Tribuna
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Impuesto digital, por tierra mar y aire

Más pronto o más tarde, doblarán campanas por la elusión fiscal. El malestar ha llegado a los dirigentes políticos europeos

 El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.EFE

El aplazamiento hasta mitad de 2021 del impuesto internacional a las multinacionales digitales —entre otras— perjudica a España. Igual que Francia, ya decidió en su momento postergar la tasa para envolverla en un impuesto global diseñado por la OCDE.

Como otros países, pretendía rellenar ese agujero negro fiscal para compensar una pizca del exceso de endeudamiento generado por los estímulos contra la recesión. Por ahora no hay marcha atrás sobre el calendario previsto: diciembre, tras un eventual desplome del imperio Trump.

También daña a la UE, que ha previsto amortizar la factura de la emisión mancomunada destinada a financiar el plan de recuperación económica, con esa nueva figura... junto a otras como la tasa Tobin, el ajuste del carbono en frontera, la ampliación del sistema de comercio de emisiones a la navegación aérea y marítima.

La primera será una tasa sobre desechos de plástico, desde el 1 de enero próximo, como decidió la cumbre del 21 de julio. Y en ese primer semestre Bruselas debe presentar su propuesta para la tasa Google. Así que el retraso de la OCDE, espoleado por el obstruccionismo de Donald Trump, complica el calendario.

No es de recibo que este club, gestionado en general sensatamente por Angel Gurría, presione para que los que más han trabajado en ello sigan esperando al más lento del convoy. Huelgan las advertencias contra los daños de una eventual “carrera” de los países para implantar sus tasas digitales. La alternativa era haber hecho los deberes a tiempo.

En Europa el agujero fiscal digital es de escándalo, al combinarse con el rídiculo impuesto de sociedades de los semiparaísos fiscales: Irlanda (12,5%). Las grandes multinacionales de EE UU declaran en ese país el 47% de sus ganancias en Europa.

Claro que, más pronto o más tarde, doblarán campanas por la elusión fiscal —o sea, la evasión con cobertura legal— en el continente. Pues esa desfiscalización es, en relación con la presión sobre las empresas y personas físicas ordinarias, socialmente insostenible. El malestar antidiscriminatorio ha llegado a los dirigentes políticos.

Y empiezan a actuar por tierra, mar y aire: 1) Ursula von der Leyen se comprometió a relanzar la tasa Google europea si la OCDE no lo hacía este año: deberá cumplir. 2) La heroica comisaria de Competencia, la liberal Margrethe Vestager, acaba de anunciar un paquete más amplio para exigir conductas transparentes y responsables a las grandes plataformas. 3) La Comisión recurrió ante el TJUE la sentencia que liberó a Irlanda de recuperar 13.000 millones enjugados a Apple. 4) También explora el uso del artículo 116 del Tratado —un bazuka— contra los países de fiscalidad risible. Y 5) El Parlamento aprieta en favor del impuesto digital en las negociaciones de estos días sobre los “recursos propios” para financiar el plan de recuperación.