, “el principal problema es que no se plantea un plan” que englobe las tres variables de las que depende la supervivencia de las empresas: ERTE (despidos temporales), créditos del ICO y alquileres. Y recuerda que para los locales nocturnos —“el único sector que tiene prohibida su actividad por imperativo legal”, dice— “el principal coste fijo es el alquiler”. Según un estudio elaborado por esa asociación de empresarios de ocio nocturno, nueve de cada diez establecimientos están cerrados y siete de cada diez declaran que no serán capaces de llegar a final de año. En total, calculan que el sector cuenta con 20.000 empresas en España, de las que menos de un 7% tienen el local en propiedad.

Un decreto del pasado abril obligó a grandes propietarios, empresas arrendadoras y administraciones públicas a aceptar una moratoria del pago de la renta de un máximo de cuatro meses. Para los representantes de ambas organizaciones empresariales, fue pan para hoy y hambre para mañana. El alcance era insuficiente y además desincentivó a los propietarios de locales, especialmente a aquellos que no se veían obligados por la ley, a renegociar las rentas conforme a la nueva situación del mercado. Algunos establecimientos, agobiados, han logrado en los tribunales, como medida cautelar en espera de una sentencia en firme, el derecho a una bajada de rentas en atención a la cláusula rebus sic stantibus, un principio de derecho romano que no se especifica en ningún lugar de la legislación española pero que se aplica ante un cambio sobrevenido de las condiciones en las que se firmó un contrato. De hecho, en la ley 3/2020 aprobada el 20 de septiembre de medidas procesales se incluyó una disposición adicional en la que el Gobierno se daba un margen de tres meses para presentar en el Congreso un análisis y un estudio sobre las “opciones legales” para incluir esa regla en los contratos.

El Gobierno estudia propuestas

Por más que esas medidas cautelares animen a algunos propietarios a negociar, restauradores y empresarios de ocio nocturno creen que la solución para miles de locales afectados no puede pasar por los tribunales. Por eso creen que es momento de dar un paso adelante en la línea en la que ya lo ha hecho Cataluña. El decreto que aprobó la Generalitat establece que después de un intento de negociación entre partes, si no se logra un acuerdo en un mes, las rentas deben reducirse hasta un 50%. Ese porcentaje se reduce en función de la afectación (reducciones de aforo o de horas de apertura) que las medidas para evitar la covid tengan sobre la recaudación. Pizcueta lo valora como una manera de forzar a los caseros a aceptar que tienen que sentarse a negociar y vaticina que lo que queda octubre y noviembre “van a ser meses de movilizaciones, de la misma manera que septiembre lo fue con los ERTE”.

Las conversaciones con instancias autonómicas y con el Gobierno central están en marcha. “Nos consta que le están dando vueltas y lo están estudiando, pero nos gustaría que fueran algo más eficaces”, señala Gallego, quien recuerda que “ha pasado el tiempo y los servicios jurídicos de las diferentes Administraciones tienen capacidad para apuntar soluciones que deberían estar ya sobre la mesa”. “Hemos solicitado se apruebe un plan de apoyo que incluya las rebajas de alquileres, e insistimos mucho con el hecho de que la medida pueda tener retroactividad”, señala Paula Nevado, secretaria general de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración. Fuentes de la Confederación Española de Comercio demandan que el Gobierno asuma tareas de mediador para instar a “ambas partes negociar y facilitar los acuerdos”, aunque no consideran la vía catalana como la adecuada porque la consideran “inconstitucional”.

Según explican diversas fuentes consultadas, ante la insistencia del sector y la grave situación por la que atraviesa el sector, el Gobierno decidió crear un grupo interministerial para consensuar una propuesta y trabajarla con las patronales afectadas. El Ministerio de Industria, a través de la secretaría de Estado de Turismo, sería el que lideraría la interlocución con los representantes del comercio. Las mismas fuentes explican que ya se ha producido algún intercambio de impresiones.

“Somos conscientes de la situación por la que está atravesando el sector de la hostelería y el Ministerio está valorando qué alternativas se podrían introducir para posibilitar que propietarios e inquilinos puedan renegociar sus contratos de alquiler en situaciones excepcionales como la provocada por la covid”, señala una portavoz del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Contrarios a la regulación

La solución no es sencilla porque, además, la reducción de rentas no tiene el apoyo de todo el sector del comercio por igual. La Confederación Española de Comercio, enclavada en la CEOE, está en contra de descuentos automatizados. Foment del Treball, la principal patronal catalana, ya se opuso a la medida de la Generalitat aprobada hace dos semanas pese a que el Gremio de Restauración de Barcelona la celebró y la tildó de “histórica”.

Tampoco es favorable la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), que agrupa a algunas de las mayores compañías dedicadas al arrendamiento de inmuebles. Un portavoz de la asociación pide que las soluciones que se adopten “respeten los mínimos principios de seguridad jurídica de los contratos en vigor”. Por ello, apuesta por “buscar en cada caso las soluciones negociadas que se adapten mejor a ayudar y paliar esta crisis” en una situación “compleja y delicada para todos”.